Una de las causas de la inseguridad en las ciudades colombianas pasa por las excarcelaciones masivas, que a decir de los alcaldes de las ciudades capitales del país, están provocando graves problemas de seguridad. En un informe detallado, los alcaldes precisaron que “según las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, con las que se definió el término de duración de las medidas de aseguramiento, desde el primero de julio de 2017 (fecha de entrada en vigencia), han quedado en libertad más de 5.500 personas en Colombia. El 11% de los beneficiados con libertad, hace parte de organizaciones criminales dedicadas al hurto, microtráfico y homicidio, entre otros delitos, lo que hace más compleja la situación de seguridad de nuestras ciudades”.

Este es sin duda un problema más que se le suma a la desesperación de la gente por la falta de seguridad. Aquellas personas que se penalizan con cárcel y pagan una condena, no se resocializan, como debería de ser según la filosofía del castigo, sino que, por el contrario, salen a las calles con mayores ansias, con más vicios y aprendizajes para seguir delinquiendo.

Por estas razones, los alcaldes pidieron con urgencia la derogatoria de estas leyes y solicitaron que el régimen procesal reconozca las limitaciones de la administración de justicia, de manera que los términos de detención preventiva resulten suficientes para proteger la seguridad de la sociedad, los derechos de las víctimas y el debido ejercicio de la justicia.

Todo esto se logra solo si se implementa una reforma a la Justicia que mejore la eficiencia al aparato judicial y acorte los tiempos de procesamiento de personas que incurren en delitos. Y esa es una tarea que debe emprender el gobierno nacional, como iniciativa legislativa, y asumida con seriedad y prontitud por los congresistas, aunque, por el momento, el panorama es desolador por la proximidad de la terminación del año, el debate de las leyes de la paz y la contienda electoral que se aproxima.

El otro tema que no ha encontrado solución, y que deambula en el ambiente social del país hace más de diez años, es la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento en las penitenciarías.

De este tema también se ocuparon recientemente los alcaldes de las ciudades capitales, y dijeron que pese a las reiteraciones que han hecho frente a la necesidad de construir una política penitenciaria y carcelaria sólida, y que responda a las realidades del país, siguen observando con preocupación cómo los entornos carcelarios presentan graves limitaciones, como la sobrepoblación y el hacinamiento, y falencias en los mecanismos de resocialización de los reclusos.

También evidenciaron la poca confiabilidad en la verificación del cumplimiento de las medidas no privativas de la libertad. Los alcaldes coincidieron en decir que estas circunstancias influyen en los índices de reincidencia y favorecen la consolidación de nuevas estructuras delincuenciales y el aumento de la criminalidad en las principales ciudades.

De manera que las ciudades capitales, principalmente, pero también otras ciudades y pueblos de Colombia siguen azotadas por la delincuencia: microtráfico, robos, atracos, homicidios, con participación de delincuentes que van a las cárceles y rápidamente están en las calles reincidiendo en sus faltas.

Estos problemas planteados por los alcaldes, y que tuvieron poco eco en los medios de comunicación, en el gobierno y en el propio Congreso de la República, se configuran como los más severos en nuestras urbes. Lo peor de todos es que, la solución no se vislumbra ni a corto ni a mediano ni a largo plazo, mientras tengamos los dirigentes que tenemos.