La Procuraduría Regional del Quindío confirmó la suspensión provisional por tres meses del alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero, tras el inicio de investigación por presuntos hechos de corrupción en la adquisición de mercados para atender la pandemia del Coronavirus en esa municipalidad.

La decisión de suspender por tres meses al alcalde la tomó el pasado 23 de abril la Procuraduría Provincial de Armenia, lo que obligó al gobernador del Quindío a nombrar como alcaldesa encargada a la secretaria de Defensa y Representación Judicial del departamento Paula Huertas. Esa suspensión es la que acaba de confirmar la Procuraduría Regional del Quindío.

Los hechos

El día veintiuno 21 de abril de 2020, el señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, propietario del supermercado El Progreso de Calarcá, le contó a la Contraloría y a la Procuraduría que fue abordado por funcionarios del municipio de Calarcá con el fin de adquirir mercados para la atención de la población vulnerable de esa jurisdicción, indicando que accedió, suministrando elementos de la canasta familiar solicitados por el municipio, cuestión que legalmente resultare materializada en virtud del contrato de suministro N° 005 fechado el día ocho (8) de abril de 2020, entre el denunciante y el señor José Winser Garzón Tobaria por valor de $15 millones de pesos. En este caso, el señor José Winser Garzón Tobaria, actuó en representación de la alcaldía municipal de Calarcá.

Aparece el nuevo contrato

Después de firmado este contrato, un amigo del señor Abelardo de Jesús Echeverri, lo llama y lo felicita por el gran negocio que hizo con la alcaldía. “Se le apareció la virgen”, le dijo. Echeverri no entendía, pues $15 millones, que era el negocio que había firmado no representaba mucho dinero. El amigo, le mandó el contrato 007 de 2020, suscrito entre Abelardo de Jesús Echeverri Penagos con el municipio de Calarcá por valor $396 millones 951.000 pesos.

El señor Echeverri se da cuenta que ese contrato no lo firmó él y decide comunicarse con el alcalde Luis Alberto Balsero Contreras, quien lo visitó en las instalaciones del supermercado El Progreso. El alcalde no supo dar explicación del contrato, y se comprometió a ofrecerle respuesta dentro de los cinco días siguientes. La respuesta del alcalde no llegó, y, por el contrario, el señor Abelardo recibió un correo electrónico el día 21 de abril donde le envían unos documentos para su firma. Con asombro, Abelardo de Jesús observó que se trataba del Contrato de suministro N° 007 del 2020, y anexos relativos a su ejecución, por los $396 millones de pesos, que él nunca había firmado y que, por supuesto, no firmó los anexos que le enviaron.

La denuncia ante la Contraloría

Con todos estos elementos, el señor Abelardo de Jesús, ese mismo día 21 de abril, se va a la Contraloría General del Departamento e instaura la denuncia. El contralor, llama a la Procuraduría Provincial y se inicia la investigación. La Procuraduría Provincial de Armenia, procede a consultar la página web de la Agencia Colombiana de Colombia Compra eficiente en sus plataformas SECOP I y II, en las cuales se verifica que no se publicó el contrato N° 005 de 2020 por valor de $15 millones. Pero constata que se cargó en la referida plataforma SECOP I, el contrato N° 007 de 2020 por valor de $396 millones 951.000 pesos. Negocio jurídico que no reconoce el señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos haber celebrado a nombre propio o a través de la persona jurídica que representa esto es, aquella de razón social "Inversiones Echeverry Trujillo S.A.S. Con establecimiento de comercio denominado Almacén Supermercado "El Progreso", ni de ninguna otra persona natural o jurídica.

Actuación de la Procuraduría

Con todos estos elementos de prueba y el testigo clave Abelardo de Jesús Echeverri, la Procuraduría realiza las consultas pertinentes, abre la investigación correspondiente, no solo contra el alcalde Balsero, sino también contra su secretario Administrativo José Winser Garzón Tobaria; el subsecretario Administrativo Juan José Correa Lopera; el jefe de la Oficina Jurídica, Gesner Arneth Rengifo Arias (exfuncionario de la Procuraduría); la secretaria de Servicios Sociales y de Salud Laura Estefanía Arenas Arias, y la contratista Natalia Vannesa Castillo Martínez.

La Procuraduría pidió a la administración municipal allegar toda la documentación respectiva, lo que le correspondió hacer a la alcaldesa encargada Paula Huertas, que asumió funciones el 24 de abril a las 0:00 horas.

Después del análisis de toda la documentación, la Procuraduría Provincial podrá elevar o no los cargos pertinentes y convocará a un juicio oral, si es pertinente, que se caracterizan por ser de procedimiento rápido, antes de que, seguramente, se venzan los tres meses de la suspensión.

Para la mayoría de los abogados consultados por EL QUINDIANO, aquí hay una configuración de varios delitos, pero el principal es la falsedad ideológica en documento público, que tiene implicaciones de tipo penal.

La defensa de Balsero

En tanto, los abogados del suspendido alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero, radicaron en la Procuraduría Provincial una solicitud de urgencia de pruebas, para demostrar la inocencia de su defendido.

Dentro de las pruebas que aportaron los abogados de Balsero está la existencia del contrato 007, del 13 de abril de 2020 con el señor Abelardo de Jesús Echeverri, dueño del supermercado El progreso de Calarcá, por un valor de $396 millones de pesos, y la legalidad de las firmas.

Los abogados de Balsero también presentaron dos cuentas de cobro que había pasado a la alcaldía el señor Echeverri, que suman un poco más de $52 millones de pesos y equivalentes al suministro de los primeros 1.000 mercados, de los 7.000 descritos en el contrato 007. Se preguntan los abogados: ¿Si no había contrato, como lo dice el señor Echeverri, por qué razón pasó las dos cuentas por la cuantía mencionada para su pago?

Igualmente, los abogados presentarán el certificado del SECOP donde aparece publicado el contrato 007 del 13 de abril, pero también el contrato 005, del primero de abril, que el señor Echeverri dice que él firmó por $15 millones para el suministro de mercados, cuando en realidad es un contrato firmado por la señora Ana María Arroyave, para el suministro de elementos de seguridad en salud y aseo.

Así mismo, la defensa presentará una línea temporal de conversaciones por WhatsApp, donde el señor Echeverri se ratifica en el contrato, por una parte, y en el cobro de la primera cuenta por $52 millones de pesos.