Sin duda, una de las más trascendentales decisiones de los últimos meses en Colombia la tomó esta semana la Corte Constitucional, al blindar los Acuerdos de Paz para la terminación del conflicto armado en Colombia. Los Acuerdos de Paz son obligatorios y todos los colombianos deben cumplirlos, empezando por cada una de las autoridades en los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo.

Como dijo el Procurador Fernando Carrillo Flórez, “el cumplimiento de los acuerdos es un mandato imperativo para todos los colombianos. La Corte le dio aval al artículo transitorio del acto legislativo 02 de 2017, que dice que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido" en el Acuerdo y lo declaró acorde a la ley.

En otros términos, se acaba aquello de que ‘hay que hacer trizas el Acuerdo de Paz”, según palabras del exministro Fernando Londoño en el último congreso del partido Centro Democrático. Retomamos también las palabras del procurador Carrillo, quien dijo: “Muchos creían que en esa especie de arena movediza o zona gris de la paz, no estaban obligados a cumplir los acuerdos. Esto ya es un mandato donde el máximo tribunal de control constitucional ha dictaminado que son obligatorios”.

Es muy importante para la paz del país esa decisión de la Corte, porque además de darle legitimidad a los acuerdos, los protege durante tres periodos presidenciales, es decir 12 años. De manera que gane quien gane las elecciones próximas está obligado a seguir con esta política pública de la paz, aplicando los acuerdos, respetándolos e implementándolos.

Trascendental también que la decisión de la Corte haya sido unánime, pues los nueve magistrados votaron a favor del blindaje. Esto lo que le da al país es una sensación de unidad, que debe ser transmitida a toda la población entorno a la apuesta más importante de la nación en los últimos 60 años, lograr una Colombia sin conflicto armado.

Es claro en el fallo que el aval, el blindaje que la Corte le dio a los acuerdos no los incorpora al bloque constitucional, lo que deja sin argumentos a aquellos que decían que esos acuerdos quedaban incorporados al ordenamiento jurídico colombiano. En otros términos, son temporales, y tendrán duración de 12 años. De ahí en adelante harán parte de la vida social, política y económica, pero no jurídica ni mucho menos constitucional.

La decisión de la Corte le baja temperatura al debate sobre los acuerdos de paz, y deja en firme el trámite de los proyectos sobre el particular, que hacen curso en el Congreso de la República. De manera pues que los políticos deberían de centrarse más en debatir problemas tan graves como la profunda crisis en la salud y el abismo insondable de la corrupción, que seguir montados en el caballito del debate sobre la paz.