Es urgente impulsar una reforma a la política criminal y penitenciaria del país. Así lo demuestra el aumento desaforado de la inseguridad en las ciudades. Esto, dicho por los 32 alcaldes de las capitales de departamento de Colombia, incluyendo al alcalde del distrito especial de Bogotá, debe tener mucho peso en el ejecutivo nacional, en el ministerio de Justicia y en el Congreso de la República.

El hurto, según los alcaldes, que se reunieron en Bogotá hasta el pasado viernes, es uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos y se percibe un incremento en al menos 18 ciudades capitales en comparación con el año anterior. El hurto en todas sus modalidades corresponde al 30 % del total de los delitos. Una cifra realmente alarmante.  Y, claro, la principal modalidad de hurto es a personas, con un 56 % de los casos. Este tema es muy delicado y tiene aristas de falta de seguridad, pero muy especialmente de los dramas sociales que viven las familias más pobres del país.

Hay una denuncia de los alcaldes que es muy preocupante. Dicen ellos que desde la entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal abreviado, de las capturas en flagrancia, el 55 % corresponde a hurto. Y señalan que de los delincuentes reincidentes que han sido capturados, la autoridad judicial ha decretado medida de aseguramiento al 70 % de los casos, quedando en libertad el restante 30 %, a pesar de su condición de reincidencia y que debió haber quedado con medida de aseguramiento. 

Estas cifras nos están diciendo que algo está fallando. Y claro, las debilidades, claramente, están en el sistema de la actual política criminal y carcelaria del país. Esas nuevas políticas no funcionan y por tal razón los alcaldes están pidiendo una reforma urgente, porque los delitos nos asedian, sobre todo los hurtos, y cometidos por aquellos que ya han sido judicializados, pero que rápidamente están en la calle protagonizando nuevos crímenes.

Es necesario, como dicen los alcaldes, una revisión del tratamiento penal frente a los reincidentes, y en esa línea, diseñar una política efectiva frente a las organizaciones delincuenciales dedicadas a la comisión del hurto. Estamos de acuerdo con los alcaldes cuando sostienen que es urgente buscar un trabajo articulado entre las instituciones para georreferenciar en cada capital los lugares en donde más se cometen hurtos, con el objeto de priorizar su intervención.

Los alcaldes de las capitales de departamentos pidieron al gobierno nacional crear equipos interdisciplinarios para judicializar correctamente a los reincidentes, pues es demasiado desconcertante tener que volverse a encontrar en las calles con el mismo ladrón que había cometido una fechoría, lo habían capturado y judicializado y ahora está al comienzo de la cadena delincuencial, como si el castigo no sirviera para nada. Para nadie es un secreto que la libertad del capturado reincidente representa un peligro futuro para la sociedad.

También es urgente no dejar prosperar las organizaciones delincuenciales, trabajar para la detención temprana de estos grupos, desarticularlos antes de que su crecimiento y su estructura sean tan grandes y poderosas que cualquier acción de la Policía sea insuficiente. Y ahí debe trabajar muchísimo una Policía secreta, de inteligencia, que pueda tener los suficientes datos para lograr desmantelar esas organizaciones en su génesis. 

Cuando un ladrón en un bus, en la calle, junto a un banco, en los establecimientos comerciales, en las universidades, en cualquier parte hace presencia, es urgente acudir a la solidaridad ciudadana. Esta es la mejor arma que existe, la unidad de los ciudadanos en contra de la delincuencia. Pero, con ella, debe haber una política criminal y penitenciaria donde el castigo sea ejemplarizante. 

Si ese castigo no es un ejemplo, si el castigo no corrige, no hay nada que detenga la delincuencia, ni siquiera la mayor fuerza social: la solidaridad ciudadana. Por eso, es urgente, como lo dijeron los alcaldes el viernes pasado, asumir una urgente reforma a la política criminal y penitenciaria del país.