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Editorial  |  08 septiembre de 2020  |  12:00 AM

Desafío a la Procuraduría

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Desafortunado el vídeo del alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales desafiando la Procuraduría General de la Nación, en una contestación pública a la decisión del ministerio Público de prorrogar en tres meses su suspensión del cargo como primera autoridad del municipio. Y decimos que desafortunado, no solo por las ofensas proferidas contra la máxima autoridad disciplinaria de la Nación, sino porque pelear públicamente, en los medios de comunicación y las redes sociales contra el juez que nos está juzgando, le hace un flaco favor al enjuiciado. Recibió, seguramente, el alcalde una asesoría profesional para que hiciera ese desafortunado vídeo, sin medir las posibles consecuencias que le traerá.

Si bien es cierto que hay que defender el debido proceso como un principio fundamental del derecho, no menos verdad es que debe hacerse en el momento preciso que los procesos judiciales lo señalan, en las audiencias o en los alegatos a que tienen derecho los acusados y sus abogados. Hacerlo públicamente es una afrenta, un desafío, que puede envalentonar al juez y, por tanto, buscar con minucia y detalle la forma de condenar al implicado.

La actuación desafortunada del alcalde no se quedó solo en el vídeo afrentoso contra la Procuraduría, sino que una serie de contratistas de la alcaldía, seguramente recibiendo órdenes de sus padrinos políticos, salieron a la calle a pedirle a la Procuraduría el reintegro al cargo del alcalde. Es una lástima que en pleno siglo XXI manipulemos con un contrato a las personas para que, por fuera de su conciencia, salgan a defender a un funcionario que está investigado por los tres más importantes entes de control del país: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

Ha dicho la Procuraduría en su fallo de prórroga de la suspensión del alcalde Ríos que la decisión se tomó porque persiste el riesgo de cometer delito, pues los contratos por los que está siendo investigado no han sido liquidados por la administración municipal. Y si no están liquidados, es decir, solo están paralizados, podrían ser ejecutados en su totalidad, con la presencia del alcalde en su despacho.

El encarte del alcalde no es de poca monta, como para decir que se está cometiendo una injusticia contra él, al prorrogarse la suspensión. Recordemos que la Procuraduría lo investiga por presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por $500 millones de pesos, 02 de 2020 por $350 millones de pesos, 03 de 2020 por $300 millones de pesos, y 04 de 2020 por $442 millones de pesos.

Así mismo lo investiga por un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del covid-19, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.

De manera que para nada conviene al propio alcalde, a sus abogados y a algunos ciudadanos tratar de presionar a la Procuraduría con vídeos, pronunciamientos, protestas arregladas con contratistas, para que el señor Ríos Morales regrese al cargo o sea declarado inocente. Todos los días, los ciudadanos pedimos justicia, criticamos los órganos de control porque no actúan contra los hechos de corrupción, pero cuando lo hacen, aparecen voces que desafían las sentencias y los pronunciamientos de dichos órganos, como está sucediendo ahora en Armenia en contra de la Procuraduría.

En virtud de la defensa del estado de Derecho, de las libertades y de la justicia, es necesario confiar en la institucionalidad judicial y procesal, y dejar que la Procuraduría actúe, de acuerdo como se lo manda la ley y la Constitución. Presionarla como lo ha hecho el alcalde Ríos, sus abogados y algunos contratistas de la alcaldía, es desafiar el estado de Derecho y la institucionalidad jurídica. Esas críticas y esos argumentos se deben hacer en los juicios y en los alegatos del proceso, no en los medios ni en la calle.

Qué mejor para la ciudad que su alcalde demuestre su inocencia, que la justicia, en este caso la Procuraduría y la Fiscalía digan que lo absuelven porque no cometió ningún delito. Pero es necesario que esperemos esa decisión, con paciencia, y no confundamos a la población con diatribas que ofenden a la institucionalidad jurídica y se convierten en un mal ejemplo para la política y el ejercicio público.

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