Se queda corta la Resolución 0000718 del 22 de marzo de 2018 emitida por el ministerio del Transporte y en la cual pretende ‘poner en cintura las llamada fotomultas.

Se queda corta por el daño económico que ha causado este sistema que sigue operando en las carreteras colombianas sin control alguno, siguiéndole el ejemplo al ‘negociazo’ que montó en el 2012 el alcalde de Calarcá Juan Carlos Giraldo Romero, creando una sociedad entre la administración municipal, una empresa ficticia y Empresas Públicas de Calarcá.

El sistema montado en Calarcá que causó tanta polémica e indignación en el territorio nacional, fue trasladado a otras ciudades intermedias del país en donde operan como ‘Pedro por su casa’ en detrimento de la economía de los colombianos que tiene la obligación de utilizar las vías nacionales en sus recorridos en virtud de sus trabajos o como turistas.

Y decimos que es un “atraco a mano armada” porque las tan criticadas fotomultas son cobradas a cualquier conductor, al que escojan, al de ruana como decían los abuelos. A la persona, conductor, que pasó por ejemplo por la vía La Dorada con rumbo a la costa, en una autopista nacional en donde el límite de velocidad es de 80 o 100 kilómetros por hora, le envían la fotomulta diciéndole que debe pagara 400 mil pesos por exceso de velocidad, ya que el límite era de 40 kilómetros por hora y este pasó a 60 kilómetros por hora. Que falta de lógica.

Más claro no canta un gallo. Qué engaño, a quien se le ocurre que en una autopista debe ir a 40 kilómetro por hora, solo a los guardas encargados de llenar las arcas de quienes tienen el negocio tan controvertido hace unos pocos años en Calarcá.

Pero el atracó sigue. Lo que no saben los agentes de tránsito de La Dorada, Caldas, es que en la fotomulta aparecen otros carros que iban en caravana a la misma velocidad con el que le hicieron la sanción, es decir, simplemente escogen, no importa la velocidad, lo que realmente es cobrar la multa a quien sea.

El ministerio de Transporte aparte de controlar a quienes están en actitud de montar estas empresas, debe revisar las que ya existen. Son muchos los ciudadanos que han sido víctimas de este sistema en las diferentes carreteras del país y que ha tenido que hacer esfuerzos para pagar dichas multas. Las quejas son de casi todos los viajeros que en Semana Santa, vacaciones de mitad y de fin de año salen a descansar, pero que quedan más cansados a los ocho o quince días cuando sin razón y explicación alguna les llega la tal fotomulta por vía correo.

Los turistas, así conduzcan a baja velocidad ya les da temor salir o pasar por ciertos lugares del país, y si lo hacen deben agregar al presupuesto del paseo los 400 mil o más pesos para poder movilizarse. Y si en Calarcá se hizo un escándalo contra el sistema que dio lugar a sanciones a quienes lo montaron y su suspensión, no puede ser que esté operando en otras partes del país como si nada.

Somos conscientes que exceder los límites de velocidad causa accidentes de graves proporciones y cuando se hacen las sanciones legales, seguro que la mayoría de personas pagan sin reparo alguno, pero hacerlas sin justa causa y simplemente a la “loca tolondra”, es decir seleccionando a cualquiera, es un atraco a mano armada, y en ello debe intervenir el ministerio del Transporte.

O será mejor seguir el consejo de una amiga: “No seamos ingenuos, las falsas fotomultas hay que pagarlas con fotodinero”, y así quedamos a la par.