Por Jhoan Felipe López Castillo
Las mujeres defensoras del territorio en Génova develan el proyecto de despojo del agua, del aire, de la tierra y de la cultura que acampa en las faldas de los municipios al sur de la cordillera, especialmente aquellos proyectos de extracción de agua para la producción de energía, promovidos por sectores empresariales nacionales e internacionales, por los gobiernos locales, entidades ambientales y el gobierno nacional.
En consecuencia, la organización EcoGénova -integrada por mujeres- durante los tres últimos años ha luchado contra la instalación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas -en adelante PCHs-. Hoy, alertan sobre las condiciones del proceso de licenciamiento ambiental que reinició en el año 2019 solicitado por la empresa E-eléctrica SAS y que la entidad ambiental departamental han querido tapar de manera soterrada y descarada. Son ellas, quienes están haciendo incidencia jurídica y política y quienes impulsan el recién conformado Comité por la Defensa de Génova, una iniciativa ciudadana que lucha por la defensa de la vida.
Estas líneas buscan apoyar y hacer polifonía de voces a las reivindicaciones de EcoGénova y del Comité en su lucha por la justicia ambiental en el departamento. Justicia ambiental que trae consigo propuestas de economías otras, apalancadas por mujeres, jóvenes, desempleados/as, campesinos/as, profesores/as, es decir, sectores populares que se organizan en Génova desde la complementariedad de las luchas, contra las formas de despojo del capitalismo del desastre que se endosa en el paquidérmico discurso del desarrollo tan promovido en los últimos años en el departamento.
Así pies, Viviana Viera de EcoGénova es propietaria de una finca en la cual cultiva café, plátanos, produce mermeladas y una variedad de productos que son vendidos en el mercado agroecológico de la capital quindiana. Producto de sus investigaciones auto gestionadas, descubrieron que en los predios de su finca se proyecta la construcción del cuarto de máquinas de los más de ocho kilómetros de tubería que tendrían las hidroeléctricas PCH rojo b, PCH gris a y PCH gris b de E-léctrica SAS.
De acuerdo con sus investigaciones, desde el año 2015 la empresa E-léctrica SAS adelanta estudios y socializaciones del proyecto con diversos actores: ex alcalde, concejales, personería municipal, secretaría de planeación. En este mismo periodo, la empresa inició trámites, adelantó permisos e inició el Diagnóstico Ambiental de Alternativas “fases fundamentales para tramitar la licencia ambiental según el decreto 1076 del 2015” (EcoGénova, 2020, p. 5).
En la actualidad, las mujeres de EcoGénova junto al Comité alertan sobre la manera soterrada pero ágil con la que ha venido operando dicha empresa en relación al proceso de licenciamiento ambiental. A saber, la solicitud de permisos a nombre de dicha empresa a la CRQ para la instalación de proyectos de extracción de energía reinició en el año 2019 y proyecta la operación para el 2023, situación que niega la entidad ambiental del departamento pese a existir evidencias (EcoGénova, 2020).
También existen evidencias que prueban que uno de los miembros de la junta directiva de dicha empresa -el chileno Álvaro Guell Villanueva- dirige empresas del carbón como Carbones NorAndinos S.A., Carbones Rivergate S.A., Carbones SativaNorte S.A., Carbones del Perija C.A., Carbones Nueva Naricual C.A y Carbones Rio Neveri C.A. Adicionalmente, Ángel Alberto García Blanco quien figura en la junta directiva de E-léctrica SAS es el country manager de la multinacional Drummmond[1] empresa vinculada a investigaciones por sus presuntos vínculos con grupos armados en Colombia[2].
Así pues, el conflicto tiene que ver, primero, con los intereses extractivos que existen en la producción de energía en el municipio de Génova por parte de empresarios nacionales e internacionales alineados con gobiernos de carácter nacional y local y con entidades ambientales. Ello, en un paquete de proyectos de despojo entre los que se encuentra el sector energético definido como pilar del “desarrollo” desde el primer gobierno Uribe hasta el actual gobierno Duque.
Lo segundo es que, todo proyecto minero requiere un dispositivo robusto de producción de energía que lo sustente, así que ¿el telón de fondo de las PCHs será la minería en la cordillera quindiana? Y tercero, los impactos de las operaciones de las PCHs serían gravísimos no solo en materia ambiental sino también social, cultural y económica para toda la población quidiana.
Por ello, es preciso la solidaridad con el movimiento de mujeres de EcoGénova y con el Comité, ser soporte en su agenda de movilización y replicar su potencialidad. En ese sentido, se podrían impulsar acciones, buscar aliados y activar procesos de toda índole que apunten a fortalecer acciones de litigio nacional, acciones de incidencia internacional, movilización social local y regional, pedagogía socio ambiental permanente e impulsar tejidos organizativos en el departamento, en el país y en la región.
¿Se suman en esto?
Comenta este artículo