Ha sido un año muy difícil para el país. Se terminó la guerra de balas, bombas, secuestros y extorsiones de las Farc, por lo menos de la gran mayoría que se acogió al proceso, pero se agudizó la guerra verbal de las mentiras y las exageraciones para torpedear la terminación del conflicto. Un año en el que las posiciones se han extremado, se han polarizado, tanto que pareciera que, a pesar del silencio de los fusiles, los colombianos somos irreconciliables.

Por fortuna, aquello de ‘hacer trizas el acuerdo de paz’ parece estar sepultado, y más bien hay una importante racionalidad de mantener el acuerdo, pero mejorarlo, sobre todo entorno a que no haya impunidad, ni tampoco participación política de la guerrilla mientras no hayan purgado sus penas.

Sin embargo, las cifras de la paz, este año, están ahí, y son irrefutables: 12.262 excombatientes que se presentaron como acogidos al proceso e inscritos en la Oficina del Alto Comisionado de Paz. También están inhabilitadas por la ONU, 8.994 armas. 112 menores que estaban en las filas de las guerrillas fueron entregados a la Cruz Roja Internacional, tanto que se acabó el cacareo diario de que ‘entreguen los menores que están en la guerra’.

Una cifra muy importante que corroboran todos los organismos de seguridad: En el 2002 había en promedio 3.000 muertos como consecuencia de las confrontaciones. El saldo en el 2017 no llegó a 100. Y el desplazamiento forzado se redujo en un 79%, aunque hay zonas que siguen sufriendo este fenómeno, pero por culpa del otro grupo armado, el ELN, que camina en un proceso similar al de las Farc.

A pesar de estas noticias positivas de que la guerra prácticamente terminó, la implementación de los acuerdos de paz no ha sido fácil. El gobierno ha cometido muchos errores en este proceso, como elegir magistrados de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, sin haber sido creado por el Congreso de la República la Corte propiamente dicha, sin tener seguridad de su aprobación y, lo peor, sin un marco jurídico para el juzgamiento de aquellos que se acojan a ella.

En este momento, cuando faltan ocho días para terminar el plazo para aprobar por una vía rápida, fastrack, las leyes para la implementación, no se han presentado o por lo menos no se ha empezado su trámite, y el tiempo se termina. Por ejemplo, lo concerniente al acuerdo número uno relacionado con la reforma agraria integral: adecuación de tierras, innovación agropecuaria, adjudicación de baldíos en zona forestal y creación del sistema de catastro multipropósito. Este tema fundamental parece que no tendrá trámite en el Congreso.

Y bueno, tampoco aquello de las garantías para promover la participación política de organizaciones y movimientos sociales, pues no basta con la personería jurídica que recibió el nuevo partido de las Farc, La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tampoco está listo la reforma de la Ley de Víctimas, que es un compromiso fundamental, pues el acuerdo se hizo con el deber de que el favorecimiento de las víctimas fuera el centro de este proceso de paz.

Un año del acuerdo de paz, tiene cosas positivas, como la disminución de la violencia en el campo, aunque en las ciudades la percepción de inseguridad haya aumentado por cuenta de la delincuencia. Es necesario buscar mecanismos expeditos para hacer posible las leyes que no pasarán esta semana que empieza hoy, porque, de lo contrario, la situación puede tomar ribetes peligrosos.

Además, es importante que en esta campaña política que está cogiendo forma cada vez más, la oposición y otros sectores morigeren el lenguaje, para que ese anhelo de paz sea posible, seguramente con modificaciones al acuerdo que firmaron Timochenko y Santos, y no tengamos que lamentar, por lenguaraces, el regreso a la horrible guerra.