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Editorial  |  11 junio de 2020  |  12:00 AM

Cero tolerancia con la corrupción

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Pocas veces una decisión de la Fiscalía, en desarrollo de un proceso contra la corrupción, había sido tan cuestionada por la dirigencia nacional y la opinión pública. Ello se registró el viernes anterior, cuando el ente de control informó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, por presuntas irregularidades en la contratación cuando fue gobernador en 2004-2007.

La polémica noticia, entregada por el fiscal Francisco Barbosa, se viralizó al trasladarse a las redes sociales, en donde dirigentes de diversas corrientes ideológicas coincidieron, como pocas veces, en la defensa del mandatario antioqueño, y los más osados desvirtuaron la acción de la Fiscalía al catalogarla como una ‘cortina de humo’. Le reclamaron, algunos sectores, al señor Barbosa que ‘midiera con el mismo rasero’ y cuestionaron que por qué se retomaba un caso de hace más de 15 años, cuando en el país están pendientes otros más delicados como la ‘Ñeñepolítica’ o los dudosos contratos por la pandemia del Covid-19.

Las voces de solidaridad con Gaviria fueron múltiples, empezando por la del mismo presidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe, la alcaldesa Claudia López, los senadores Iván Marulanda, Roy Barreras y Angélica Lozano, el exalcalde Enrique Peñalosa, el concejal Carlos Fernando Galán y hasta periodistas como Daniel Samper Ospina y Vladdo, así como de otros líderes de diferentes vertientes, quienes se solidarizaron con él y destacaron sus capacidades y valores.

Es singular que la actual sociedad colombiana, que día a día no escatima en su repudio por los hechos de corrupción de sus gobernantes y políticos, y exige duros castigos, ahora se muestre desconcertada por la acción de la Fiscalía, dentro de un proceso que ha desvelado hechos graves de corrupción en Antioquia. ¿Hay una disonancia causada por particularidades? Surge, por tanto, una pregunta para el señor fiscal y la misma opinión pública: ¿Ha tomado visos selectivos la lucha contra la corrupción y solo aceptamos y somos diligentes si las investigaciones y medidas afectan un nombre, apellido, región, clase social o corriente política, en particular?

Pues bien, ejemplos de las versiones que rechazaron la medida contra Gaviria es la del caricaturista Vladdo, que dijo en su cuenta de Twitter: “Por irregularidades supuestamente cometidas por @anibalgaviria hace 15 años, lo mandan a la cárcel. Por comprobados actos de corrupción cometidos por alcaldes y gobernadores en plena pandemia, todo bien, gracias...”, o la de Daniel Samper Ospina: “¿Entonces metieron preso a Aníbal Gaviria -que además iba dando muy bien la pelea contra el Covid19- por temor a que se vuele o a que modifique una prueba de algo que sucedió hace años? Sería chistoso si no produjera terror. ¿En manos de quién quedó nuestro Estado de Derecho?”, o la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “Para desviar la atención de las arbitrariedades y tape tape de la Ñeñepolítica hacen el show mediático de mandar a la cárcel al gobernador Aníbal Gaviria. Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del gobierno y los abusos de la Fiscalía”.

¿Pero en qué se sustenta la indignación de algunos líderes políticos y de opinión, si es claro que en el contrato hay evidentes irregularidades? Ante todo, es indispensable evaluar los argumentos del ente de control. En la intervención del fiscal Barbosa se indicó que según elementos recopilados, bajo la ley 600, Gaviria Correa incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal La Paz, tramo La Cruzada–Caucasia, por cerca de $41.000 millones de pesos.

Se destaca que hubo una serie de irregularidades en anticipos, adiciones y otros, por lo que para la Fiscalía, “el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”.

Así, a Gaviria Correa no se le acusa de haberse quedado con dineros ni haber recibido sobornos, sino de la responsabilidad que tenía al ser el mandatario de los antioqueños y por tanto era su obligación ejercer vigilancia a las adjudicaciones que se hacían durante su administración, por lo que sus defensores alegan que la medida del fiscal delegado es desproporcionada.

El domingo, Aníbal Gaviria, desde su detención domiciliaria, le concedió una entrevista al portal web Los Danieles en la que expresó, entre otras declaraciones: "Me voy a defender con mucha convicción y con toda la energía. Indudablemente esto es una decisión desproporcionada, arbitraria y sobre todo no fundamentada en el derecho y la justicia. Duele mucho".

Se argumentó, a su vez, que por las condiciones del gobernador, este no representa un riesgo para la sociedad, la investigación o para que eludiera la justicia y no respondiera a los requerimientos de las autoridades.

