La Procuraduría Ambiental y de Asuntos Agrarios le pidió al Tribunal Administrativo del Quindío declarar a cuatro entidades territoriales del departamento y dos más de la nación como responsables de haber vulnerado y amenazado los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para garantizar la salubridad pública, entre otras. Y lo hizo con toda razón, pues la ciudad, Armenia, está convertida en una cloaca, a través de la contaminación masiva de sus quebradas y ríos.

Los responsables son el municipio de Armenia, Empresas Públicas de Armenia, Corporación Autónoma Regional del Quindío, gobernación del Quindío, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es cierto, porque no han actuado, ni individual, ni colectivamente para sacar a Armenia y el departamento del enorme problema de contaminación de sus aguas, vía las aguas residuales.

Estamos de acuerdo con la Procuraduría cuando dice que pese al importante avance que significa la implementación y funcionamiento de la Planta de Aguas Residuales -Ptar, La Marina, esta solo atiende el 15% de la población, y solo existe un 25% de colectores, casi todos en el sur, cuyas aguas van a La Marina. Así la ciudad tiene hoy 300 puntos de vertimiento de aguas residuales, que van a las más de 50 quebradas que tiene el municipio en su casco urbano. Todo esto agravado por el enorme crecimiento urbanístico y turístico de Armenia, lo “que permite inferir que la carga contaminante vertida al año viene en aumento de manera atípica, en contraste con lo supuesto por el Dane en sus proyecciones de población, y eso viene deteriorando la calidad de las fuentes hídricas receptoras de estos vertimientos”.

El documento destaca que el río Espejo recibe el 85% de la carga contaminante de Armenia, mientras que al río Quindío le caen todas las aguas residuales de Salento y el 10% de las de Armenia, como casi todas las de Calarcá. Otra quebrada con gran carga contaminante es Cristales, de La Tebaida, proveniente de los alcantarillados de este municipio, pero también de Armenia, a través de la quebrada La Jaramilla. Todas estas aguas contaminadas llegan, finalmente, al río De la Vieja.

Apenas la Procuraduría Ambiental y de Asuntos Agrarios del Quindío presentó la acción popular contra estos organismos del Estado, pidiendo la protección de las quebradas del departamento, y diciendo que entidades como EPA no tienen Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), esta entidad publicó la noticia desmintiendo al ente de control. “Armenia si tiene Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos”, dijo el director jurídico de Empresas Publicas de Armenia ESP Javier Roa Restrepo. Y explicó que dicho documento fue radicado antes del 30 de marzo del 2018, tal como lo obliga la ley, ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Además sostuvo que la ciudad solo estuvo sin PSMV, tres meses, pues el pasado plan se venció en diciembre del año pasado. Roa manifestó que el nuevo plan, es a 10 años y en él se harán las inversiones que la tarifa de alcantarillado les permite, y que además el PSMV está articulado al POT.

¿Quién tiene la razón en esta discusión? Los dos, pero ambos parcialmente. Cuando la Procuraduría hizo el estudio, no había PSMV, pero además son ciertas sus críticas a la enorme contaminación que tiene la ciudad con las aguas residuales. Es verdad que en Armenia hay una planta de tratamiento de aguas, la de La Marina, pero ella solo sirve a unos 55.000 habitantes. Incluso, EPA dijo a través de uno de sus funcionarios que es tan buena la planta que ya hay seis quebradas en proceso de descontaminación. Buena noticia, pero no es suficiente. En Armenia hay 52 quebradas, a donde van las aguas residuales de nuestras casas, hospitales, comercios, restaurantes, hoteles, industrias, hospitales, etc., que han convertido la ciudad en una cloaca. Y si hay seis que están en proceso de descontaminación, nos alegra, pero aún falta empezar la tarea para las 46 restantes, sin contar el río Quindío, nuestra más importante corriente hídrica.

Se plantea que descontaminar las aguas de Armenia tiene un costo de $450.000 millones y que no hay cómo conseguir este dinero, por tanto nos resignamos a mantener el brutal esquema actual de contaminación. Mentira, sí hay cómo hacerlo, lo que falta es voluntad política. Si hay voluntad política y unidad presupuestal de las seis entidades involucradas en el asunto: el municipio de Armenia, Empresas Públicas de Armenia, Corporación Autónoma Regional del Quindío, gobernación del Quindío, ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se puede.

Si se dividen esos costos en las seis entidades, cada uno tendría que poner en promedio $75.000 millones. Y sí estos lo dividen en 20 años, con un crédito blando de la banca multinacional, a través de un Conpes, es posible. EPA dice que solo recibe $2.000 millones anuales por alcantarillado, por tarifa, pues ahí ya tiene, en los 20 años, los primeros $40.000 millones.

Hay que actuar de inmediato para evacuar la cloaca que nos está desbordando, casi igual que la cloaca de la corrupción política administrativa que nos está robando las esperanzas de los armenios.