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Editorial  |  02 octubre de 2017  |  12:00 AM

Un contrato de príncipe

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El contrato que el gobierno departamental le dio al señor Fernando Medellín Lozano, parece una de aquellas mesadas que el gobierno español le da al rey de esta nación, después de restablecida la monarquía, tras la muerte del dictador Franco: Jugoso y millonario. No importa la modalidad, el de Medellín es un contrato personal, por $36 millones mensuales, mientras que su gobernador solo percibe, en el mismo período $12 millones.

¿De qué le sirve al departamento del Quindío tener este tipo de contratos? Es decir, ¿Cuál es el costo beneficio de este gasto tan grande? Pues ninguno, porque la comunidad, la sociedad que paga los impuestos para que se los devuelvan en beneficios, no recibe nada. Y pensar que este no es el primer contrato que se le ha dado al señor Medellín, un señor venido de Bogotá al Quindío a descrestar calentanos, donde infortunadamente el primer calentano descrestado y desplumado ha sido el propio gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá.

¿Cuál es la función que tiene que cumplir el señor Medellín para que le paguen un salario de rey? Es una actividad realmente simple: seguimiento y control de las metas estratégicas del plan de desarrollo, a través del tablero de control de metas. En buen romance, hacer informes sobre cómo va el cumplimiento del plan de desarrollo. Esta actividad la han hecho históricamente funcionarios de Planeación, uno o dos, con informes de cada uno de los secretarios de despacho.

Se trata de trabajar sobre un software de la administración, basado en trasladar la información de los planes, objetivos, metas y actividades, apoyados en tecnologías de informática. La información termina en forma de semáforo, verde, amarillo y rojo, que indica cómo va el proceso. Cualquier persona con un mínimo de experiencia en este software y en la administración, que los hay, y muy buenos en el gobierno departamental, realiza la función con un pago que no supera los tres millones de pesos mensuales. Además, muchos de los insumos se consiguen en Internet, y en las páginas de los ministerios. En otros términos, es alimentar el programa con información que entregan los secretarios de despacho, y ahí sale el semáforo.

En verdad, este contrato es un descaro, un despropósito, un abuso con el presupuesto del departamento y con los impuestos de los quindianos. No se discute si es legal o no, por el momento, sino su condición de inmoral, pues cuando se invierten los dineros públicos en un solo individuo, solo con el interés de echarle al bolsillo la plata que es de todos, ahí hay un acto que riñe con la ética y con los principios de transparencia y buen gobierno. Y lo que prometió el cura en la campaña política fue todo lo contrario.

Razón tiene la senadora Claudia López al denunciar estas prácticas y al recordar que en las elecciones pasadas la gente del Quindío luchó por derrotar a la señora Sandra Hurtado por los hechos de corrupción que se conocieron, pero no para seguir en las mismas con el señor Osorio Buriticá. Da tristeza, produce dolor saber que una elección y un gobernador en quien se fincaron tantas esperanzas, nos traiga tan temprano tantas decepciones.

En lo legal, hay que mirar con lupa el contrato de marras, pues la ley 617 de 2000 dice claramente en su Artículo 74: “Asignaciones de los servidores públicos territoriales. Ningún servidor público (y los contratistas lo son) de una entidad territorial podrá recibir una asignación superior al salario del gobernador o el alcalde”. Y aquí, al señor Medellín le pagan tres veces más que al gobernador.

Este gobierno pudo ser bueno, si el cura Osorio hubiera recibido con prudencia y humildad, como rezan los cánones de la Iglesia, la primera recomendación que se le dio: Ni Medellín ni Casasbuenas le convienen a su gobierno, y menos al departamento del Quindío. Aún está a tiempo, gobernador, dele un timonazo a su mandato, no sea que vaya a terminar revocado, destituido o en la cárcel. ¡Qué Dios lo ampare!

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