No cesan los mensajes directos e indirectos de un gobierno que en campaña dejó claro que le apostaría a la exploración y explotación de los proyectos mineros en el territorio colombiano.

En la reciente época de cuarentena, no hubo receso para avanzar en lo pensado, tanto que el pasado 6 de agosto se celebró en el Congreso un debate de control político relacionado con la puesta en marcha de la explotación a gran escala por parte de la multinacional Minesa en el páramo de Santurbán, en el oriente del país, y que involucra especialmente a Santander y su capital Bucaramanga.

Esto se dio semanas después de las palabras de la viceministra de Minas, Carolina Rojas, que en Caracol Radio anticipó: “el gobierno quiere promover una minería con todos los estándares y las autoridades ambientales tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que ese proyecto se haga con estos estándares, y que podamos aprovechar el recurso natural que está ahí y puede ayudar a la recuperación sostenible de todos los colombianos”.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y en territorio santandereano se tomaron como un aval para que Minesa tenga ‘licencia’ para ejecutar su proyecto en inmediaciones del sensible ecosistema del páramo, el cual surte de agua a los bumangueses y su área metropolitana, así como a otros municipios de la zona.

A lo manifestado por la viceministra se unió la declaración de Minminas, Diego Mesa, a la emisora La W, cuando manifestó "que no habrá ninguna afectación a las fuentes de agua”.

Si bien Minesa ha recalcado que la exploración y explotación está fuera de los límites del páramo, pues en Colombia está prohibido por ley, para los opositores es también claro que sí está en la zona de influencia y áreas que se conectan, por lo que se ha hablado de una nueva delimitación que aumenta el debate entre detractores y promotores.

Esta polémica, que se da a más de 600 kilómetros del Quindío, no puede ser indiferente para un territorio que a su vez es observado por multinacionales, debido a que se han confirmado considerables reservas mineras, no solo de oro sino de otros atractivos minerales, en sus montañas, bosques y zonas de páramo.

Es necesario que el Quindío siga de cerca lo que viven en Santander y se documente de los proyectos del gobierno nacional y de las empresas de minería a gran escala, porque la ‘locomotora’ del pasado gobierno Santos no fue puesta del todo en marcha, pero ahora sí ha recibido el impulso y la ‘bendición’ que estaba esperando.

Con el pasar de los meses y las administraciones, central, regionales y locales, la que era una actividad impopular, poco a poco es bien vista y se está presentando como la ‘salvadora’ del país, el que agudizó su estado de crisis a raíz del parón por la pandemia del coronavirus y requiere de una reactivación, que la pintan ‘dorada’.

Llama la atención el informe de El Tiempo del 16 de agosto pasado, titulado: ‘Oro, la oportunidad dorada para Colombia en la pospandemia’, en el que precisamente se destaca que el sector le aportaría a la tan golpeada economía nacional cerca de 12.000 empleos y más de 4.000 millones de dólares en inversión, todo ello si se ponen en marcha cinco proyectos mineros.

El diario capitalino resume que estos serían el Soto Norte en Santander, páramo de Santurbán, con 400.000 onzas de oro; Buritacá, Mineros, Quebradona y Gramalote en Antioquia, con 200.000, 40.000, 60.000 y 400.000 onzas, respectivamente, además de Marmato en Caldas, con sus 150.000 onzas del dorado metal.

Actualmente, Colombia ocupa el puesto 22 del listado de países productores de oro con 35,6 toneladas, el que es encabezado por China, 401,1 toneladas, Australia, 313 t; Rusia, 279,9 t; Estados Unidos, 211 t, y Canadá, 184,1 t, de acuerdo con las cifras publicadas por El Tiempo, y que indican que si los proyectos en espera se ponen en marcha, nuestro país llegaría al escalón 15 del ranking, con 81,4 toneladas producidas.

Los datos por sí solos ‘brillan’, máxime si la onza de oro ha aumentado su valor en este 2020, en cerca del 60%, pasando de valer 1.200 dólares en enero a más de 2.000 dólares en agosto.

Los cálculos del ministro Mesa contemplan que es una “oportunidad dorada”. “El precio del oro tocó máximos históricos, superando la barrera de los 2.000 dólares por onza. Al cierre de 2019, la producción de oro de Colombia alcanzaba 36,6 toneladas y la meta es duplicar para 2030 la producción de oro, superando las 60 toneladas con la entrada de estos grandes proyectos, mediante la transformación del sector”, dijo el ministro Diego Mesa Puyo a El Tiempo.

Más a favor de impulsar la ‘locomotora’ minera está que los precios del petróleo han bajado y ha decrecido la explotación de carbón, por lo cual el metal precioso se muestra como una alternativa que ayudaría a reactivar la economía en la pospandemia, traer inversión, generar empleo, recaudar más ingresos para el país para impulsar obras y desarrollo en las regiones, por medio de las regalías, y se impactaría a las familias de los mineros.

No obstante, la preocupación de las comunidades y los territorios no es gratuita. El impacto medio ambiental, así como la posible exposición a fenómenos ilegales, de inseguridad y violencia, inquietan a los habitantes, que no desean grupos o actividades ilícitas sin control en sus municipios.

En consecuencia, reiteramos que no hay que ignorar lo que se está moviendo en el ámbito nacional que enfila baterías para la promoción e implementación de la megaminería. Ya varios municipios quindianos han librado luchas para defender sus territorios y autonomía, con consultas populares y argumentos que van desde la protección del agua, el suelo y los recursos naturales, hasta la preservación de tradiciones y manifestaciones ancestrales.

Es imperioso que en la región se habiliten espacios participativos que contribuyan a socializar en las comunidades los megaproyectos que aún rondan en el aire, así como sus propósitos, alcances, beneficios y contras, para hacer una evaluación seria y responsable que coteje si se puede armonizar la explotación con la protección del medio ambiente y las sociedades involucradas.

No se puede dejar a un lado, la condición de que el Quindío y sus localidades hacen parte de la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero, patrimonio de la humanidad por la Unesco, hecho que debe propiciar un minucioso estudio, que como lo anterior expuesto debe ser liderado por los gobernantes, dirigentes, gremios, academia y la sociedad civil.

Papel fundamental deben aceptar los congresistas como la senadora Aydeé Lizarazo, cuyo Partido MIRA fue el autor de la Ley de Páramos, y el representante Luciano Grisales, ponente de esta iniciativa que ya es ley de la República, y quienes han manifestado su compromiso por la defensa del territorio. Que sus agendas se sincronicen con el momento que se aproxima, o ¿ya están subidos en los vagones megamineros?

Retumban a los lejos los motores de la ‘locomotora’ minera que le ‘brilla’ al gobierno nacional. Que su paso no nos tome por sorpresa y sea arrasador. No estamos en contra de generar riqueza, mejor calidad de vida, desarrollo y progreso, pero señor ministro, ‘no todo lo que brilla es oro’, y el territorio y la vida dependen de algo más puro, invaluable y cristalino: el agua.