Por Fabio Olmedo Palacio

Los últimos datos oficiales del DANE, señalan que a raíz del confinamiento adoptado por el gobierno nacional, como estrategia necesaria para contener el virus, se perdieron cerca de 4 millones de puestos de trabajo, es decir, 1 de cada 5 colombianos que lo tenía dejó de trabajar, en términos porcentuales, llegamos a la escalofriante cifra del 21.4% de desempleo en el país, siendo Neiva, Ibagué y Armenia, las tres ciudades con mayor desocupación. El estudio muestra una realidad que conocíamos, pero que requirió nuevamente del covid-19, para ser visualizada, el 57% de los ocupados estaba en la informalidad y estas actividades representaban el 40% de los ingresos nacionales. La recuperación económica y por ende, la del empleo, requiere de políticas transformadoras, agresivas y que se salgan de la ortodoxia macroeconómica nacional, la que nos debe producir un mix, entre las enseñanzas de las escuelas tradicionales de generación de empleo y medidas que salgan de nuestra propia naturaleza como país. Ese mix como le llamo, debe atreverse a conciliar las 3 economías, la formal, la informal y la subterránea.

Respecto a esta última, sabemos que Colombia viene de un estado de confrontación permanente, con bandas terroristas al margen de la ley durante los últimos 50 años, alimentado todo esto por el narcotráfico que produce una economía subterránea, que en muchos casos es muy difícil detectar, medir y controlar, sin embargo, las cifras de crecimiento, desarrollo y lucha contra la pobreza, por lo menos hasta antes de la pandemia, estaban por encima de muchos países de la región.

En primer lugar, la economía formal tiene recetas que van desde generar gasto público, en obras de infraestructura para la competitividad nacional e internacional, como por ejemplo, la doble calzada Calarcá- La Paila y sus conectores , el aeropuerto regional de la Costa Atlántica, el puerto de Tribugá en el océano pacifico, los centros de transferencia de carga en el Quindío y el Tolima, la puesta en marcha de los ferrocarriles que unan el sur con el norte del país, la fase 2 del aeropuerto El Dorado, la reactivación del turismo nacional e internacional, obras que impactan en las zonas más golpeadas por el desempleo, además de mover toda la economía nacional. Igualmente, el SENA y el ministerio de educación deben avanzar rápidamente en uno de los compromisos hechos por el presidente Duque en la campaña electoral y es el de la doble titulación. Por otra parte, consultando las nuevas competencias laborales, deben desarrollarse programas masivos que le permitan a los trabajadores oportunidades de incorporarse en el mercado formal, por ejemplo, en nuevas tecnologías, economía naranja, emprendimiento rural y urbano, turismo experiencial que es lo que esta requiriendo el mercado nacional e internacional. Todo lo anterior, debe estar acompañado de un subsidio a los estudiantes y un incentivo a las empresas que los contraten o a los emprendedores producto de esta nueva política. Debe promoverse la asociatividad a través de cooperativas mutuales y organizaciones no gubernamentales, que permitan que estos grupos puedan volverse proveedores de recursos humanos, bienes o servicios, de las compras estatales a todo nivel u obras públicas. En esta estrategia, el estado en los pliegos tipo, puede entregar un porcentaje adicional en la calificación para su adjudicación tratándose de oferta nacional. Deben revisarse algunos beneficios tributarios, lo mismo que crear un impuesto adicional al patrimonio, para que aquellos que tienen más, debe haber una reasignación del presupuesto y un endeudamiento público, aprovechando la credibilidad de que goza el país en los mercados nacionales e internacionales. Igualmente, insisto en el pago del gobierno de los parafiscales a las PYMES y MIPYMES, es decir “debe haber tanta generación de empleo como se pueda y tanta asistencia social como se necesite”.

En el mercado informal, llegó la hora de pagar la deuda social, que el estado tiene con este amplio sector de la población, de millones de hombres y mujeres que diariamente salen a las calles y campos de Colombia, a ganarse la vida con el producto de su trabajo, impulsado en su gran mayoría por la falta de oportunidades y un nivel educativo precario, donde su único aliciente es sacar la familia adelante. Estamos en mora de entregarles un piso mínimo de protección social que les cubra un techo digno, salud, educación para la familia y una alimentación adecuada. La cobertura en familias en acción, guardabosques, sustitución de cultivos ilícitos, sisben, y ahora el ingreso solidario para aquellos sectores vulnerables que no estaban cubiertos con los programas estatales, deben tener una obligatoriedad para ser recibidos, de un compromiso en educación para sus hijos y capacitación de los demás miembros de la familia en nuevas competencias laborales, para que esto no se convierta en un simple estado asistencialista.

Por último la economía subterránea, que constantemente lucha por no pasar esa línea roja entre lo legal y lo ilegal, por ejemplo, los grandes capitales que se tienen en paraísos fiscales para no tributar en Colombia, como lo anota acertadamente el Senador Carlos Meisel. A todos éllos debe permitírseles la repatriación a costo 0 y por 6 meses, necesariamente sometidos a una legislación especial, que además de recuperarlos, permita crear riqueza y empleo en el país. Esa economía que no tiene estrato social, los profesionales que piden que se les pague en efectivo, los millones de recursos que se mueven en sectores populares, o se guardan debajo del colchón por motivos diversos, debemos bancarizarlos con el compromiso de que ingresen en el mercado formal.