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Editorial  |  15 noviembre de 2017  |  12:00 AM

La JEP, un calvario

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Tres hechos movieron ayer en la tarde y la noche las noticias relacionadas con la polémica aprobación de la ley reglamentaria de la Justicia Especial de Paz –JEP-. El primero, el aval que le dio la Corte Constitucional al Acto Legislativo que creo la JEP, con pocas modificaciones, que no son sustanciales.

El segundo caso tuvo que ver con el rompimiento del Quórum en el Senado de la República para evitar la aprobación de la ley reglamentaria de la JEP, hecho protagonizado por senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, lo que, evidentemente, pone en peligro la puesta en funcionamiento de este importante segmento jurídico para el cumplimiento del acuerdo de paz. Por séptima vez, en menos de tres semanas, la sesión tuvo que levantarse por falta de Quórum.

Y tercero, el discurso del presidente Juan Manuel Santos, transmitido anoche por radio y televisión, en el que el primer mandatario aplaudió la decisión de la Corte y le hizo un vehemente llamado al Congreso para que apruebe la ley que reglamenta esa jurisdicción especial de paz. Y advirtió que solo hay plazo hasta el 30 de noviembre.

De manera que mientras jurídicamente la JEP tiene triunfos en la Corte Constitucional, políticamente empieza a ser derrotada en el Congreso de la República. Lo más polémico del tema es que los guerrilleros pueden participar de la contienda electoral próxima, para lo cual se suspenderán las condenas impuestas contra ellos por la jurisdicción ordinaria y con ello las inhabilidades.

Y a la pregunta sobre si pueden ejercer funciones públicas después de que la JEP los condene por sus delitos, la Corte dijo que esa es una decisión que deben de tomar los jueces de la Justicia Especial de Paz, de acuerdo con la ley reglamentaria que se tramita en el Congreso. Esto significa que, por el momento, los guerrilleros tienen vía libre para ser elegidos en los cargos de representación pública.

Lo cierto es que aquí no hay, por parte de los opositores, un argumento jurídico social de peso, sino una posición política, con miras a las elecciones que se avecinan. En el 2003, cuando hubo un acercamiento de las Farc con el gobierno de Uribe en un posible acuerdo de paz con esa guerrilla, el exmandatario manifestó abiertamente que el país debería de aceptar que los insurgentes llegaran al Congreso, si se acogían a un proceso de paz. Hoy, esa posición es completamente contraria.

Frente a la polarización política del país, parece que da más votos oponerse al trámite legislativo que legitime los acuerdos de paz, que trabajar por una paz estable y duradera en el país. Y, finalmente, lo que importan son los votos, y mucho más en época electoral.

Esta polarización extrema pone en peligro la estabilidad de la nación, agita los ánimos, azuza los sentidos e indispone al ciudadano, tanto, que las próximas elecciones van a resultar siendo las de mayor abstención en la historia del país.

Colombia necesita que sus líderes piensen más en las próximas generaciones, que tienen derecho a un país en paz, que en las próximas elecciones, que pueden exacerbar la guerra.

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