La industria de la construcción en el Quindío empezó a paralizarse, tras la decisión de un Juzgado de decretar la suspensión provisional de dos artículos del Plan de Ordenamiento Territorial. Con dicha suspensión provisional, los curadores urbanos de Armenia no pueden expedir licencias de construcción para edificaciones con las especificaciones de retiro de cuerpos de agua de 15 metros a lado y lado, como se hacía hasta hace poco, como tampoco lo pueden hacer para obras públicas como vías, muros de contención, edificios públicos y similares.

En este entendido, las construcciones con estas especificaciones que ya tienen licencia urbanística de la curaduría, pueden seguir adelante, o iniciarse si no lo han hecho, siempre y cuando la licencia haya sido expedida antes de la decisión del juez. También están activas las relacionadas con remodelaciones y adecuaciones. En cambio, aquellos que están tramitando licencias nuevas deben adoptar la norma de retiro de cuerpos de agua de 30 metros a lado y lado, que, según el juez de la causa, es lo que manda la legislación nacional, de acuerdo con la interpretación jurídica de este servidor de la justicia.

El problema radica en la incertidumbre. Porque si se tramite la licencia con retiro de 30 metros y, finalmente, en la decisión de fondo, el Tribunal Administrativo dice que es a 15 metros, entonces muchos constructores perderán parte de su lote. Y ante la incertidumbre, es mejor paralizarse y esperar. Y esa espera, esa incertidumbre es la que puede dar al traste con la dinámica del mercado. Especialmente si tenemos en cuenta los tiempos que demora la justicia colombiana para tomar sus decisiones de fondo. De manera pues que estas incertidumbres legales y la paquidermia judicial, como queda dicho, podría dar al traste con el desarrollo urbanístico de la ciudad y, sobre todo, con la dinámica económica y de empleo que ofrece el sector de la construcción.

No se trata de criticar la actuación del juez, que hizo lo que constitucional y legalmente le correspondía al recibir la demanda respectiva. Ni mucho menos criticar o echarles el agua sucia al denunciante, al señor Quiceno y al Procurador para asuntos de tierra, el doctor Diego Trujillo. No señores, tanto el juez como los dos demandantes estaban cumpliendo a cabalidad no solo lo que les dicta sus conciencias, sino lo que les manda la ley. En el caso del procurador de tierras, está en la obligación de defender el Paisaje Cultural Cafetero.

De manera que lo que se nos viene, de llegarse a demorar el fallo definitivo sobre la nulidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, no es culpa de quienes están en la obligación de vigilar, como atalayas, el cumplimiento de los preceptos legales y constitucionales. Y, de todas maneras, frente a la magnitud de los hechos, no es momento de buscar responsables o culpables, sino de hallar soluciones. Es en este aspecto que se reconoce el verdadero liderazgo de la región, en enfrentar las dificultades y encontrar el camino para salir avante.

Por eso, y frente a la discusión de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial que está haciendo el gobierno municipal de Armenia, debería de haber un consenso entre todas las partes interesadas para que, de acuerdo con las normas nacionales, se puedan hacer las correcciones pertinentes. Es decir, dejar sin vigencia los artículos polémicos, etéreos del POT que están demandados y suspendidos, adoptando unos nuevos, que defiendan el Paisaje Cultural Cafetero, el agua, pero también los intereses de desarrollo urbanístico de Armenia. Y ahí hay una gran responsabilidad de la administración municipal, incluyendo el concejo local. Hay que actuar en consonancia con los problemas actuales, para no paralizar el desarrollo urbanístico.

La otra solución está en la mano de los jueces. Apurar la decisión final, el POT que se debe de adoptar, para que se acabe la incertidumbre y evitar que la ciudad detenga su crecimiento urbano y, de pronto, que caiga en una recesión y un desempleo peor al que ya tenemos. Señores jueces, señores magistrados, hay que darle prioridad a este asunto, es una cuestión social que incluye a todo un pueblo y no solo a individuos o empresarios aislados. Armenia merece una mejor suerte.