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Columnistas  |  26 septiembre de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Jhoan Felipe López Castillo

DARLE SENTIDO A OTRO SENTIDO

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Jhoan Felipe López Castillo

Por Jhoan Felipe López

El problema de la vulneración a los derechos humanos y de la persistencia del conflicto social y armado producto de la no implementación del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera por parte del gobierno Duque, retornó como pauta relevante en los contextos local y nacional.

A esta crisis se sumó la precaria gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y local lo que terminó por profundizar las violencias físicas, estructurales y simbólicas contras grupos en situación de vulneración tales como las mujeres, las niñas y los niños, las y los ancianos, las y los jóvenes, líderes/as sociales y las/os firmantes de la paz.

Todo ello, en el contexto de una profunda crisis de democracia, de concentración del poder, de cooptación del estado y de la consolidación de un régimen fascista liderado por la derecha colombiana en una clara estrategia de reorganización política a nivel nacional y local.

Así pues, debemos preguntarnos concretamente ¿cuál es el balance? Acá presento algunos elementos para el análisis a nivel nacional y local. Primero, y según los últimos datos publicados por INDEPAZ, desde la firma del acuerdo de paz hasta la actualidad -agosto de 2020- se han asesinado a 1008 líderes/as y defensores/as de derechos humanos en diversas regiones del país, 226 excombatientes firmantes de la paz y en el año 2020 se han registrado 246 asesinatos en 61 masacres.

Segundo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, registra una de las peores tasas de desempleo y caída del Producto Interno Bruto PIB en Colombia en el segundo trimestre del año 2020, 20,2% y -115,7% respectivamente. En Armenia, se registró la pérdida de 51.736 puestos de trabajo en la pandemia produciendo una escalada del desempleo en jóvenes que ascendió a 41,3% -el sexto más alto a nivel nacional-. Sumado a ello, el índice de homicidio x 100.000 habitantes en la capital quindiana, el cual supera el promedio nacional de 24,6%, ascendió a 28,7%.

Tercero, la alerta temprana 041 del 2020 de la Defensoría del Pueblo estableció que en Armenia, Pereira y Manizales existen contextos específicos de vulneraciones de derechos humanos para diversos grupos sociales, tales como mujeres y hombres entre los 18 y 28 años, niñas, niños y adolescentes, población afrodescendiente e indígena en su mayoría víctimas del conflicto armado, jóvenes -principalmente aquellos con consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales y vinculados a la venta de estupefacientes-, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, población migrante de origen venezolano con vocación de permanencia y en situación de vulnerabilidad socioeconómica y población en situación de calle. Lo anterior, producto de la reestructuración de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado vinculadas a la economía del conflicto armado colombiano (Defensoría del Pueblo, 2020).

Adicionalmente, en el Quindío las organizaciones sociales de víctimas del conflicto armado y Juntas de Acción Comunal siguen denunciando la persistencia de amenazas, de persecución, de estigmatización, de re victimización e incluso de asesinatos de integrantes de sus procesos. También lo hacen líderes/as ambientalistas de la región quienes denunciado el incremento de las amenazas producto de su labor como defensoras/res de derechos humanos y ambientales y su liderazgo en la oposición a proyectos extractivistas basados en enclaves agroindustriales y de monocultivos como el aguacate has, la minería a gran escala, las Centrales Hidroeléctricas, la ganadería extensiva, etc.

Este panorama sitúa la discusión en torno al papel de los derechos humanos en el actual contexto local como un tema de agenda prioritaria de política pública al interior de las instituciones locales, pero también el análisis y discusión de dicho contexto en los escenarios académicos para la promoción de estrategias que coadyuven a la reducción de los escenarios de riesgo.

En consecuencia, la decisiva coyuntura local y nacional en relación a la crisis de derechos humanos, en un contexto de avance conservador que reconfigura el equilibrio de juegos políticos en diversas regiones de Colombia incluyendo al Quindío, detona múltiples interrogantes. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos en el actual contexto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las organizaciones sociales y las personas defensoras de derechos humanos? ¿Cuáles son las respuestas que las instituciones estatales ofrecen? ¿Cuáles son las estrategias de intervención para la garantía de los derechos humanos en contextos locales? ¿Qué papel jugará la sociedad civil en este contexto?

A estos y otros interrogantes tenemos que enfrentarnos en el Quindío, desde una perspectiva popular y con el decidido propósito de darle un giro a la composición del poder en el departamento. Debemos encontrarle sentido a otro sentido.

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