La Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, manifestó total respaldo a las acciones de tipo fiscal, penal y disciplinario anunciadas por los entes de control del país.

Igualmente, aplaudió la estrategia de vigilancia y control denominada “Transparencia para la Emergencia”, construida por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para trabajar articuladamente, actuar de manera oportuna y unificar capacidades para constatar la óptima administración de los dineros destinados a garantizar la atención de los colombianos y controlar la propagación del coronavirus.

“Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos, que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades, proporcionando ayudas y soluciones para los sectores más vulnerables de sus poblaciones, se aprovechen de la emergencia y sean ellos los primeros saqueadores de los recursos con que deben atender la crisis”, dijo la Auditora después de conocer el informe que entregaron de forma conjunta la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Asimismo, indicó que desde que el gobierno central declaró el estado de emergencia para afrontar la pandemia del Covid-19, la Auditoría dio instrucciones claras a las contralorías territoriales para hacer seguimiento en tiempo real a la contratación que para tal efecto hagan las alcaldías, gobernaciones y todas aquellas entidades de los niveles territorial y local bajo su vigilancia.

“Resulta indispensable que por parte de las contralorías territoriales se haga un control inmediato a las inversiones producto de estas contrataciones, en procura de salvaguardar los recursos públicos utilizados con fundamento en la pandemia Covid-19”, puntualizó la Auditora, al tiempo que les indicó: “hago un llamado a los jefes de los organismos de control fiscal territorial para que den cumplimiento a sus deberes constitucionales y legales de realizar vigilancia y control fiscal a cada peso del patrimonio público que sea invertido en sus territorios”.

También, a través de las 10 gerencias seccionales de la Auditoría General, requirió a los órganos de control fiscal territorial para que notifiquen, en tiempo real, las contrataciones celebradas por la modalidad de urgencia manifiesta, que han venido ejecutando las alcaldías, gobernaciones y todas aquellas entidades del nivel territorial, en todos los rincones de la geografía colombiana.

“Es absolutamente inaceptable que algunos gobernantes y servidores públicos, quienes están llamados a dar ejemplo de honorabilidad y pulcritud en el manejo de los recursos del Estado, se sirvan de la emergencia para sacar provecho en beneficio propio; estos funcionarios deshonran el Estado Colombiano y merecen castigos ejemplarizantes”.