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Editorial  |  29 junio de 2022  |  09:42 AM

El siniestro PAE, un atraco a la niñez colombiana

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El Programa de Alimentación Escolar PAE se ha convertido en las últimas décadas en sinónimo de corrupción, es decir, se evidencia que los recursos que se giran para poner en marcha este proyecto al inicio de cada año escolar no tienen otra finalidad que surtir las cuentas bancarias de políticos y gobernantes con la complicidad de sus amigos: los llamados operadores del siniestro PAE.

En Colombia las prácticas maquiavélicas con las que se manejan el poder han llegado al límite. Los corruptos, es decir, políticos, gobernantes y sus amigos pisotean a los niños a “diestra y siniestra” sin ninguna consideración amparados en normas y leyes por ellos mismos creadas que solo operan en su favor.

El perverso y mal intencionado PAE, es decir el siniestro PAE, tuvo una inversión para 2022 de 2,7 billones de pesos de acuerdo con el reporte del Contralor Delegado Luis Carlos Pineda, quien, además, a inició del presente año advirtió: “La responsabilidad de la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser desde el primer día del calendario académico y durante toda su vigencia 2022. Es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas, realiza un especial seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las gerencias departamentales”.

Terminado el segundo periodo escolar del calendario A se reporta una buena cantidad de entes territoriales en donde se viola la norma “…debe ser desde el primer día del calendario académico” … . De norte a sur de este a oeste del país son contados los departamento y ciudades que “cumplen” con el Programa de Alimentación Escolar “… en Buenaventura se presenta un retraso en el inicio de operación de 70 días, mientras que en Neiva, Caquetá, Cesar, Pitalito, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre se presenta un retraso superior a dos meses. En otras regiones se encontraron graves falencias de infraestructura que ponen en riesgo la calidad de los alimentos, su preparación y entrega. “Hay deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas. El 16 % de las IE (24) no cuentan con cocina, el 26 % (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15 % (22) carecen de comedor y el 22 % (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos” se dijo en un primer informe de la Contraloría General de la República.

La misma CGR hizo énfasis en la cantidad de alimentos hallados en mal estado, alimentos que se les está repartiendo a los pocos niños a los que llega el programa. Las frutas que se entregan a los escolares son, por lo general, de segunda y galletas, leches, panes y ponqués con vencimientos de consumo. Y agréguele en Armenia y el Quindío, por ejemplo, las minutas nada tienen que ver con una adecuada nutrición. Que se revise lo que les están entregando a los pocos niños, que según el ministerio y las secretarías de Educación “tienen derecho”.

“345.458 niños y jóvenes no están recibiendo alimentación escolar en el país, por problemas en la ejecución del PAE”, dice el informe de la Contraloría General de la República al finalizar el primer semestre de labores educativas. La CGR se queda corta con este reporte, ese es el pico como decía la abuela. Ojalá se adelantará una verdadera investigación departamento por departamento, municipio por municipio, colegio por colegio para que se le diga la verdad al país sobre este modelo de corrupción que arropa a gobernantes y sus amigos.

Que se investigue por ejemplo a quién o quiénes se les otorga, quién o quiénes son los verdaderos operadores del PAE –que son peores que las EPS que desangran al país-; que se haga un estudio nutricional sobre la minuta que estas empresas siniestras le entregan a los niños; que se evalúe la responsabilidad de alcaldes, gobernadores y rectores en la selección y entrega del PAE a los estudiantes.

Que se investigue y que se castigue a los responsables de este atentando en contra de los niños de Colombia. No pueden seguir reinando las hipocresías de parte de los gobernantes hacia nuestra niñez que mientras les dan un bombón con bombos y platillos el Día del Niño les roban los recursos destinados para su alimentación.

El gobierno nacional a través de la Unidad de Alimentos para Aprender UApA, entidad rectora de la alimentación escolar en el país, anunció el pasado 8 de junio la entrega de 26.000 millones de pesos adicionales para el siniestro PAE para “las regiones que han cumplido oportunamente con la prestación del servicio”. Es decir, a los 2, 7 billones destinados a comienzos de 2022 para el programa se le agrega esta cifra para “premiar” a los “cumplidos” o mejor a los que presenten resultados en los acomodados formatos. Es difícil creer que algunos de los entes territoriales hayan cumplido.

El Quindío no es ajeno a esta situación. Hace algunos años fueron denunciados por maestros los secretarios de Educación tanto del departamento como del municipio por corrupción con los dineros destinados al Programa de Alimentación Escolar. No pasó nada, como siempre, la constante, “libres de toda culpa”, eso sí los dineros perdidos y si más no recordamos, las empleadas de las operadoras encargadas de los almuerzos y refrigerios fueron culpadas responsables de haberse llevado el dinero disque “en prestaciones sociales”. Y los exsecretarios gozando hoy como nunca de las mieles del poder.

