Cuando se realizó la consulta popular del partido Liberal, les llovieron críticas a los dos candidatos, De la Calle y Cristo, porque se iban a gastar cerca de $30.000 millones para saber cuál de los dos sería el candidato de esa colectividad a la presidencia de la República. Ahora, en las elecciones del 11 de marzo, no solo hay una, sino dos consultas interpartidistas para escoger candidatos a la primera magistratura de la nación, la primera entre el partido Conservador, con dos aspirantes, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y el Centro Democrático con Iván Duque; y la segunda entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Y resulta que el gobierno, a través de la Registraduría Nacional se gastará una suma igual, $30.000 millones, (por fuera del gasto de las elecciones para Congreso) y, oh sorpresa, ahora nadie ha dicho nada ni han criticado a los candidatos ni a los partidos por gastarse ese dinero, en vez de ponerse de acuerdo sin necesidad de consulta.

Esta consulta interpartidista del próximo domingo es mucho más perniciosa que la primera, pues es una distorsión de la voluntad real de cada partido. Como todo el mundo va a las urnas porque al tiempo se realizan las elecciones para Senado de la República y Cámara de Representantes, pues es evidente que los tarjetones para la consulta interpartidista los van a pedir y marcar una enorme cantidad de personas que no pertenecen ni a uno ni al otro partido de la disputa. Lo harán solo por conveniencias para sus propios grupos y partidos que no están en esa consulta, pero que tienen intereses en que gane uno u otro.

Por eso, el próximo Congreso de la República debe tratar de cambiar la forma de las consultas, sin desecharlas, porque con ellas se superó la escogencia de candidatos a dedo o, como se decía antes, a través del bolígrafo de los jefes en Bogotá. Por ejemplo, debe hacerse solo entre los militantes, carnetizados o no. En todas las ciudades y pueblos, sí, con ayuda de la Registraduría, pero donde solo participe ese grupo, concentrando los votantes en un solo sitio de cada ciudad, como se hizo alguna vez cuando apenas nacía el Polo Democrático. Los directivos y miembros del partido que hará la consulta deben financiar la actividad en cada ciudad, pueden hacerlo en sus propias sedes y con el dinero que anualmente les aporta el Estado por tener su respectiva personería jurídica.

En todo caso hay que buscar dos objetivos claros: primero, bajarle sustancialmente los costos, y segundo, evitar que otros partidos se inmiscuyan en los asuntos del movimiento que hace la consulta para escoger su candidato, o los partidos que se interesen en consultas interpartidistas.

De las consultas del próximo domingo pueden salir muchas sorpresas: Que Martha Lucía Ramírez le gane a Iván Duque, aunque este encabeza las encuestas de preferencias electorales. Le podría ganar si los otros partidos, que también van a las mismas elecciones, direccionan a sus votantes para que pidan ese tarjetón a los jurados y marquen Martha Lucía, para derrotar a Duque y así al uribismo.

También puede pasar que los partidos distintos a la contienda de Petro y Caicedo, como el Liberal, el Verde, el Polo y el movimiento de Fajardo decidan pedir y marcar la tarjeta por Petro, solo por hacer lo contrario al Centro Democrático, dándole un poder mayor al exalcalde de Bogotá, que, seguramente, se reflejará de forma inmediata en la opinión pública.

De todas formas este tipo de consultas distorsionan y reflejarán hechos diferentes a los que se hubieran presentado si estas se hubieran hecho aparte, en días diferentes y con la sola participación de los integrantes de cada partido.

Es urgente una reforma a este tipo de democracia participativa, aunque la figura de la consulta partidista o interpartidista siga siendo importante, y debe conservarse, pero transformada.