Recientemente, el ministro de Obras Públicas y los funcionarios que ejercen la concesión de la autopista del café, se enfrentaron con los quindianos en un foro sobre el proyecto vial de la doble calzada Calarcá-La Paila. Allí se revivieron los antagonismo que no hay dejado prosperar este proyecto, pero también se avivaron los intereses económicos de las multinacionales que se quieren quedar con el jugoso contrato.

Recordemos que las peleas políticas internas y los intereses personales de algunos empresarios y políticos dieron al traste con este proyecto, que corresponde a un importantísimo corredor vial para el país y, por supuesto, para el Quindío.

En el año 2012 el proyecto estaba listo, elaborado por Odinsa, para entonces concesionaria de Autopistas del Café, y que le apostaba a un trazado novedoso que unía, incluso, los municipios de la cordillera con la nueva autopista que pasaría por el valle de Maravélez, desde La Herradura, llegando al corregimiento de Barcelona y cogiendo la cordillera por el río Santo Domingo hasta encontrarse con el ordenador vial de Versalles.

Algunos alcaldes y la exgobernadora de entonces protestaron diciendo que el trazado debería de ser por donde pasa la vía actual, es decir, una paralela a aquella. Y empezaron las discusiones, hasta que el gobierno nacional dijo que si no se ponían de acuerdo, no podía empezar la obra. Y claro, en esas amenazas del gobierno estaban inmersos los intereses de Odinsa, a la única, en este pleito, que le conviene el trazado arriba mencionado. Al Quindío, al turismo, a los comerciantes, al país en general, le conviene el trazado por la vía actual, es mucho más económico, más viable financieramente, y, sobre todo, mucho menos destructor del medio ambiente.

Esta es una obra de primerísima necesidad para la economía nacional y todo el tema del desarrollo internacional del país. No hacer esta vía implicaría unos costos de operación de la carretera de La Línea del orden de $4 billones, esto significa restarle competitividad al país y posibilidades de integración internacional.

La obra está suspendida, por el momento, a raíz, inicialmente, de la oposición que hicieron alcaldes y gobernadora y algunos empresarios. Esa pelea nos costará un retraso, de por lo menos 10 años en la ejecución de esta doble calzada. Pero, además, perdimos la oportunidad de tener un nodo logístico en la región, que era evidente por nuestra ubicación geográfica, equidistante del más grande mercado del país, Bogotá, y del puerto más importante de Colombia, Buenaventura.

No podemos olvidar que el 80% del comercio del mundo es de integración, es decir, partes que llegan a determinados nodos logísticos para después ir a sus destinos finales. Ese nodo logístico que pudo haber sido en la zona franca de La Tebaida, se ha ido muriendo con la suspensión del proyecto de doble calzada Calarcá -La Paila.

Se nos olvidó que estamos en la mitad de tres ciudades importantes de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali, donde está asentado entre el 60% y 70% del comercio. Hay que aprovechar esa cercanía que tenemos con ellas. Y debemos entrar en las competencias. Las ciudades compiten entre sí, miremos lo que está pasando en Ibagué, Pereira y Cali con el desarrollo de las zonas francas, que han sido posibles por la convergencia entre todos los sectores de esas ciudades, allá debemos de llegar en Armenia, hacer diálogos empresariales. Tenemos que fortalecer esas convergencias, unirnos para hacer del Quindío un destino de inversión. Por eso es importante revivir el proyecto de doble calzada Calarcá-La Paila, para aprovechar la oportunidad de desarrollo.

Sin embargo, repetimos, es necesario desempolvar el primer proyecto, realizado por Fonade, donde el gobierno invirtió miles de millones de pesos en su estudio, para ponerlo en marcha. Ese proyecto pone en evidencia la conveniencia financiera, económica, ambiental y la facilidad de construcción de una nueva calzada, paralela a la actual, como la solución más expedida de esta doble calzada. Además, conocemos que de no hacerse según este trazado y este proyecto de Fonade, no solo se perderían los miles de millones del estudio, sino que el Estado estaría abocado a una demanda multimillonaria.

El asunto es fácil: sacar de Fonade el viejo proyecto, que ya tiene diseños de obras, y ponerlo a consideración de la ingeniería del país, a través de una licitación pública.