En la más equivocada de las políticas del gobierno del presidente Santos se ha convertido la limitante que se les está poniendo a los municipios colombianos que han decidido hacer consultas populares contra la explotación minera y de hidrocarburos. Es un freno a la democracia y a la participación ciudadana para decidir sobre el futuro de sus pueblos y de sus vidas. Esa limitación no es más que la violación a los más claros y sagrados preceptos constitucionales y legales.

Y el gobierno ha sacado el peor de los argumentos, el más inverosímil, el más vil, el más tonto y poco creíble: que no hay dinero para financiar las consultas populares contra la megaminería. Y decimos tonto porque la consulta popular que está prevista para este domingo en el municipio de Córdoba, Quindío, tiene un costo ínfimo de $20 millones. Tonto porque mientras dice que no tiene esos $20 millones, si tuvo $40.000 millones para realizar el domingo antepasado la consulta liberal para escoger candidato presidencial.

No nos cabe la menor duda que lo que hay en el gobierno nacional es una clara intención de detener las consultas populares contra la megaminería porque esta participación directa del pueblo, que es la verdadera democracia, terminará por tumbar la llamada locomotora minera del presidente Santos y, de paso, de los próximos gobiernos. Porque para las élites de Colombia que viven en Bogotá y tiene casas de veraneo en Cartagena, nada les importa el futuro de los campesinos y los habitantes de los pueblos, expuestos a la terminación de sus recursos hídricos y forestales, a su fauna y su paisaje, por cuenta de la minería de gran impacto, como lo pretende el gobierno nacional.

Y detrás de esas élites de poder están las grandes multinacionales, las poderosas compañías del mundo que sobornan a los gobiernos para que les permita entrar con sus maquinarias y su tecnología a arrasar montañas y, de paso, la agricultura, los bosques, el agua y los pueblos. Élites nacionales del poder y multinacionales del oro y otros minerales no pueden someter a los pueblos, como Córdoba, a su voluntad, con argumentos tan baladíes como que no hay $20 miserables millones de pesos para hacer la consulta popular.

Ante este panorama, no solo el pueblo de Córdoba, sino todo el Quindío debe movilizarse el próximo domingo, de prosperar la no realización de la consulta. Lo único que le queda al ciudadano es la protesta, la movilización pacífica, salir a la calle a contarles al país y al mundo que en estos riscos de viento del Quindío preferimos un vaso de agua limpia a un gramo de oro saturado de soborno y corrupción. Que amamos el campo, la montaña, el bosque, los animales silvestres, el paisaje y el agua, y estamos dispuestos a defenderlos.

La mejor consulta, el domingo, será esa movilización, que debe triplicar y cuadruplicar la realizada el lunes pasado en Armenia, porque al pueblo no se le puede engañar de forma tan miserable, gastando por un lado $40.000 millones para una consulta política, y negando, por el otro $20 miserables millones de pesos para la consulta popular contra la megaminería. ‘A otro perro con ese hueso’, que a los cordobeses ni a los quindianos los engañan, y para demostrarlo, la movilización ciudadana, en paz y con una alta dosis de cultura, es nuestra mejor arma.