¿Cuántas veces los corruptos pueden meter sus manos en los bolsillos de los armenios? ¿Cuántos miles de millones estamos dispuestos a perder los ciudadanos por la corruptela que practican quienes dicen ser nuestra ‘honesta’ dirigencia? ¿Cuántos, que se autoproclaman dignatarios ‘transparentes’, se pavonean por la plaza Bolívar jactándose de sus riquezas adquiridas luego de desfalcar los recursos públicos? ¿Cuántos capítulos más hay por destapar en los que el Erario fue violentado y los armenios defraudados por un sector de quienes se consideran ‘gente de bien’?

Da repugnancia conocer que los ciudadanos seamos timados por grupos de personajes en los que depositamos la confianza, con nuestros votos, para que administren y gerencien lo que es de todos.

Da pena que nos señalen como una de las regiones del país más afectadas por la corrupción y que el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, nos tenga que recordar que hemos sido ‘trampeados’ por años con obras como las de valorización, el túnel de La Línea y el Proyecto del Centro Cultural y Turístico La Estación, entre otras.

Y da aversión, que a pesar de las evidentes irregularidades, la desidia y la impunidad, no se desenmascaren los responsables de los hechos de corrupción, y que otros sectores muestren su indignación porque se sienten cuestionados.

Aunque mucho se ha escrito sobre la recuperación del sector y el edificio de La Estación de Armenia, que fue declarado en 1989 como Patrimonio Nacional por el Consejo Nacional de Monumentos, nada mejor para resumir los excesos e irregularidades que el artículo del 7 de julio pasado de EL QUINDIANO, titulado ‘Proyecto de La Estación del Ferrocarril: una sucesión de mentiras y un fracaso’.

En el documento periodístico se desvelan los alcances de los corruptos, los que por su accionar tienen al borde de la desaparición a una representativa obra, que fue construida para albergar la administración, archivos, estadísticas, despachos y bodegas de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Ferrocarril del Pacífico, ramales Armenia-Cali-Buenaventura y Armenia-Nacederos.

Han pasado desde 2015, cuando la entonces alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco dio marcha al complejo de La Estación, dos alcaldes titulares más y varios encargados, y ninguno, a pesar de sus vocingleros discursos, lograron salvar o reactivar la iniciativa, que se presentó como la opción para recuperar una obra inaugurada en 1930 y que es una de las muestras más bellas del estilo neoclásico del Período Republicano.

Bien lo describe el informe de esta casa periodística: “En el último año de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia se firmó un contrato interadministrativo, el 08 de 2015, entre la alcaldía de Armenia (Secretaría de Infraestructura) y la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, EDUA, por $5.000 millones para ejecutar la Fase 1 del proyecto. El convenio está suscrito por Julio César Escobar Posada como secretario de Infraestructura, y Sebastián Congote Posada, gerente de la EDUA, ambos juzgados y condenados en el proceso del desfalco con dineros de la contribución de valorización”, al igual que la exmandataria, quien purga condena en la cárcel Villa Cristina.

Pareciera que desde ahí comenzaron las irregularidades, no obstante hay que recordar que los dineros para la ejecución del convenio interadministrativo en mención provenían de recursos del crédito, tras autorización que recibió del concejo municipal, en su momento la exalcaldesa Valencia para endeudar al municipio hasta por $40.000 millones, dineros que también se han esfumado en el tiempo.

En resumen, la obra agrupaba tres fases que tendrían un valor total de $24.000 millones, en las que La Estación se recuperaría y se convertiría en un complejo cultural, turístico y gastronómico para la ciudad, al incluir parqueaderos subterráneos, plazoletas, museo del ferrocarril, salas de exposición, locales, obras viales y peatonales.

Además, contemplaba la vinculación de entidades del orden regional como la gobernación, que aportaría recursos de regalías, y nacionales, Fontur, a la vez que un paquete de rubros de la contribución de valorización, que bien ya sabemos dónde han quedado.

La sucesión de enredos van desde la subcontratación a ‘dedo’ por parte de la EDUA, Al no tener las condiciones técnicas ni financieras que se le exigieron para realizar la obra; la entrega de anticipos a cinco subcontratistas en la fase 1, quienes han recibido los dineros y poco o nada han ejecutado, hasta los incumplimientos de la EDUA al Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, de La Estación del Ferrocarril de Armenia, declarada monumento nacional. Este es el capítulo del vergonzoso ‘hueco’ para los aparcaderos y que enfrentó a la alcaldía de Armenia con el ministerio de Cultura e Invías.

