Solo los países que tengan desarrollado el sector agropecuario alcanzan buenos indicadores en la sociedad. El sector primario de la economía, el campo, es la base del crecimiento y del movimiento de los demás factores, como la industria, el comercio y sectores como el turismo y el financiero.

Si el país continúa en el atraso del sector agropecuario, no será capaz de sacar adelante los verdaderos proyectos de justicia social y paz. Por eso, y con mucha razón, el primer punto que se abordó y se aprobó en los acuerdos de La Habana con las Farc para la terminación del conflicto armado en Colombia fue el de la Reforma Rural Integral, que incluye no solo la entrega de tierras a los campesinos, sino una revolución en subsidios, créditos, tecnología y condiciones óptimas de infraestructura para el campo, incluyendo salud y educación.

En la implementación de los acuerdos de paz se habla mucho de la participación política, de la justicia transicional, de la cárcel o no para los que se han acogido al proceso, del tema del narcotráfico, pero casi nada, por no decir que nada, del trascendental tema de la Reforma Rural Integral.

Para nadie es un secreto ya en Colombia, por lo menos para los que quieren entender el problema, que el principal origen de la guerra yace en la desigualdad en la repartición de la tierra. La triste ecuación de concentración de esta en pocas manos, no dejó que el país avanzara como debió ser y, por el contrario, su crecimiento se degeneró en una guerra y en una confrontación donde uno de los principales motivos fue la concentración de propiedad de la tierra.

Hay quienes afirman que en el siglo XXI ese ya no es un problema porque el país ya no es rural y el 85% de nuestros habitantes vive en centros poblados, estamos completamente urbanizados. No es cierto, seguimos trancados en el mismo problema, porque, repetimos, mientras no haya un desarrollo del campo, no hay posibilidades de desarrollar adecuadamente otras áreas del país. Mientras permanezca la inequidad, la injusticia social, la enorme brecha de desigualdad en el ingreso, seguiremos caminando como el cangrejo, para atrás.

Pero no es solo la propiedad de la tierra, sino las prácticas gubernamentales efectivas para que ella sea productiva. Es mentira que solo lo pueden hacer los grandes propietarios, las multinacionales a quienes se les están entregando tierras en todo el país. El pequeño y el mediano propietario también pueden ser exitoso, pero necesitan subsidios, apoyo tecnológico y científico y, muy especialmente, un trascendental apoyo en la cadena de comercialización de sus productos.

Nada de esto hay hoy en las políticas públicas del país, con seriedad y rigor. Por eso, el campo sigue atrasado, el productor estancado y quebrado y el país sin posibilidades de desarrollo. En el panorama político regional y nacional no se oyen propuestas de los candidatos sobre este particular. Muy pocos. En el ámbito local le hemos oído un discurso cercano a esta propuesta al representante liberal Luciano Grisales, y en lo nacional, al candidato presidencial Gustavo Petro. Sin embargo, creemos que esta debería de ser una propuesta en los programas de todos los políticos, porque está signada como la verdadera sensatez pública para lograr el desarrollo social, la equidad y la paz.

Sin campo no hay ciudad, dice el eslogan de Panaca, y nosotros diríamos, sin campo no hay equidad, ni justicia social, ni paz, pero parece que muy pocos lo entienden en las esferas del gobierno y de la política.