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Columnistas  |  12 julio de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Jhoan Felipe López Castillo

CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL QUINDÍO

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Jhoan Felipe López Castillo

Por Johan Felipe López Castillo

Señor Roberto Jairo Jaramillo,

En el departamento es urgente una política pública de derechos humanos y de paz que garantice la vida y seguridad de quienes ejercen liderazgos locales, no sólo por los antecedentes que ya la defensoría del pueblo regional ha presentado sino por los acontecimientos en los dos últimos meses que han tenido lugar en nuestro territorio. Y es usted quien está en la obligación constitucional y legal de garantizarla.

A saber, el 1 de junio fue asesinada Rosalina Álvarez vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Patio Bonito Alto de Armenia, el 5 de junio amenazaron a la comunidad rural de Salento en donde se advirtió la retoma del control territorial y una campaña de limpieza social por parte de las AUC, el 10 de junio fue amenaza de muerte le presidenta del partido MAÍS en el Quindío, el 12 de junio fueron desalojadas de un predio del municipio de Circasia en el barrio Altos de la Estancia alrededor de 60 familias, incluyendo a personas víctimas del conflicto armado y adultos mayores, el 21 de junio en un hecho macabro siete militares del pelotón Buitres II adscritos al batallón de alta montaña de Génova secuestraron, torturaron y violaron a una niña indígena en el departamento de Risaralda, el viernes 3 de julio en el paso por el Quindío de la marcha por la dignidad hombres de civil presuntamente integrantes de la fuerza pública y con actitud militar, hicieron seguimientos a las/os marchantes durante casi tres horas y el 4 de julio asesinaron al líder social, defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTI y joven trans Mateo López en el municipio de Circasia a plena luz del día y mientras realizaba actividades barriales. ¿En qué estado están las investigaciones de estas graves vulneraciones a los derechos humanos y cuál ha sido su reacción frente a cada uno de estos sucesos?

Sepa usted señor gobernador que está en la obligación de cumplir el decreto 2252 de 2017 el cual le otorga la responsabilidad de ser el primer respondiente en relación a la protección individual y colectiva de líderes y lideresas en el Quindío. También el decreto 1581 de 2017 o política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad, la seguridad de personas, grupos y comunidades en el departamento.

Adicionalmente, tenga en cuenta que existe un marco jurídico internacional que le exige a las instituciones del estado colombiano garantizar el derecho a defender los derechos como lo ratificó recientemente la CIDH en su último informe denominado Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia.

En consecuencia, le solicito garantizar la reactivación y funcionamiento integral del consejo departamental de paz, hacer una rendición pública sobre las decisiones tomadas en el marco del consejo de seguridad y convivencia y definir lineamientos de política para la garantía de los derechos humanos y la construcción de paz en el departamento. Ello, no sólo se traduciría en el cumplimiento de sus obligaciones sino también en la garantía de seguridad y protección de la vida de quienes defendemos los derechos humanos, en la resolución pacífica de las conflictividades y en la cualificación de la precaria democracia quindiana.

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