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Judicial  |  15 diciembre de 2018  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Cayó el Cartel de la Contratación en el Quindío. Les contamos detalles de los capturados y los contratos que obtuvieron

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 contratos irregulares por una cuantía cercana a los $30.000 millones de pesos, son los primeros hallazgos que generaron las órdenes de captura de por lo menos seis personas este vienes 15 de diciembre en Armenia, por cuenta de la Fiscalía General de la Nación. Fuentes del Palacio de Justicia de Armenia dijeron que la audiencia de legalización de capturas se realizará este sábado y, de inmediato se les imputarán los cargos.

Entre los capturados está el principal contratista, el ingeniero José Carlos Vergara Mendoza, oriundo de Corozal, Sucre, pero residente en Bogotá, gerente general en Ingeniería y Consultoría Nacional –Inalcon SAS. La otra contratista es su esposa, Sandra Janeth Forero, reconocida en el gobierno de la exmandataria Sandra Paola Hurtado porque se paseaba ‘como Pedro por su casa por los pasillos y las oficinas de Infraestructura y el despacho de la gobernadora.

Los otros capturados son exfuncionarios del gobierno departamental en la administración de la señora Hurtado: Jhon Edward Parra Peña, exdirector Administrativo y Financiero de la secretaría de Aguas e Infraestructura; y John Fáber Quintero Olaya, exsecretario de Representación Judicial y Defensa del Departamento y quien fuera hace poco funcionario de Empresas Públicas del Quindío.

Las cuatro personas antes señaladas están retenidas en los calabozos de la Fiscalía de Armenia. Sin embargo, hay dos personas más implicadas en el asunto, Isabel Cristina Ortiz, exsecretaria de Aguas e Infraestructura y la propia exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio. Aunque las fuentes del Palacio de Justicia de Armenia no confirmaron sus capturas, sí afirmaron su implicación en la vista judicial de este sábado.

Hechos

¿Por qué los investigan? Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de la Nación, incluyendo cuatro fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, se orientan a esclarecer los millonarios contratos realizados en el gobierno de la exmandataria Sandra Paola Hurtado Palacio y que podrían superar los $180.000 millones, como quedó claro en la sentencia de última instancia de la Procuraduría General de la Nación, que inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos y destituyó del cargo a la señora Hurtado.

Sin embargo, lo que se va a mostrar este sábado es lo que la Fiscalía ha hallado más evidente: seis contratos, dos de ellos en el PDA, Plan Departamental de Aguas, y cuatro más en la secretaría de Aguas e Infraestructura, que sumados alcanzan la cantidad de $30.000 millones.

En el Plan de Aguas

El primer contrato del PDA fue por $6.000 millones y se trataba de una consultoría para la construcción de 12 Planes Integrales de Acueducto y Alcantarillado para diez municipios y dos centros poblados del Quindío. De este dinero, el gobierno de la exgobernadora Hurtado le pagó al contratista Vergara $4.000 millones. Los $2.000 millones restantes no se los pudo cancelar porque los documento fueron aportados 11 días después de los cierres financieros del Sistema Nacional de Participación, pues la plata corresponde a destinación específica, Saneamiento Básico.

Se negaron a pagarles

El contratista Vergara y su esposa Sandra Forero se presentaron en el 2016, cuando ya había asumido el cargo de gobernador el sacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá y se encontraron con un juicioso equipo jurídico que se negó a pagar la deuda, argumentando que el contrato no había cumplido los objetivos pactados. Por ejemplo, proponía, el estudio, que el acueducto de Filandia se sirviera de aguas del río De la Vieja, lo que era un despropósito. También, se encontraron numerosos párrafos que correspondían a municipios del Quindío con citas textuales de regiones como Huila, Chocó y Arauca. Esto evidenciaba que no hubo estudio, sino un ‘copia y pegue’ en el informe final. De aplicarse estos Planes, los municipios hubieran quedado peor, de lo que estaban antes de realizarse.

Demanda contra el departamento

Como el departamento se negó a pagar, Vergara lo demandó, y el Tribunal del Quindío falló a favor del contratista. Al tiempo, abogados de la gobernación actual apelaron de la decisión ante el Consejo de Estado, donde está el pleito.

Sin embargo, todas estas irregularidades terminaron siendo conocidas por la Fiscalía, tras varias visitas que hicieron funcionarios de esta entidad y de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a las oficinas de la gobernación, lo que generó las capturas y el juicio que se inicia este sábado.

El otro contrato con el PDA, también otorgado a Vergara, fue un estudio y acciones para mitigar el fenómeno de La Niña, que para entonces había golpeado fuertemente la región. Y, aunque se pagó completo, corrió la misma suerte del descubrimiento de irregularidades similares al anterior.

Cuatro contratos incumplidos

Los otros cuatro contratos fueron con la secretaría de Aguas e Infraestructura, con dineros provenientes de la nación a través de Invías (2), Fonade (1) y uno último con recursos propios. El problema con estos cuatro contratos fue que el contratista Vergara incumplió la ejecución de estos contratos de obra pública y se vio en la obligación de cederlos, sin antes recibir los pagos de los dineros de aquello que había adelantado. Para los investigadores en la adjudicación de los contratos y en la cesión se cometieron muchos errores legales.

No es la primera vez que Vergara incumple un contrato, según un portal Web de Ibagué, “la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), sancionó al consorcio Aguas del Tolima, representado legalmente por José Carlos Vergara Mendoza, con la suma de 367 millones de pesos, por incumplimiento del contrato de consultoría. Este contrato se refiere al ajuste, actualización o formulación de estudios y diseños de proyectos para los sistemas de alcantarillados de centros poblados rurales y cascos urbanos del departamento.

Posibles cargos

La Fiscalía podría este sábado imputarles por lo menos cinco cargos: celebración indebida de contratos, contratación sin cumplimiento de requisitos legales, detrimento patrimonial, peculado por acción y concierto para delinquir.

El Quindiano conoció el organigrama que reposa en la Fiscalía sobre el Cartel de la Contratación en el Quindío, que aparece encabezada por una pareja, seguida por varias personas, contratistas, funcionarios y abogados, más de 20 individuos y enseguida los nombres de los contratos por los que se les investiga. Sin duda, esta es apenas la punta del Iceberg de la investigación que realiza la Fiscalía.

 

 

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