En el 2022 le fueron asignados al PAE en el Quindío, para los 11 municipios, por los menos 9.000 millones de pesos que sumados a 250 millones de pesos de trasferencias nacionales y una adición presupuestal del departamento de 1.300 millones de pesos sumaron más de 10.500 millones de pesos para el programa que de acuerdo con la CGR debía iniciar al comienzo del año académico.

El siniestro PAE en el Quindío ha tenido en el 2022 más controversias, demandas, inconsistencias, disculpas y desaciertos que entrega de refrigerios y almuerzos para los escolares. El primer semestre del año, primer y segundo periodo académico, estuvo asistido por una buena cantidad de denuncias en contra del operador y de amenazas de suspenderle el contrato en un ir y venir de reuniones, de problemas de logística, de entrega y hasta el clima tuvo la culpa que se perdieran los refrigerios de los educandos, de comunicados de prensa en los que la administración departamental no hace otra cosa que salvaguardar su responsabilidad. El último, martes 21 de junio de 2022, entre otras dice textualmente… se inició el proceso para contar con un nuevo operador, el cual estaría iniciando labores el 8 de agosto próximo, pues el actual finaliza contrato el día 7 de ese mes. La nueva empresa que resulte designada para la labor lo hará durante los 64 días calendario para el segundo semestre, y se espera que subsane todas las dificultades que se han registrado y sobre las cuales la Gobernación ha hecho los señalamientos y ha emprendido las acciones legales pertinentes”.

En Armenia para el siniestro PAE fueron asignados en la presente vigencia más de $9.084 millones. A los cuatro vientos desde la alcaldía municipal a través de comunicados de prensa y “llamativos” videos se dijo que los beneficiados en las 28 instituciones educativas del municipio serían más de 20.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. "Se va a suministrar en dos modalidades, la primera industrializada que estará en el 95% de las instituciones educativas; y la segunda, la preparada en sitio, que se adelantará en aquellos comedores que cuenten con todas las condiciones".

Pues ni lo uno ni lo otro. Sí, el PAE está llegando a las diferentes instituciones educativas de Armenia. Llegan refrigerios en muy escasa proporción y almuerzos preparados en sitio pocos se ven. Maestros de diferentes instituciones educativas con lista en mano han denunciado en reiteradas ocasiones la cantidad y calidad de los refrigerios que se entrega a los escolares. Por una parte, sin contenido nutritivo con fruta de segunda calidad y por otra se le “entrega a 6, 7 8, 9 máximo a 10 estudiantes por salón, de 40, que hayan seleccionado por su condición de necesidad. Los demás estudiantes, que según esta medida no tiene derecho, a diario se pelean el refrigerio del compañero que no asiste y que está en la lista”.

En el Quindío y en Armenia, se tiene la necesidad de una investigación a fondo sobre el Programa de Alimentación Escolar. Determinar a los responsables, no tirarse la pelotica de uno a otro y todos tan campantes. Una cosa es lo que se ufanan diciendo los dueños del poder y otra muy diferente lo que sucede al interior de los colegios. Se debe hacer una revisión de la minuta nutritiva, del valor de cada refrigerio, de la calidad de este y si verdaderamente los dineros girados por el ente central si son invertidos para tal fin. Los informes sobre el PAE al igual que las cuentas deben ser claras y verificables.

En ese mismo sentido, es paradójico, ilógico, inconsistente que el Ministerio de Educación y las secretarías de Educación, rectores de la educación en todo el país promulguen la desigualdad en los salones de clase. Todos los estudiantes tienen igualdad de derechos y por ende todos deben recibir su refrigerio. Dicen que el mejor maestro es el ejemplo y ese es el ejemplo de desigualdad que se les está dando a los estudiantes. “Es mejor que lo suspendan”, indican los maestros. “O todos en la cama o todos en el suelo”.

El Programa de Alimentación Escolar fue creado en 1955 en el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Fue el Instituto de Bienestar Familiar el que se apersonó de la repartición del PAE. Para todos había refrigerio, sin discriminación. Muchos recordamos la bolsa de leche con la mogolla que se le entregaba a la totalidad de los estudiantes del sector oficial.

Desde que a gobernadores, alcaldes y particulares se les dio esta función, las reglas cambiaron. Y cambiaron con “mandamientos” para poder tener la disculpa de quién merece y quién no merece refrigerio o almuerzo. O mejor, “mandamientos” para tener poder llenar sus bolsas con los dineros destinados para la alimentación de los niños.

El nuevo gobierno nacional debe revisar con lupa este programa. Que el Instituto de Bienestar Familiar sea el operador, puede ser una solución, o el Sena o los mismos rectores con veedurías de padres de familia y maestros.

El siniestro PAE tiene que tomar el rumbo adecuado. Las necesidades y los derechos de los niños del sector oficial son iguales y no pueden ser manejados por perversos y malintencionados gobernantes y sus amigos.

 

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