La comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina busca un cambio a la histórica indiferencia que han sentido en el trato a su etnia y al valor de los elementos de su identidad cultural, procurando para ello que su derecho a la participación política se vea amparado y, en consecuencia, el material electoral, tanto pedagógico como el oficial para los comicios, sea remitido en su lengua nativa: el creole.

Los raizales consideran que el material que es enviado a las islas para los períodos de elecciones vulnera sus derechos como comunidad étnica, al ser remitido solo en español, ya que no les permite ejercer su derecho a elegir de manera correcta y de esa manera participar en la toma de decisiones esenciales para su existencia como comunidad. En primer lugar, porque impide y dificulta el acceso y el ejercicio del derecho a la participación política y ciudadana de los raizales y, en segundo lugar, porque propicia la desaparición de su lengua, dijo María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.

Es así como la Corte Constitucional seleccionó para revisión, de entre casi 27 mil expedientes, 28 acciones de tutela entre las que se encuentra aquella con la que la comunidad raizal busca la protección de sus derechos a la oficialidad de las lenguas, la participación política, la igualdad y la integridad cultural.

La comunidad étnica raizal vive en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y representa un porcentaje importante de los habitantes de este. Su lengua nativa es de tradición oral y mezcla elementos del inglés, el español y el francés, y simboliza una importante parte de su identidad cultural, su cosmovisión y conocimiento tradicional.

La selección de esta tutela representa un hito en la lucha de los raizales por reinvindicar el valor de su cultura y proteger derechos básicos para su existencia como etnia. La Corte Constitucional consideró en la decisión de selección, que el asunto de la acción era novedoso al abordar enfoque diferencial a favor de la comunidad raizal, explicó la directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.

“Este logro, que es apenas un paso en todo el trámite que tendrá que dar la tutela antes de un fallo, es el fruto del trabajo conjunto de la comunidad raizal por defender su supervivencia cultural, el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, que los ha acompañado jurídicamente en este y otros procesos de defensa de su existencia como etnia y de aliados estratégicos como la Fundación ACUA y la Comisión Colombiana de Juristas, con quienes compartimos la necesidad de proteger las etnias de nuestro país y su legado ancestral”, dijo María Lucía Torres.

Lo que sigue entonces, es el estudio por parte de la Corte, la cual podrá, con su decisión, proteger la identidad cultural y participación política de los raizales y de esa manera avanzar en la tarea de defender los propios contenidos constitucionales al reconocer la existencia de esa etnia en el territorio, con lo que ello implica, anotó la académica.