Hace poco dijimos que ni un solo abogado del Quindío había sido incluido en los tribunales que fueron conformados con ocasión de la vigencia de la llamada Justicia Transicional para la Paz. Lo más lamentable es que no solo no hay gente oriunda del Quindío en este Tribunal, sin importar la universidad que otorgó el título de abogado, sino que no se nombra a nadie proveniente de las universidades de nuestro entorno.

Y, bueno, si revisamos los tribunales regionales, especialmente los del Quindío, son muy escasos los profesionales de nuestras universidades. Hay en el Quindío una antigua facultad de Derecho, en la universidad La Gran Colombia, de Armenia, que por estas calendas cumplió sus primeros 40 años de existencia. Sin embargo, a pesar de su vigencia en la región, sus profesionales no ocupan los más importantes cargos del sector judicial en el departamento.

Los hemos visto descollar en la política y la administración pública, cargos que tienen como característica la recomendación, el padrinazgo y los ‘méritos’ que se hacen con los jefes o caciques de partidos, pero no siempre por las capacidades intelectuales o, en estos casos, jurídicas, de los agraciados con tales puestos públicos políticos. En muchos casos, infortunadamente, estos profesionales han terminado enredados en hechos de corrupción y han ido a parar a la cárcel.

De manera que no podemos decir que nuestros abogados, los que titulan año tras año las universidades locales, que ahora son dos con la entrada en la escena académica de la facultad de Derecho de la universidad Alexander Von Humboldt, carecen de la suficiencia profesional para ser tenidos en cuenta para las grandes dignidades de la rama judicial. Muchos jueces y fiscales pertenecen a estas universidades, pero no así magistrados de los Tribunales del Quindío y mucho menos de las altas cortes de la nación.

Este no es un comentario negativo, como podrían calificarlo algunos. Por el contrario, es un llamado para que revisemos con mucho cuidado las razones por las cuales los nuestros, los abogados de nuestras universidades no alcanzan esas dignidades. En la conformación de los miembros de los tribunales de la Justicia Transicional para la Paz, se vieron profesionales provenientes de muchas universidades de provincia, y no solo de Bogotá, pero hubo una gran ausencia en el caso del Quindío.

Estamos seguros que, por lo menos una de las dos universidades nuestras, La Gran Colombia, cumplió su mayoría de edad, es ya mayorcita, y debería de ofrecerles a sus egresados las calidades suficientes para aspirar, en igualdad de condiciones, con cualquiera otro abogado del país, a las grandes dignidades. Si no lo ha hecho, es hora de revisar las razones por las cuales esto no ha sucedido. Estamos seguros que no son desgano o desgaire o falta de interés de los egresados. Ni tampoco falta de títulos de posgrados, pues en este claustro se ofrecen constantemente especializaciones y maestrías en varias ramas del Derecho.

La crisis de la rama judicial, el escándalo en las altas cortes, la conformación de los tribunales de la JEP, nos pone en un momento preciso para analizar cuál es la calidad de abogado que están entregando las universidades del Quindío. Hacerlo con absoluta racionalidad, sin pasiones, con una mirada absolutamente académica y científica. Y, aprovechar la coyuntura para mirar con lupa la educación en valores y en ética profesional que están ofreciendo las universidades, todas en general y en todas las carreras, a todos sus estudiantes.

¿Quiénes son los corruptos del Quindío? ¿Quiénes son los violadores de los principios de trasparencia, la moral y la ética en los cargos públicos regionales? Pues los profesionales de nuestras universidades, repetimos, de todas. De manera que es el momento ideal para trazarnos un norte en este sentido, y trabajar para formar buenos profesionales, competentes, pero, especialmente, excelentes ciudadanos, defensores de lo colectivo, que tengan la conciencia de que el dinero público es sagrado.