• MIÉRCOLES,  25 NOVIEMBRE DE 2020

Armenia  |  29 octubre de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Fiscalía imputó cargos a exdirectora de Corpocultura, por irregularidades en tres contratos

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Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia (Quindío), la Fiscalía formuló cargos contra Diana Marcela Rodríguez Herrera, exdirectora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura). La exfuncionaria es señalada como presunta responsable de incurrir en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo.

Rodríguez Herrera, al parecer, suscribió tres contratos de prestación de servicios profesionales con entidades sin ánimo de lucro en el 2020 por un valor total de $68 millones de pesos, monto este que fue fraccionado en los referidos contratos así:

Contrato No. 021, con contratista es la Corporación Orígenes Producción y Cultura, $15 millones.

Contrato No. 022 con la Fundación Artística Son Del Timbal, $18 millones y

Contrato No. 023 con la Asociación Oportuna Operaciones, $35 millones.

Dichos contratos tenían por objeto apoyar la realización de un festival de artes, danzas y música bajo el marco del Decreto Presidencial 457 de 2020, en virtud del cual se impartieron instrucciones por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.

Al tramitar y celebrarse los mismos, presuntamente, se vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección objetiva y de planeación, así como de moralidad e imparcialidad.

La procesada como representante legal de la entidad, supuestamente, no acogió las disposiciones legales contenidas en el Decreto 092 de 2017 que reglamenta la modalidad de contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, mediante un proceso competitivo y no de contratación directa.

Presuntamente, la implicada no realizó en los estudios previos que se requieren para evaluar los precios determinados en el mercado, omitiendo los estudios de conveniencia que evidenciarían la viabilidad del éxito del proyecto y justificarían una necesidad motivada para su ejecución, contratando actividades que no fueron estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia causada por la pandemia COVID- 19.

La exfuncionaria no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

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