• VIERNES,  25 MAYO DE 2018

Editorial  |  16 mayo de 2018  |  08:57 AM

El alcalde no puede devolver la plata de valorización

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No nos dejemos influenciar por los mercantilistas de la política.

Está creciendo en Armenia una mentira, orquestada por personas que quieren convertir esa mentira en caballito de batalla de las próximas elecciones territoriales, para alcaldía, concejo, gobernación y asamblea. Le están diciendo a la gente que le exijan al alcalde (al que se va a designar) que devuelva los dineros de valorización a los ciudadanos que ya pagaron. O que el nuevo alcalde que se elija para el período 2020-2023, lo haga.

El principal argumento de esa mentira es otra mentira, que el alcalde de Pereira les devolvió a 27.000 contribuyentes, $23.000 millones que habían pagado de la valorización y consiguió la plata para las obras en los recursos propios del municipio. Esta es una verdad a medias, y las verdades a medias son mentiras. La decisión de devolver el dinero no fue del alcalde, sino de un juez, tras una demanda que tumbó el cobro de valorización en Pereira. Lo que hizo el alcalde Gallo fue acatar el fallo del juez y, como consecuencia, se vio obligado a conseguir el dinero de la devolución, en los recursos de ingresos corrientes del municipio.

Un alcalde, cualquiera que sea, no puede, a motu proprio, devolverle dinero proveniente de una contribución, al público, porque está impedido legal y constitucionalmente. De por medio hay un acuerdo del concejo municipal que ordenó el cobro y el alcalde no puede pasar por encima de dicho acuerdo. Para hacerlo tiene que mediar un fallo judicial que anule el acuerdo, lo que en Armenia no ha pasado, por el contrario, las demandas que se han hecho contra ese acto, no han prosperado, distinto a lo que sucedió en Pereira.

El otro recurso que puede utilizar el alcalde es presentar un proyecto de acuerdo por medio del cual se derogue el acuerdo que creó el cobro de valorización, lo que técnica y financieramente es casi un imposible, porque sería renunciar a pagar los créditos adquiridos con la banca nacional para la realización de las obras, lo que implica un incumplimiento a esas responsabilidades adquiridas. De actuar de esta manera, además irresponsable, metería al municipio en camisa de once varas. Y en esa camisa de ilegalidades también quedarían incluidos no solo el alcalde que lo haga, sino los concejales que aprueben el nuevo acuerdo.

En cambio, es pertinente seguir pensando en dos alternativas viables legal y constitucionalmente: primero, estudiar la propuesta de dar por terminados, unilateralmente, los contratos de las obras de valorización, tras el incumplimiento de los mismos por parte del contratista y ante la incapacidad de estos de seguir las obras por sus encartes judiciales; y segundo, reutilizar el nuevo empréstito por $70.000 millones para las obras que hacen falta ejecutar en el proyecto de valorización.

Todo esto implicaría volver a contratar las que quedaron a medias y las nuevas, pero no en un paquete, sino una a una, con licitación para cada una, sin coimas y sin corrupción. Solo así se pueden hacer dos cosas que la ciudad necesita y debe insistir en ellas: ver realizadas las obras, y recobrar la confianza institucional.

De manera que no nos dejemos influenciar por los mercantilistas de la política, que andan desesperados haciendo propuestas mentirosas para engañar y pescar en el gran río revuelto que será las próximas elecciones territoriales.

 

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