Tal y como estaba previsto se realizó el cabildo abierto convocado para discutir en el Concejo de Armenia lo relacionado con las obras de valorización, para escuchar la opinión de particulares que se inscribieron, y a funcionarios e invitados por la corporación.

Los funcionarios de la administración responderán por escrito, el próximo martes 22 de noviembre, las preguntas que formularon los intervinientes.

En total, se habían inscrito 15 personas, de las cuales participaron 14, a quienes la presidencia les concedió el uso de la palabra durante el tiempo que permitían la resolución reglamentaria de la convocatoria y normas concordantes.

Al debate asistieron el contralor municipal, James Medina Urrea; la personera, Juliana Victoria Ríos, y las delegadas de la Defensoría del Pueblo, Paula Hurtado, y de la Procuraduría Regional, Ana Milena Galeano Infante. Todos se abstuvieron de pronunciarse porque adujeron tener averiguaciones en curso y no poder hablar sobre ellas sino cuando estén terminadas.

Durante las intervenciones se escucharon quejas relacionadas con que el procedimiento que se utilizó para la adjudicación de las obras no fue correcto y que, de un presupuesto inicial aprobado por 91 mil millones de pesos, se aumentó a 134 mil millones, con incremento de 47 %.

También, en las intervenciones se llamó la atención en que 47 grandes empresas no han pagado la contribución de 22 mil millones, que en conjunto les corresponde, en tanto que los pobres son los más puntuales en cubrir sus obligaciones.

En el debate quedó claro que el gobierno municipal no apropió las partidas presupuestales para asumir el pago de la contribución que les correspondería a propietarios de predios de estratos 1 y 2, como se dispuso en el acuerdo que aprobó las 12 obras.

Augusto González Peralta, alcalde encargado, expresó que, en términos generales, los ciudadanos de Armenia admiten que las obras son necesarias para el desarrollo de la ciudad.

Uno de los participantes insistió en que en el proyecto inicial para la programación de las obras se contempló que no habría lugar al pago de intereses, pues los contribuyentes tenían plazo de varios años para pagar la contribución, y los costos financieros ya estaban contemplados en los créditos bancarios.

Otra de las quejas se refiere a que por norma legal algunas instituciones que poseen inmuebles no deben pagar la contribución, cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, como el caso de Suteq, que con aportes de los maestros colombiano construyeron un edificio por el que les llegó una cuenta de 16 millones de pesos.

Luis Guillermo Agudelo dijo que le llamó la atención cómo la licitación para dos paquetes de obra las ganaron la misma empresa, lo que también ocurrió con la firma de interventoría: la misma para ambas licitaciones. Agudelo dijo que para la construcción de las obras y la interventoría se presentaron siempre tres proponentes, pero que dos de ellos no entregaron pólizas, por lo que se debía adjudicar a la única que en ambos casos reunía ese requisito. Igual con la interventoría.