Las nuevas consultas interpartidistas que se realizarán conjuntamente con las elecciones para Congreso de la República, le valdrán al pais $33.000 millones de pesos. Casi lo mismo que costó la consulta liberal donde fue escogido como candidato de ese partido a Humberto de la Calle.

Las nuevas consultas se realizan el 11 de marzo, y se harán para escoger el candidato de la coalición de los partidos Centro Democrático y Conservador, donde participan tres aspirantes; y, por el otro lado, los de la izquierda, Petro y Caicedo.

Cuando se hizo la consulta liberal se le vino encima el mundo a este partido y a los candidatos De la Calle y Cristo, dizque porque era un despropósito gastarse $30.000 millones en esa apuesta democrática que está contenida en la Constitución Política de 1991. Llovieron las críticas, tanto de la izquierda y de la derecha. El uribismo, con sus senadores y hasta los propios precandidatos del Centro Democrático, como los propios amigos de Petro, se vinieron lanza en ristre contra el 'innecesario' gasto de esa consulta liberal.

Ahora, cuando les toca el turno de la consulta, los senadores y precandidatos uribistas y los mismos petristas, guardan silencio. Y los que por obligación han tenido que opinar sobre los costos de esa consulta, han argumentado lo mismo que esgrimieron, frente a sus críticas, De la Calle y Cristo en su momento: esos son los costos de la democracia.

Lo cierto es que tanto una como otra, la consulta liberal como las dos consultas interpartidistas el 11 de marzo, son muy costosas. Pero mucho más esta última, porque es la misma estructura que se utilizará para recepcionar y contabilizar la votación para Congreso de la República. La gente se pregunta: ¿Dos tarjetones más valen $30.000 millones? Eso, en realidad es exagerado, aunque se comprende que no solo es la impresión de los tarjetones, sino la disposición de ellos, la contabilidad de los mismos y el dinero que por ley deben recibir aquellos que participan en las dos consultas, para que hagan sus respectivas campañas.

Lo ingrato de todo este barullo es que mientras miles de millones de pesos se utilizan para las consultas de los partidos políticos, que tienen el poder del país, el gobierno y la Registraduría se niegan a imprimir y contabilizar 5.000 tarjetones para la consulta popular contra la megaminería en el municipio de Córdoba, Quindío, que ya ha sido autorizada y que ha superado todas las demandas posibles, incluyendo las que contra ella pusieron los ministros de Hacienda y de Minas.

En 1991 por intermedio de la Constitución, y en los años subsiguientes cuando la ley reglamentó las consultas populares, este fue uno de los grandes avances de nuestra democracia, aplaudido por el país entero y por los organismos y las instituciones políticas internacionales. Hoy, esas consultas se han convertido en un malestar para muchos ciudadanos, cuando se trata de consultas de partidos; y para el gobierno y los políticos, cuando se trata de decisiones del pueblo sobre problemas fundamentales, como la megaminería.