El desatinado hecho protagonizado la semana anterior por el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, de ser él quien convocara y liderara el consejo de gobierno de la alcaldía de Armenia, luego de conocerse la suspensión del titular José Manuel Ríos Morales, no puede pasar como algo intrascendente.

De mal gusto y como una muestra de usurpación de funciones se puede considerar el suceso, en el que además el mandatario de los quindianos presentó a su pupilo, Jorge Ospina, como alcalde encargado, lo cual fue revelado en nuestra sección de La Guaca, el viernes pasado.

Algunos dirán que Jaramillo Cárdenas, ante la crisis, quiso apersonarse de la situación, no obstante una cosa es el liderazgo para contribuir a minimizar y buscar soluciones oportunas, y otra muy diferente la clara usurpación de una dignidad para la que no fue elegido ni designado. ¿Lo encandiló, gobernador, la responsabilidad que le otorga la Constitución y el poder que ello representa?

El alcalde, aunque suspendido, es el señor Ríos Morales, quien fue elegido con más de 29.000 votos el pasado 27 de octubre, y el encargado, por la ausencia del titular debido a la suspensión temporal ordenada por la Procuraduría, es el señor Jorge Ospina, al ser designado por usted mismo gobernador, con el decreto 0341 del 3 de junio de 2020. Es él, Ospina, quien debe apropiarse del municipio.

Así, no hay otras interpretaciones y por eso no se entiende entonces, qué hacía el gobernador Jaramillo Cárdenas y el procurador Provincial en el primer consejo de gobierno del alcalde encargado, lo que evidencia que a pesar de ser del círculo cercano del mandatario seccional, Ospina no tendría el liderazgo para orientar a su nuevo equipo de trabajo, puesto que necesita a su ‘jefe’ al lado.

¿Qué estará pensando el suspendido alcalde José Manuel? ¿Recibió con beneplácito ese acto de su ‘amigo’ el gobernador? Pues bien, si se desmenuzan los últimos hechos políticos en la región, el ejecutivo regional se encuentra en una posición que exige honestidad y discernimiento, para no empeorar la seguridad de las administraciones locales, damnificadas por los infortunios de los mandatarios de Armenia y Calarcá, José Manuel Ríos Morales y Luis Alberto Balsero Contreras, respectivamente, quienes están siendo investigados por supuestas irregularidades en unos contratos adjudicados en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19 y por eso fueron suspendidos temporalmente de sus funciones por el Ministerio Público.

Sobre Jaramillo Cárdenas recayó la responsabilidad de designar los encargados de las dos alcaldías más importantes del Quindío, la de la Ciudad Milagro y la Villa del Cacique, dando cumplimiento a lo que ordena la Constitución, y él se decidió por personas de su entera confianza, Jorge Ospina y Paula Huertas, en un momento en el que se discuten y aprueban los Planes de Desarrollo, y cuando se avanza en la ejecución de las medidas para enfrentar la pandemia, que sigue en aumento tanto en casos de contagio como en víctimas fatales.

No surtió efecto la movida del suspendido alcalde Ríos de encargar a su secretario de Gobierno, Javier Ramírez, pues muy temprano en la mañana del 3 de junio, el gobernador firmó el decreto que hacía efectiva la suspensión de Ríos Morales y el encargo de su numerario Ospina, lo que daría visos para considerar que la relación, casi empalagosa, entre los dos mandatarios, quienes públicamente han enfatizado en su ‘hermandad’ con efusivos abrazos -recordar las escenas del último Taller Construyendo País en Armenia, en noviembre pasado en el Casd-, se rompió o venía en franco detrimento desde meses atrás.

Es fácil comprender que el más beneficiado con el actual escenario de los titulares mandatarios de Armenia y Calarcá fue el gobernador, quien tuvo sobre sí la responsabilidad y potestad de designar libremente los encargos y tendrá también el poder para elegir, de las correspondientes ternas enviadas por los partidos, movimientos o grupos de ciudadanos que avalaron las candidaturas de Ríos y Balsero, los nombres de quienes asumirán los cargos para cumplir el tiempo de las vigentes suspensiones por tres meses, que pesan sobre los titulares. ¿Será fiel a su ya demostrado actuar el gobernador y designará más amigos?

Muy incierto el panorama, y se anticiparía que la relación de los ejecutivos del departamento y el municipio de Armenia tomaría distancia y se volvería, si Ríos Morales aclara su responsabilidad y regresa a su dignidad, a los calamitosos años en los que cada mandatario, departamental y local, iría por su lado, división que ha perjudicado por décadas las agendas y el desarrollo de la región, al no contarse con un bloque unido para jalonar iniciativas en beneficio del Quindío y sus localidades.

Ya es adverso el momento por las suspensiones de los dos alcaldes, pero se acrecentaría si por movimientos desacertados del inquilino del edificio del Centro Administrativo Departamental, CAD, se rompe el diálogo y trabajo conjunto, máxime cuando nos aprestamos a fortalecer las tareas para mitigar la crisis sanitaria y económica, así como el proceso de pospandemia y reactivación para este segundo semestre.

Aún se desconoce el desenlace de las renuncias protocolarias del gabinete de Armenia, las cuales fueron solicitadas días antes de la decisión de la Procuraduría, por el señor Ríos Morales a su equipo de colaboradores. Él solo aceptó dos, sin embargo no habría ratificado oficialmente a los demás. ¿Será que el alcalde encargado, por directriz de su gobernador, hará efectivas algunas con el argumento de tener que recomponer el camino?

Se requiere que el gobernador Jaramillo Cárdenas guarde compostura y aporte con tino a la superación de la actual coyuntura, manteniendo su dignidad como mandatario seccional, hecho que ayudaría a devolver progresivamente la institucionalidad quebrantada. Desafío para él y los alcaldes encargados, no seguir agudizando el escenario con decisiones erradas, porque la inseguridad jurídica de Armenia, principalmente, viene en crecimiento desde hace años y ha alejado la inversión. Ello menoscabaría el propósito de la Zona Especial Social y Económica, Zese, de la capital quindiana, la que busca atraer a inversionistas nacionales y extranjeros, y que se muestra como una de las grandes alternativas para impulsar la reactivación en el periodo de pospandemia.

La inseguridad jurídica ha afectado a sectores económicos como la construcción, uno de los que más aporta al empleo y el PIB departamental, y puede alcanzar a otros como el turismo que con el Covid-19 ya ha tenido un golpe fatal, lo que desembocaría en un fenómeno social y económico a corto tiempo, como lo han presagiado analistas, luego de conocerse que en abril de 2020, el desempleo en Armenia llegó al 24.1%, y si no se actúa con inteligencia las cifras serían a diciembre funestas.

Los entes de control, por su parte, tienen la obligación de dar prontitud a las investigaciones, garantizando la presunción de inocencia y el debido proceso a los alcaldes y funcionarios involucrados, pero con una tarea diligente porque las administraciones y los ciudadanos deben, primero, conocer la verdad de los hechos y segundo, los gobiernos no pueden caer en una incertidumbre prolongada, que trunque el funcionamiento de los entes territoriales.

Gobernador, su liderazgo debe concentrarse en blindar la región, y especialmente a Armenia y Calarcá, de los apetitos voraces de quienes ven esta crisis como una ocasión para conseguir réditos politiqueros, burocráticos y contractuales. Las veedurías ciudadanas, los medios y los entes de control, tienen la obligación social de estar vigilantes. Nuestros municipios no están servidos en ‘bandeja de plata’ para intereses particulares de ávidos de poder y dinero. La responsabilidad y menos el poder, lo pueden encandilar.