El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad-DAS y al Departamento Administrativo de Presidencia de la República, que dirigía Bernardo Moreno Villegas, por los seguimientos ilegales realizados contra Iván Velásquez cuando se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009.

Los condenados deberán pagar 225 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a unos $175 millones, para reparar las afectaciones generadas por los hechos ilegales en los que incurrió el DAS.

El fallo condena al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Fiduciaria la Previsora S.A, sucesor procesal del DAS en proporción de 50% cada una, a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicio moral, las sumas que a continuación se relacionan:

· A Iván Velásquez Gómez la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

· A María Victoria Gil Torres la suma equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

· A Catalina Velásquez Gil la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

· A Víctor Javier Velásquez Gil la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

· A Laura Carolina Velásquez Gil la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para el Tribunal, es claro que desde el DAS se desplegaron labores de inteligencia contra el magistrado, las cuales fueron promovidas por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas, pese a que sabía que eran ilegales.

Según el tribunal, en un plazo no mayor a 30 días se deberá realizar el acto de disculpas públicas con la participación de los directores del Dapre, Diego Molano y de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate.

Dijo el Tribunal, que uno de los exfuncionarios del DAS y parte del esquema de seguridad del exmagistrado se aprovecharon de sus cargos para recolectar información que fue entregada a la Presidencia de la República.

Como se sabe, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó en el 2014 a Bernardo Moreno Villegas a ocho años de prisión por su responsabilidad y conocimiento en los hechos que rodearon los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados de las altas cortes y congresistas de la oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El fallo dice que el entonces alto funcionario de la Presidencia Bernardo Moreno, ordenó la recolección de información privilegiada de un grupo de personas y recibió los informes por parte de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado -condenada a 14 años de prisión- quien se los comunicó a Moreno Villegas, al presidente de la República y otros altos funcionarios.

El juzgado por la buena conducta en el cumplimiento de la pena impuesta le descontó a Moreno 57 meses y 19.5 días.

Como se recordará, por las interceptaciones ilegales o "chuzadas" respondieron ante la justicia la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, María del Pilar Hurtado, el ex subdirector de Contrainteligencia Jorge Lagos, el director general de Inteligencia del DAS, Fernando Tabared y Bernardo Moreno, quien era el secretario General de la Presidencia de la República.

Víctor Velásquez, abogado del magistrado dijo que hubo responsabilidad del Estado y por ello responden las entidades comprometidas, sin embargo, estas dependencias podrían iniciar Acción de Repetición contra los funcionarios que originaron los hechos objeto de condena.

Se conoció que el Estado en su condición de parte demandada, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, podrá apelar la decisión ante el Consejo de Estado.