Duele la muerte a manos de sicarios del líder de Buenaventura Temístocles Machado. Este hombre venía trabajando con su organización ciudadana por la defensa del territorio y la tierra para los campesinos de una parte de la vía interna alterna del barrio la Isla de la Paz del puerto del Valle del Cauca. Su gran pecado fue defender a sus congéneres, liderar la resistencia pacífica contra las bandas criminales, narcotraficantes y otros actores armados que se han apropiado de sus tierras. Además, había denunciado la crisis humanitaria del puerto y el papel que en la misma juegan las grandes empresas. Era un hombre humilde, pobre, pero con una profunda conciencia social.

Su organización del barrio La Isla de la Paz hacía parte del movimiento del Paro Cívico de Buenaventura, que el año pasado tuvo en jaque al gobierno nacional, obligándolo a pactar una serie de soluciones a problemas históricos en el puerto, que, en su mayoría, no han sido resueltos. Al asesinato de Temístocles Machado se suma una larga lista de líderes sociales en Colombia, en todos los rincones del país, porque ser líder social se ha convertido en ser objetivo militar de la ultraderecha y de los grupos paramilitares y de narcotraficantes que se han apropiado de los territorios de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

Líderes sociales que venían trabajando en la legalidad, reconocidos como tales por el Estado, por el gobierno y por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, están siendo asesinados en toda Colombia. Es un pecado o un delito en este país defender el territorio, pedir la tierra que les han quitado, solicitar ayuda humanitaria, denunciar las agresiones y el desplazamiento, o simplemente liderar movimientos que claman soluciones sociales a la gran crisis de pobreza que viven diversos sectores del país.

Se le suman ahora, los muertos que está poniendo la desmovilizada guerrilla de las Farc, un hecho que no solo atenta contra el acuerdo firmado entre esta organización y el gobierno para la terminación del conflicto armado, sino que empieza a parecerse al exterminio sistemático que hizo esa misma ultraderecha, acompañada de agentes del Estado, contra el grupo político Unión Patriótica, ocurrido en los años ochenta y noventa, solo por pertenecer a la izquierda. Pasarán muchos años más en Colombia para que esta y las nuevas generaciones puedan comprender el perdón, y aceptar que todos podemos vivir en paz en el mismo espacio.

Y, para empeorar el panorama, para empezar la semana con pesimismo y tristeza, este fin de semana que pasó se llenó de dolor por los atentados en Barranquilla y en Soledad, donde grupos al margen de la ley asesinaron a cinco patrulleros de la Policía e hirieron a cerca de 42 más, en un cobarde atentado con bombas. Todo indica que se trata de una acción del Eln en conjunto con otras bandas delincuenciales que actúan en esta parte del país. El gobierno debe aplicar toda la inteligencia policial y del Estado para hallar los responsables, algunos de los cuales están ya siendo judicializados.

Y, si se prueba que en este vil asesinato y atentado está detrás el Eln, si el comunicado que emitieron es de ellos, el presidente Santos debe retirar de inmediato la delegación del gobierno en Quito y suspender los diálogos con este grupo armado. No se puede estar sentados en una mesa dialogando sin acuerdos previos, en los que deben primar el respeto a la vida y a la infraestructura del país. Si, repetimos, se comprueba que el atentado es un asunto del Eln, queda demostrado que no hay voluntad de diálogo, y menos de paz. Aquí pierde mucho más el grupo guerrillero que el gobierno. El gobierno que debe asumir una posición fuerte, no solo de defensa, sino una ofensiva contra aquellos que están atentando contra inocentes policías y contra la estabilidad del país.