Los alcaldes de las capitales de departamentos, reunidos en Bogotá, le pidieron al gobierno impulsar con urgencia una reforma a la política criminal y penitenciaria del país, tras el aumento desaforado de la inseguridad en las ciudades.

En un comunicado conjunto, los alcaldes dijeron que el hurto es uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos y se percibe un incremento en al menos 18 ciudades capitales en comparación con el año anterior. “En lo corrido del año se observa que de las denuncias recibidas, el hurto en todas sus modalidades corresponde al 30 % del total. La principal modalidad de hurto que se denunció fue el hurto a personas, con un 56 %. En lo corrido de 2017 se han detectado 2.803 personas reincidentes, con lo que se consolidan en el delito y desafían a las autoridades y a la propia sociedad”, manifestaron.

Los alcaldes advierten que “desde la entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal abreviado, de las capturas en flagrancia, el 55 % corresponde a hurto. De los delincuentes reincidentes que han sido capturados, la autoridad judicial ha decretado medida de aseguramiento al 70 % de los casos, quedando en libertad el restante 30 %, a pesar de su condición de reincidencia y que debió haber quedado con medida de aseguramiento”.

Los mandatarios, reunidos a través de la Asociación de alcaldes de capitales de departamentos, pidieron trabajar para reducir el hurto en todas sus modalidades en las capitales principalmente afectadas. En este sentido afirmaron: “Los alcaldes requerimos:

a) Una revisión del tratamiento penal frente a los reincidentes.

b) Una política efectiva frente a las organizaciones delincuenciales dedicadas a la comisión del hurto.

c) Un trabajo articulado entre las instituciones para georreferenciar en cada capital los lugares en donde más se cometen hurtos, con el objeto de priorizar su intervención.

d) Crear equipos interdisciplinarios para judicializar correctamente a los reincidentes.

e) Establecer mecanismos interinstitucionales para lograr la detección temprana de las organizaciones criminales.

f) Asegurar por parte de las autoridades el cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1826, que dispone que la libertad del capturado reincidente representa un peligro futuro para la sociedad”.

Microtráfico

El otro tema de la reunión, también relacionado con la inseguridad, ha sido el del microtráfico. Manifiestan los alcaldes: “El microtráfico es otro de los mayores desafíos a la seguridad ciudadana, ya que está asociado con la comisión de conductas delictivas como homicidio, hurto, lesiones personales y extorsión, lo que lo convierte en un grave problema de salud y seguridad pública. Los cambios de jurisprudencia recientes que pasan de la dosis mínima a las dosis de aprovisionamiento han generado dificultades en la operatividad para combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y han desprotegido entornos protectores como los parques y las zonas escolares.

Hemos constatado que las bandas de microtráfico, con el fin de ampliar su mercado, han tomado como objetivo a población joven y vulnerable. Según estudios recientes, el consumo de cocaína en Colombia, entre la población universitaria, aumentó en un 12 % entre 2009 y 2016, (pasando el consumo de 2,4 % en 2009 a 2,7 % en 2016). La situación de la marihuana es más alarmante: desde 2009 su consumo ha aumentado en un 50 %”.

Igual que en el tema de los hurtos, los alcaldes solicitan, para combatir este problema, una intervención del gobierno nacional, de la siguiente manera:

“a) Que la política criminal en materia de drogas no se debilite y que se combata con especial fuerza del Estado las organizaciones criminales que venden drogas a menores de edad.

b) Que se realicen investigaciones regionales integrales, que involucren a todas las autoridades competentes para atacar todo el ciclo del narcotráfico desde la producción, distribución, comercialización y flujo de capitales.

c) Tener en cuenta variables como el aumento del consumo de drogas sintéticas frente a las tradicionales, para desarrollar las investigaciones correspondientes”.

Excarcelaciones masivas

Las excarcelaciones masivas están provocando graves problemas de seguridad en las ciudades, según el comunicado firmado por los alcaldes. “Según las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, con las que se definió el término de duración de las medidas de aseguramiento, desde el primero de julio de 2017 (fecha de entrada en vigencia), han quedado en libertad más de 5.500 personas en Colombia. El 11 % de los beneficiados con libertad, hace parte de organizaciones criminales dedicadas al hurto, microtráfico y homicidio, entre otros delitos, lo que hace más compleja la situación de seguridad de nuestras ciudades. De estos ya han sido recapturados delinquiendo 694 individuos que fueron dejados recientemente en libertad”.

Sobre este particular, el comunicado de los jefes territoriales de las capitales de departamentos precisan: “Los alcaldes reclamamos con carácter urgente la derogatoria de estas leyes y solicitamos que nuestro régimen procesal reconozca las limitaciones de la administración de justicia y que los términos de detención preventiva resulten suficientes para proteger la seguridad de la sociedad, los derechos de las víctimas y el debido ejercicio de la justicia. De esta manera pedimos al Gobierno Nacional que en el mediano plazo implemente una reforma a la Justicia que mejore la eficiencia al aparato judicial y acorte los tiempos de procesamiento de personas que incurren en delitos”.
 

Política penitenciaria y carcelaria

La sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento en las penitenciarías es otro de los fenómenos graves denunciado por los alcaldes. “Pese a las reiteraciones que los alcaldes hemos realizado frente a la necesidad de construir una política penitenciaria y carcelaria sólida, y que responda a las realidades del país, seguimos observando con preocupación cómo los entornos carcelarios presentan graves limitaciones, como la sobrepoblación y el hacinamiento, y falencias en los mecanismos de resocialización de los reclusos. Así mismo evidenciamos poca confiabilidad en la verificación del cumplimiento de las medidas no privativas de la libertad. Estas circunstancias influyen en los índices de reincidencia y favorecen la consolidación de nuevas estructuras delincuenciales y el aumento de la criminalidad en las principales ciudades”, afirma el comunicado conjunto.

Finalmente, instan al gobierno nacional a promover una reforma a la política criminal del país. “Los alcaldes unidos en un frente común instamos al gobierno nacional a promover una reforma legal a la política criminal y penitenciaria en Colombia, con lineamientos claros y con seguimiento permanente, que permita hacer frente a la grave problemática que afronta el país y que trae consigo serias consecuencias en materia de seguridad ciudadana”.