• VIERNES,  22 JUNIO DE 2018

Colombia  |  12 junio de 2018  |  04:00 PM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

Fiscalía llama indagatoria a policías que habrían desviado la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

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La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a la investigación a tres oficiales de la Policía que presuntamente se valieron de sus cargos para entorpecer las labores de los investigadores del magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

La Fiscalía dispuso nuevas acciones judiciales tendientes a avanzar en el esclarecimiento de los hechos que rodearon el crimen del líder político Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

Actuaciones arbitrarias

El fiscal de conocimiento decidió llamar a indagatoria por los delitos de favorecimiento y fraude procesal a tres miembros de la Policía que podrían estar vinculados con la desviación en la investigación que se adelantaba por el homicidio de Gómez Hurtado.

El ente acusador llamó a indagatoria al entonces mayor de la Policía Nacional, Marcos William Duarte Valderrama, quien fungía como jefe de la unidad de homicidios de la Dijín, a Luis Guillermo Parra Niño, comandante de la Sijín de Sincelejo para la época de los hechos y Amín Antonio Acuña Severiche, quien era agente de la Sijín de Sincelejo, las diligencias de indagatoria se realizarán el 14, 19 y 22 de junio.

Para la fiscal de conocimiento, los miembros de la Policía habrían incurrido en actuaciones arbitrarias como capturas y judicializaciones de personas inocentes y la utilización de falsos testigos para entorpecer las investigaciones.

Narcotráfico

El atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del norte del Valle, uno de los grupos al margen de la ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los “extraditables” en la década de los 80. La Fiscalía declaró en 2017 el homicidio como delito de lesa humanidad.

 

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