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Editorial  |  03 junio de 2020  |  12:00 AM

No más improvisaciones

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Un total de 65 días tuvieron los actuales mandatarios, elegidos el 27 de octubre pasado y que asumieron sus cargos el 1 de enero de 2020, para hacer los empalmes, cotejar diagnósticos de los entes territoriales y definir sus equipos de trabajo, con miras a enfrentar el reto de administrar los departamentos y municipios.

El tiempo fue suficiente si el propósito de los ejecutivos era hacer una labor rigurosa y blindar sus acciones de cualquier paso en falso, que pusiera en riesgo el desempeño transparente y ponderado de las primeras tareas de gobierno, las que son fundamentales para sus mandatos, debido a que es en este primer semestre cuando se construyen los respectivos planes de desarrollo.

Bien lo sabían los señores gobernador del Quindío y alcalde de Armenia, particularmente, quienes en las últimas semanas han generado con sus decisiones desasosiego entre sus gobernados, pues con solo cinco meses de regencia ya han tenido que ‘corregir’ o relevar a más de un colaborador, y lo más lamentable, algunos de esos por hechos que son materia de investigación por parte de los entes de control.

Hace dos semanas, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo, quien fue cuestionado en su inicio de administración por rodearse de varios nombres provenientes de departamentos vecinos, hizo ‘ajustes’ y posesionó el 15 de mayo pasado, según boletín de prensa de la misma gobernación, a María del Socorro Mejía Zuluaga en la gerencia de la Lotería del Quindío; a Julián Mauricio Jara Morales, como secretario Jurídico y de Contratación; a Jorge Fernando Ospina Gómez, de secretario de Hacienda y a John Harold Valencia Rodríguez, secretario Administrativo.

Estos movimientos se unieron al de John Jáber Castro Mancera, que asumió la secretaría de Aguas e Infraestructura el 13 de mayo, y se complementaron con los anuncios de Martha Inés Martínez Arias, en propiedad como secretaria Administrativa; Debbie Duque, nueva directora del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Idtq, y Paula Andrea Huertas, alcaldesa encargada de Calarcá, quien iría a Control Interno.

Es de precisar que a comienzos de mayo renunció la entonces secretaria Administrativa del departamento, Sandra Manrique, quien fue solicitada junto a otras dos funcionarias, por la Procuraduría a raíz de presuntas irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad para enfrentar el Covid-19, por $800 millones de pesos.

Los ajustes, los justificó el mandatario quindiano al destacar en varios de ellos las hojas de vida y experiencia, mientras se iniciaban en el recinto de la asamblea del Quindío, las discusiones del Plan de Desarrollo, el que el viernes anterior fue aprobado. Sin embargo, los acomodamientos dejarían entrever otros motivos, que los funcionarios son o fueron cercanos a exalcaldes, exalcaldesas condenadas y excandidatos procesados, como lo revelamos en La Guaca, el 26 de mayo.

Entre tanto, a finales de la semana anterior, el alcalde José Manuel Ríos, quien ya ha sufrido la salida de importantes integrantes del grupo, como su socio y amigo Jorge Luis Barrera Chíquiza, y la directora del Departamento de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez, por supuestas anomalías en la contratación originada por la crisis del Covid-19, solicitó la renuncia protocolaria de todo su gabinete y de gerentes y directores de los entes descentralizados.

La acción se veía venir. Es claro que luego de contratos cuestionados y el anuncio del fiscal General, Francisco Barbosa, el 21 de mayo de 2020, de imputarle cargos y solicitar medida de aseguramiento al ejecutivo armenio por presuntas irregularidades en la contratación de la emergencia por el Covid-19, Ríos estaría obligado a recomponer su equipo y rodearse de funcionarios con experiencia, quienes tienen la tarea de oxigenar y redireccionar la administración, la cual hasta el momento ha sido duramente cuestionada por los hechos contractuales de la pandemia, así como por la falta de gobierno y ejecutorias.

A ello se le suma, que otro cercano secretario, el de Hacienda, Gerson Obed Peña, está siendo observado por el Ministerio Público, debido a la contratación dentro de la crisis sanitaria y por la vinculación de personas de su círculo familiar en los despachos de esta alcaldía.

Estos eventos no son por el Covid-19, al que le atribuyen actualmente todo lo malo, que quede claro, se desprenden por la toma de decisiones improvisadas en el manejo de lo público. Son Jaramillo y Ríos, con lo acaecido en estos primeros meses de mandato, evidentemente neófitos en estas tareas, si bien han gerenciado actividades en lo privado, ello tiene sus diferencias.

Independiente de lo que suceda en los próximos días con el alcalde Ríos, y lo que depare en los 19 pisos del edificio de la gobernación de Jaramillo, la ciudadanía exige un derrotero transparente por parte de sus dignatarios, quienes deben conjurar de sus despachos las improvisaciones, esas mismas que hoy los tienen bajo la lupa de los entes de control y de los ciudadanos.

Existen en los equipos personalidades destacables, con experiencia y que gozan de credibilidad, por tanto es con ellas que, ustedes mandatarios, deben implementar sus nuevas rutas para no naufragar en la ejecución de las bitácoras departamental y municipal. Son los órganos colegiados, asamblea y concejo, veedores justos en el control político.

Ya son suficientes los yerros y el panorama incierto que se ha experimentado en periodos pasados, o lo desprendido por el coronavirus, o las dudas protagonizadas por algunos integrantes de sus equipos de trabajo, o las investigaciones iniciadas por la emergencia sanitaria, o las cifras récord de desempleo reveladas por el Dane, en las que Armenia mostró una tasa de 24,1%, como para que ahora, después de cinco meses de 2020, se sigan sumando desaciertos, aupados por compromisos particulares y politiqueros, que bien se ha demostrado son perjudiciales para las administraciones.

Lo que se avecina es un desafío para todos, luego de la para de la economía y el temor de una pandemia que aún no es descifrada en su totalidad, además de las lesiones causadas a la institucionalidad en la gobernación y la alcaldía de Armenia, lo cual reduce los márgenes de confianza de la sociedad y de gobernabilidad. No obstante, es de ustedes, señores gobernador y alcalde, el primer reto: devolverle la seguridad a la ciudadanía y la credibilidad en sus mandatarios e instituciones, y esto se logra con decisiones coherentes y sapientes, no con improvisaciones, pues de esas ya hemos vivido los quindianos por administraciones que no queremos repetir.

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