Como lo reveló el artículo de este periódico, la EDUA desembolsó en total 2.720 millones 611.124 pesos, de los cuales, los contratistas, quienes son: Leonel Duque Daza, Jairo Londoño Guativa, Héctor Fabio Báez Guzmán, Juan Pablo Arango Romero y la compañía Materiales Ferrelma SAS, no han ejecutado 1.461 millones 610.846 pesos. Se estima así, que en el ‘hueco’ de La Estación están enterrados cerca de 1.300 millones de pesos, y en los bolsillos de los contratistas, sin ejecutar, hay en este momento 1.461 millones de pesos.

El resto del dinero, para completar los $4.500 millones que el municipio le entregó a la EDUA para el contrato se encuentran desglosados: $1.000 millones en una cuenta bancaria, y $780 millones más en manos de la EDUA, cobrados por administración del proyecto y casi todos gastados.

Como si fuera poco, las obras de este complejo cada vez se empantanan más, pues aunque los contratistas no han ejecutado los anticipos sí exigen en un eventual reinicio de obras la actualización de los valores, por tanto lo que tienen en su poder no alcanzaría para lo estipulado, además se requieren ajustes en los diseños para cumplir el PEMP, revisar los cinco subcontratos que otorgó a ‘dedo’ la EDUA, pero no hay quién ejecute dicha tarea, y se confirmó la existencia de déficit financiero debido al mal manejo y pésima planificación.

Crece la desazón ante este panorama, pues nadie responde mientras pasan alcaldes titulares y encargados, así como funcionarios de la secretaría de Infraestructura y la EDUA y ninguno sin asumir responsabilidades y menos la defensa de lo que es de todos.

El último gerente de la empresa de desarrollo, Jamer Chaquip, ya dejó las toldas de esta administración, no sin antes ratificarse en los informes que se promocionan desde el área técnica de la entidad local: liquidación de los contratos, como se lo expresó en informe al alcalde encargado Jorge Ospina: “…esta gerencia recomienda la liquidación, tanto del contrato interadministrativo suscrito con la secretaría de Infraestructura, como los contratos derivados celebrados con cinco contratistas, ante las falencias jurídicas que se evidencian en su celebración y la insuficiencia de diseños definitivos que contengan todas los requisitos y recomendaciones contenidos en los contratos interadministrativos y en el Plan Especial de Manejo de Patrimonio, acordados con el Invías y el Ministerio de Cultura, lo cual a juicio de esta gerencia hace inviable su reinicio”.

¿Liquidación de los contratos significa que los subcontratistas devolverían los dineros de los anticipos o por el contrario habría ‘cruce de cuentas’ y ‘paz y salvos’ en detrimento de los recursos de los armenios? ¿Es decir, el que pierde es el municipio? ¿En dónde quedan las responsabilidades de los exalcaldes Carlos Mario Álvarez, quien aún tiene sobre sí los líos de la valorización, y Óscar Castellanos, permisivos frente a estos hechos claros de corrupción? ¿Por qué le mintieron a sus gobernados solo ofreciendo titulares de prensa con el reinicio y hasta entrega de obras de La Estación?

Lo anterior exige de los entes de control la apertura de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias contra ellos como cabezas de la administración municipal, y de sus funcionarios respectivos de EDUA y secretaría de Infraestructura. Los armenios exhortan a las autoridades a que se revele la verdad.

Es agobiante la falta de diligencia de quienes ejercieron la titularidad de la Contraloría Municipal en los dos últimos períodos, para investigar el paradero de los recursos de los contribuyentes y definir las responsabilidades fiscales de los exfuncionarios, pues la Contraloría General de la República, CGR, no puede abrir procesos por la procedencia municipal de los rubros. Sabemos que la actual contralora Isabel Cristina Carvajal ya le metió ‘el diente’ al tema y esperamos que pueda ahondar en la investigación y que haya resultados lo más pronto posible.

Y más indignante es la desidia de los concejales de la capital quindiana, que no han ejercido en estos últimos cinco años el control político y la vigilancia, como junta directiva de la administración local, de los dineros que se diluyen ante los ojos de quienes están llamados a proteger el municipio.

Sean estas revelaciones el soporte para que la sociedad civil repudie sin condescendencia la apropiación indebida del Erario y se aglutine en la lucha frontal contra la corrupción, en férrea defensa de lo público. Alienta lo dicho por el ingeniero Luis Fernando Márquez, miembro de la Veeduría Control Quindío, para quien es posible rehacer el proyecto de La Estación, y bien cuenta la ciudad con agremiaciones como la Sociedad de Ingenieros, la Sociedad de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas, SMP, y otros gremios y sectores cívicos, que reconocen la importancia de estas obras para Armenia, que tendría no solo un atractivo más sino recuperaría su Patrimonio Nacional. ¿Armenios, cuánta más indignación podemos expresar por la corrupción y no hacer nada?