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Editorial  |  25 octubre de 2017  |  12:00 AM

Los otros constructores que invaden

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La aplicación severa de un decreto sobre ordenamiento territorial que exige a los constructores un retiro de 30 metros de las rondas hídricas, desconociendo el Plan de Ordenamiento Territorial vigente de Armenia, parece que no rige para los que invaden las cañadas y laderas de la ciudad con construcciones de guadua y otros elementos.

Es un desastre ver la ciudad en algunos lugares, como en el área entre los bomberos del Sinai, avenida 14 de octubre y la entrada al barrio Calima, sur de Armenia. Ese y otros lotes, no con distancia de 30 o 15 metros, sino dentro de la propia cañada o encima de la ladera, han sido invadidos sin que haya poder humano que se los pueda impedir.

Primero, por supuesto, ha estado la negligencia de las autoridades municipales que cuando les avisaron que estaban construyendo esos cambuchos, se hicieron los de la ‘oreja mocha’, dejaron que alzaran las casuchas, y mucho después empezaron las acciones legales. La Policía, incluso, advirtió sobre el fenómeno, pero esta institución no puede actuar por su propia cuenta, sin una orden de la autoridad municipal o de un juez, cuando se hace un desalojo por orden judicial.

Y después llegaron los defensores de los derechos humanos, que se han dado a la tarea de proteger a las familias que invadieron los lotes, muchas de ellas con el argumento de que son desplazados de la violencia en Colombia. Los defensores tienen razón, hay que defender a los niños, a las mujeres, a todas las personas que están en condición de desplazamiento o son vulnerables frente a la pobreza y las desigualdades.

Pero una cosa es la acción humanitaria y otra aquella de ser permisivos con la violación de las normas, especialmente con estas del Plan de Ordenamiento Territorial, que atenta contra el medio ambiente, la diversidad en flora y fauna y, especialmente, contra el agua, recurso escaso y de suyo ya muy contaminado. Y los ambientalistas, tan prestos a protestar contra las empresas de la construcción, legalmente constituidas, hacen oídos sordos a esta otra contaminación e invasión de los espacios de la naturaleza.

El alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez dijo ayer en la presentación del estudio Armenia cómo vamos, que uno de los graves problemas que tenemos en la ciudad es precisamente el de las invasiones ilegales, que se están comiendo las cañadas y quebradas. Y denunció la dificultad que tiene la alcaldía para el control, precisamente porque estos invasores tienen defensores de oficio, entre los llamados defensores de los derechos humanos. En tanto, la ciudad se llena de cambuchos, de asentamiento subnormales, cosa que había cambiado con el proceso de reconstrucción después del terremoto de 1999.

Lo que cuentan poco los defensores de derechos humanos y los ambientalistas que guardan un silencio cómplice sobre este tema de los invasores, es que detrás de estas arremetidas contra el Paisaje Cultural Cafetero hay un grupo importante de avivatos, que invaden, construyen y venden a pobres incautos que, incluso, en algunos casos, muestran escrituras de esos terrenos y viviendas de guadua y madera, por supuesto, escrituras espúreas.

Hay que parar ese negocio ilegal, donde un grupo de avivatos se está enriqueciendo a espaldas de incautos, sí desplazados algunos, pero admitiendo, de buena fe o no, que otros ganen mucha plata con los terrenos del municipio. Y cuando terminan la invasión de un terreno, siguen con otro, porque el negocio es pulpito.

Y en ese negocio, no importa si el POT habla de 15 o de 30 metros de retiro en las rondas hídricas, cosa que, en estos casos, tampoco parece importarles a los jueces y demandantes de la norma, porque no se han pronunciado sobre este particular.

Hay que detener las invasiones, y cumplir con la norma, la que contiene el POT o la que impuso una dictadura judicial a través de un fallo provisional, pero hay que cumplirlas, señores.

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