Dice la mesa directiva del Senado de la República que las mociones de censura se dan cuando hay que “analizar irregularidades cometidas por funcionarios en el ejercicio de sus cargos y no cuando desempeñaron dignidades en el pasado”.

De acuerdo con ello y con la mesa directiva del Senado, la moción contra el actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla no es procedente según los estudios jurídicos y las normas correspondientes sobre el tema.

Seguramente en el Senado las mayorías estarán de acuerdo con la Mesa Directiva que la preside el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, pero habrá que esperar qué pasa en la Cámara de Representantes en donde se hace campaña para que esa moción de censura se lleve a cabo.

Toda esta discusión que se da en el Congreso de la República no es más que otra de las muestras del país en que vivimos, un país al revés en donde reina lo ilógico, la mentira, el autoritarismo, la falta de ética amparadas por la ley, por unas normas que salen a flote solo cuando se trata de favorecer a los amigos de quienes detentan el poder.

Ahora resulta que los delitos cometidos en pasadas administraciones no cuentan, es decir, me enriquezco con los dineros del Estado, dejo que pase el tiempo, regreso y como si nada retomo mi antiguo puesto, porque el prontuario no cuenta para los defraudadores de cuello blanco.

Alberto Carrasquilla es acusado por el senador Jorge Robledo de enriquecerse y haber empobrecido los fiscos de 117 municipios mediante una operación financiera y según el senador, mediante esa operación Carrasquilla se ganó 14 mil millones de pesos por año, durante cinco años.

La defensa más contundente del presidente del Senado, da vergüenza, sí cometió el delito pero eso fue en el pasado, lo que ahora no cuenta para esta administración. Fue en el gobierno de Uribe y estamos en el gobierno de Duque, vaya diferencia…

Lo de Carrasquilla, denunciado también por el periodista Daniel Coronell, deja más que sinsabores, rabia en gran sector de la población colombiana y más en el departamento del Quindío en donde una gran cantidad de investigaciones contra funcionarios públicos se han quedado en el olvido, sin explicación y razón alguna. Seguramente, estos exfuncionarios estarán de nuevo en la administración municipal o departamental, porque de acuerdo con el caso Carrasquilla, el que peca y hace parte del poder, empata.

Se ha vuelto común que las investigaciones se queden a medias, en el camino. Lo de Carrasquilla sale a relucir con mayor fuerza cuando entra a ocupar de nuevo el cargo de ministro de Hacienda.

Nos preguntamos en el Quindío, antes de que regrese y se pasee con la venia de sus seguidores por las calles de Armenia como Pedro por su casa, qué pasó con las investigaciones contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, qué pasó con el sonado caso de los primeros 5.550 millones de pesos para la construcción de pozos sépticos y que según el ministerio público “al parecer había sobrecosto en las obras, falta de estudios y construcción de fondos en predios de particulares.” Estas y otras investigaciones solo dieron como resultado la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 12 años.

No hay que olvidar que asimismo, con destitución e inhabilidad por 12 años fue sancionada disciplinariamente la senadora Amparo Arbeláez Escalante, por cuenta de un contrato que firmó en el 2007 cuando se desempeñaba como gobernadora del departamento de Quindío.

Dice la Procuraduría que en ese año la entonces gobernadora “suscribió de manera irregular un contrato de investigación y adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable en el municipio de Buenavista en el cerro de las Tres Cruces”, según comunicado del ente de control.

Quién no recuerda el ‘elefante blanco’ de Buenavista, el remedo de Teleférico, que lo hizo Arbeláez Escalante violando todas las normas, contratado de manera directa y en el que se según ella invirtió 1.600 millones de pesos en el llamado parque temático Ciudad El Tolrá. Y son sancionados también por el mismo caso con destitución e inhabilidad por 13 años Luis Ernesto Gil, entonces secretario de Infraestructura, y por 14 años Liliana Patricia García, directora del departamento jurídico y de contratación de la Gobernación.

Pero allí no paró todo con el “elefante blanco de Buenavista’, en la gobernación de Sandra Paola se inventaron el cuento de la reparación de este aparato que nunca había funcionado y en la cual supuestamente invirtió 105 millones de pesos en un contrato realizado con la empresa Sytecsa.

Tampoco se nos puede olvidar que esta fue una de las denuncias por las cuales fue asesinado el abogado Rommel Hurtado García, caso que también sigue en la impunidad ya que nada se ha dicho o investigado de los autores intelectuales de este vil crimen en una de las calles principales de Armenia.

Por fortuna, el actual gobierno departamental ha sido respetuoso de las normas y ni siquiera se ha atrevido a desmontar dicho esperpento “hasta que alguna entidad diga que no es viable, porque sería un detrimento patrimonial”.

Estos, los de las gobernadoras, son dos ejemplos en el Quindío, que seguramente dentro de poco habrán quedado como delitos cometidos en el pasado, en administraciones anteriores, como lo de Carrasquilla. Y no nos sorprendamos que se puede dar el caso en que se apruebe una rebaja de años en las inhabilidades “por buen comportamiento” y las volvamos a ver dentro de muy poco y con la ingenuidad de muchos quindianos, como candidatas a cargo de los destinos de este departamento.