El mismo José Manuel Ríos Morales, alcalde suspendido de Armenia confirmó mediante video, la decisión de la Procuraduría General de la Nación de ratificar la suspensión provisional que le impuso por tres meses, el pasado 4 de junio.

El Ministerio Público le notificó a Ríos Morales alcalde elegido de Armenia, la determinación adoptada en el sentido de mantenerlo alejado del cargo, en el marco de investigación que adelanta en su contra, por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones de pesos.

En un video grabado en espacio campestre, el alcalde suspendido informó la notificación de la Procuraduría y aseguró que sigue haciendo uso de los procedimientos legales para continuar con su proceso de defensa, ratificó su compromiso y respeto por los procedimientos de los entes de control y agradeció el apoyo moral y espiritual que le han hecho llegar con voces de respaldo sus seguidores en esta zona del país.

Como se sabe, el órgano de control investiga presuntas faltas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por $500 millones de pesos, 02 de 2020 por $350 millones de pesos, 03 de 2020 por $300 millones de pesos, y 04 de 2020 por $442.340.500.

Alude la Procuraduría en la suspensión a Ríos Morales, a un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del covid-19, lo que puede advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.

La medida cautelar contra el alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales, tomada por la Procuraduría pretende evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos.

Para el órgano de control la inactividad del alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que su permanencia, advertía la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia.

El Ministerio Público infiere que, aunque el alcalde advirtió que no contrataría más, si se trata de otros procesos y otras contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que supera los $100.000 millones y la contratación pública es una actividad permanente, que no depende de la voluntad de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y de los ciudadanos.

El ente de control enfatizó en que las instrucciones del alcalde a sus subalternos, generan un sesgo y comprometen la objetividad e imparcialidad de la administración a la hora de evaluar las presuntas irregularidades y advierte que posiblemente estaría utilizando recursos de la entidad para su defensa.

Al ratificar la Procuraduría, la suspensión al alcalde de Armenia por conductas que afectan la moralidad administrativa por parte de los contratistas y funcionarios de la administración, se suman investigaciones que adelantan otras instancias, tras la remisión de copias a la Delegada para la Conciliación Administrativa, encargada de analizar la viabilidad de activar los medios judiciales de control de las contrataciones, al tiempo que llama la atención sobre posibles falsedades y conflictos de intereses en la gestión de dichas contratos.

Como se sabe, no solo es investigado el alcalde José Manuel Ríos Morales en desarrollo de dicho proceso, también la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), el secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano, y el asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita (para la época de los hechos), además de haber sido sancionado el subdirector de Bienes, José Javier Acero Osorio.

En el Quindío se esperan decisiones de la Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y Contraloría, entidades que avanzan en investigaciones por los mismos hechos.