El mundo moderno de las redes sociales se está convirtiendo en el peor mundo del hombre que añora la verdad, el respeto y las relaciones pacíficas de convivencia y tolerancia en la sociedad. Esa lucha universal por la equidad pareció, en algún momento, tener su punto máximo en la comunicación y la información por la oportunidad que les abrió a todas las personas del universo la Internet y las posteriores redes sociales. Pero, parece que, finalmente, todo se derrumba con su abuso. La mentira, como herramienta para obtener resultados personales, individualistas y con negras intenciones, es lo que domina.

Por eso la decisión de la Corte Constitucional que obliga a los usuarios de las redes sociales para que respondan por la información que publican en sus cuentas, con la misma rigurosidad que se les exige a los medios de comunicación, parece un paso importante, en Colombia, para empezar a regular este tipo de medios de comunicación colectivo, masivo y social.

La Corte dijo que “el ejercicio adecuado de la libertad de información, implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales, pues de lo contrario, al presentar información sustentada en rumores, invenciones o malas intenciones, se excedería el ámbito de protección de este derecho y de paso, se atentaría contra los derechos a la honra y al buen nombre de terceros”. El fallo obliga a la rectificación de las mentiras o de las calumnias o injurias contra personas, cuando se vulneran sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad.

El fallo de la Corte Constitucional protegió los derechos de la abogada antioqueña Carmen Olfidia Torres Sánchez, quien interpuso ante la alta corte una tutela, y quien le atribuyó al concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra Hoyos la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad. La abogada denunció que Guerra Hoyos difundió en su sitio web oficial y en su cuenta personal de Twitter “información falsa relacionada con el proceso penal al cual fue sometida en Estados Unidos en 2011, y de su relación contractual con el Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña”.

El fallo obliga a Guerra a rectificar, a retirar las calumnias de su página web y de sus redes y a no volver a referirse a la señora Torres en esos términos. “Ordenar al señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Concejal de Medellín, Antioquia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, retire de su dirección web www.bernardoguerrahoyos.com, y su cuenta de Twitter @BernardoAGuerra, el boletín de prensa publicado el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), contentivo de la información trasgresora de las garantías fundamentales de las señoras Carmen Olfidia Torres Sánchez y Marilsa Torres Sánchez”. “…que rectifique en una declaración en sesión plenaria del Concejo Municipal de Medellín, Antioquia, en su página web oficial www.bernardoguerrahoyos.com, su cuenta de Twitter @BernardoAGuerra y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, las afirmaciones señaladas en el fundamento jurídico número 23 del acápite del caso concreto de la presente providencia”. “…que en lo sucesivo, se abstenga de referirse públicamente a la señoras Carmen Olfidia y Marilsa Torres Sánchez, utilizando afirmaciones que afecten sus derechos al buen nombre y a la honra”.

Esta sentencia hace jurisprudencia en el país sobre la particularidad del uso indebido de las redes sociales, pero no es suficiente. El Estado debe de tener mayores garantías para ofrecerles a los ciudadanos, ahora que todas las personas no solo pueden opinar, sino denigrar, mentir, inventar, calumniar e injuriar a otros por las redes, para inducirlos a ciertas acciones en favor de una causa política o una decisión económica, o amorosa y de otras características.

Las redes sociales ya no son el beneficio del que nos hablaron al principio, sino que se están convirtiendo en un peligro social. Y eso hay que controlarlo.