A este capítulo se le suma que la Fiscalía, por el mismo contrato y caso de Gaviria, compulsó copias para que se investigue a los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y con ello establecer también sus responsabilidades. Esta decisión, a diferencia de la que afectó a Gaviria, no despertó la solidaridad, al menos tan visible, de la opinión pública.

No se trata, desde estas líneas, estar a favor en contra de la Fiscalía, como tampoco se señala al gobernador de responsable o inocente, para ello están las autoridades competentes, pero sí se exigen de las partes transparencia, colaboración y garantías, para aclarar un evento que se muestra como otro triste episodio en el que los corruptos ‘hicieron de las suyas’.

Los entes de control, las instituciones y la opinión pública se tiene que exorcizar de los ‘show mediáticos’, para que se concentren en los resultados que arrojan las investigaciones -no solo en este caso sino en todos los que avanzan-, las cuales deben ser rigurosas, transparentes y respetando el debido proceso. Ello, señor fiscal Barbosa, se logra con oportunidad y eficiencia en los procesos, para evitar las dilaciones y la impunidad que tanto reprocha la sociedad.

A la Fiscalía y su fiscal se le exige eficiencia e imparcialidad en las investigaciones, porque no es oportuno que se retroceda en la lucha contra corrupción, el flagelo que está incrustado en nuestra institucionalidad y que tiene que ser erradicado. Triste sería que se ceda en la estrategia de ir por los corruptos, por líneas que no aseguren oportunidad, imparcialidad y garantías al debido proceso. En palabras coloquiales, que ‘no se mida con el mismo rasero’.

Señor fiscal Barbosa, el Quindío y Armenia sí que ha sufrido de esta calamidad por décadas y aún la sociedad quindiana espera por las decisiones que aclaren las situaciones jurídicas de muchos de sus exfuncionarios. Esa dilación de los casos ha sido ‘cómplice’ para que algunos personajes hayan tenido el tiempo de ser ahora prófugos de la justicia, como el exalcalde David Barros Vélez, que sin haber terminado de pagar su primera condena de 18 años por actos corruptos, desapareció a finales de 2019 cuando fue objeto de otra sentencia, esta vez a 20 años y 3 meses por otros hechos de corrupción, en los que se configuró lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Por años, los quindianos hemos esperado que se resuelvan, señor Barbosa y señores jueces de la República –quienes también tienen responsabilidad en las demoras-, las dudas en algunos contratos de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, quien ya fue destituida e inhabilitada por 11 años, por la Procuraduría, pero que en materia penal, especialmente, no hemos recibido luces para que conozcamos la verdad de su actuar.

Lo último de la señora Hurtado, quien expía culpas y se proclama bendecida en sus redes sociales, es la noticia de agosto de 2019, en la que se informó de la acción de la Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia, que radicó escrito de acusación contra ella, por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, y que habría representado un detrimento al departamento por cuantía de $3.443 millones 361.864 pesos.

No obstante, ese no sería el único proceso, puesto que desde el periodo de su mandato, 2012-2015, ha sido cuestionada por otros supuestos hechos de corrupción, tanto que a finales de 2018 se registró la captura de cuatro personas, entre ellas exfuncionarios de su administración y contratistas.

Asimismo, la ciudad y el departamento están a la espera que se resuelvan los procesos del exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, enredado por la valorización, además de los líos jurídicos de varios exdiputados, exconcejales y exfuncionarios, entre otros.

El caso del gobernador Gaviria muestra que, a pesar de los años del contrato en cuestión, la ciudadanía tiene que conocer la verdad, para que se castigue severamente a los que disponen para sí, de los recursos públicos. La investigación contra la corrupción no debería tener ‘vencimiento de términos’ ni ‘prescribir’, puesto que la impunidad indigna.

El señor Gaviria Correa, al igual que todo ciudadano en Colombia, así lo contempla la Constitución, artículo 29, debe gozar de la presunción de inocencia y del debido proceso, para aportar las pruebas respectivas en su defensa, y será la justicia colombiana en su institucionalidad, no los líderes políticos o de opinión, la que determine su culpabilidad o inocencia. Ese es el Estado de Derecho, que tanto se reclama.

Este caso, nos reitera que los compromisos con la justicia son ineludibles y no hay que olvidar, como sociedad, los hechos de corrupción y quiénes son los corruptos que los protagonizaron. No se puede ser condescendiente con este flagelo, pues según el tercer informe, conocido en septiembre de 2019, denominado Monitor Ciudadano de la Corrupción, realizado con el apoyo de Transparencia por Colombia y La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH), entre enero de 2016 y julio de 2018 se habrían perdido por casos de corrupción cerca de 17,9 billones de pesos del presupuesto de inversión para los colombianos, en especial para los más vulnerables. ¿Vamos a seguir permitiendo este desangre y la impunidad? No cedamos en la lucha contra los corruptos.

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