Por Jorge Eduardo Londoño

Senador de la República

La historia del agro en Colombia se resume en la apatía y desconocimiento que las ramas del poder público y los ciudadanos hemos tenido hacía las campesinas y los campesinos. Los gobiernos no han querido entender que en esa actividad existe gran posibilidad de desarrollo. El legislativo ha preferido dar la espalda y aprobar tratados de libre comercio que, desde los años 90, poco a poco, sin pausa y sin reposo, han cavado la tumba de nuestra economía campesina. Hoy importamos alrededor de 14 millones de toneladas de alimentos al año: vergüenza para un país que tiene suficientes suelos, climas y mano de obra para ser autosuficiente. Además, la inveterada avaricia de un sector de nuestra clase dirigente ha sumido en la ignominia y en el abandono a los pequeños propietarios de la tierra, y ha llenado sus bolsillos a costa de la desdicha de mucha gente humilde.

A pesar de los debates que he adelantado en la Comisión Quinta Constitucional del Senado de la República sobre el precio de los insumos, las compras públicas, la asociatividad campesina, la titulación de pequeños predios, la institucionalidad del sector agropecuario y, en fin, sobre varios asuntos que tienen que ver con la economía campesina, todo sigue igual. No obstante, algo he podido experimentar en carne propia: ni al Congreso, ni al ejecutivo les interesa el tema campesino. Incluso, se utilizan narrativas que tienen como función principal diluir la condición de campesina o campesina. Se habla del emprendedor rural, de lo rural, del empresario campesino y de otras composiciones gramaticales que, en el fondo, insisto, lo que buscan es evitar la discusión sobre la condición de campesina o campesino. Hasta hace poco, esa calidad ni siquiera era reconocida en el censo. A cualquier persona le preguntaban si era asalariado, si pertenecía a las negritudes, si era indígena, empresario o a alguna otra categoría, pero no se encontraba la de campesina o campesino. Fue gracias a una tutela impulsada desde sectores sociales, que la Corte Suprema de Justicia ordenó que se incluyera en el censo.

Bastan pocos ejemplos para ilustrar la precaria situación del campo en la época actual: los recursos asignados al sector agropecuario son pírricos: 0.9% del Presupuesto General de la Nación; en plenaria del Senado de la República no se tramitó un solo proyecto, aprobado en la Comisión Quinta sobre cuestiones del campo, y nada le dice a los ciudadanos y ciudadanas el tema de las afugias de las campesinas o campesinos, quizá no por indolencia sino por ignorancia.

Durante esta pandemia, dos sectores han sido definitivos para evitar la catástrofe: el de la salud y el campesino. Ambos han recibido las loas propias de momentos de crisis. El sector salud evidenció que su situación es caótica y que su institucionalidad no responde a las necesidades ciudadanas; aun así, las EPS, las grandes responsables del caos, han sido las más beneficiadas. Por su parte, las campesinas y campesinos demostraron su capacidad de organización para abastecer las grandes ciudades y los medianos y pequeños poblados. Si no hubiesen respondido con ese amor por el campo, que es característico de ellas y ellos, quizá la hambruna habría sido el detonante de la crisis. Sin embargo, es necesario que ese reconocimiento sea concreto y se materialice en mejor bienestar para un sector que es definitivo en la vida social, política y económica del país.

La economía campesina existe: según informe del Ministerio de Agricultura de 2014, en Colombia hay alrededor de 1.600.000 pequeños propietarios que, en promedio, proveen 3 puestos de trabajo, es decir 4.800.000 empleos. Además dinamizan los sectores financiero, del comercio, del transporte y de combustibles. ¿Cuál sector, con estas características, ha sido tan olvidado? No se trata de una dádiva o una limosna a las campesinas o campesinos, sino del reclamo y exigencia de un derecho.

Cuando la democracia representativa no funciona, porque los voceros de las ciudadanas y ciudadanos prefieren aprobar leyes de honores antes que las de titulación de tierras o asociatividad campesina, surge la legítima posibilidad que ellas y ellos tomen por cuenta propia la defensa de derechos que reconozcan la dignidad de expresiones sociales olvidadas. Uno de los mecanismos de participación que pueden utilizar las colombianas y colombianos para apropiarse de los asuntos más relevantes para la sociedad y darles un trato de jerarquía constitucional es el referendo. A través de esa institución podemos reformar la Constitución e introducir normas con rango constitucional. Precisamente, el Referendo Campesino es una apuesta por el reconocimiento de una expresión vilipendiada e ignorada y es la oportunidad de reivindicar su importancia para el país.

La verdad es que nuestra tradición participativa es bastante limitada, porque no existe la cultura del interés por los asuntos públicos. Somos una sociedad de mercado que se preocupa por las necesidades y anhelos personales, antes que por las afugias de otros. No hemos entendido que el problema del campo tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, pues la seguridad y la soberanía alimentaria cobijan toda nuestra existencia, incluso desde antes de nacer. Todas y todos tenemos derecho a acceder a una alimentación nutritiva y bien cultivada, a través de la cual podamos interpretar nuestra historia y cultura.

En el Referendo convocamos a la enmienda de 7 artículos de la Constitución Política y la creación de uno nuevo. En la artículo 64 de la C.P., proponemos que las campesinas y los campesinos sean reconocidos como sujetos de especial protección constitucional, que tengan acceso a educación formal y no formal, y a bancos de maquinaria; que se reconozca el derecho al territorio, lo que implica que los baldíos le sean adjudicados a esta población, tal y como lo establece la Ley 160 de 1.994; que tengan derecho a una participación activa y no meramente simbólica; que puedan acceder eficaz y eficientemente a la justicia, por ejemplo para la titulación de sus predios; que se reconozca la cultura campesina, y que sus procesos de asociatividad se faciliten.

En el art. 65 de la C.P., se plantea consagrar la garantía de un precio justo para los productos del campo; un control directo, por parte del Gobierno Nacional, del precio de los insumos; la protección de las semillas nativas y tradicionales; la creación de bancos de semillas, y la elaboración de una política que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria. En el art. 66 de la C.P., sugerimos que exista un acceso permanente, pero, sobre todo diferenciado al crédito para las campesinas y campesinos. En el art. 67, pretendemos que exista una educación campesina con enfoque territorial. En el art. 216 de la C.P., aspiramos a que el servicio militar no sea obligatorio para las campesinas y campesinos. En el art. 226 de la C.P., ambicionamos que exista una protección a la producción nacional de alimentos. La última modificación es en el art. 346 de la C.P., donde proponemos la obligatoriedad de una asignación del 4% del presupuesto total de inversión, para el fomento y fortalecimiento de las actividades de la economía campesina. Finalmente, incluimos un artículo nuevo: el Ingreso Básico Condicionado para las campesinas y campesinos, a través del cual puedan vivir de manera digna.

El trámite de un referendo no es tarea fácil, ya que el procedimiento regulado para nuestros mecanismos de participación es engorroso y dificulta la real participación ciudadana, pero la voluntad popular es superior a cualquier norma. Cuando existen problemas, en momentos de crisis como los que estamos viviendo, el imaginario colectivo ha encontrado objetivos comunes que al inicio parecen inalcanzables, pero que resultan realizables. Pienso en las grandes marchas a favor de la paz o en las luchas estudiantiles. Hoy, tenemos un gran propósito: nuestro bienestar alimentario y la dignidad de las campesinas y campesinos de Colombia.

En la primera etapa, necesitaremos, aproximadamente, 2.500.000 firmas que validen el interés popular de cambiar la Constitución. En segunda fase, el proyecto de referendo deberá ser aprobado por el Congreso de la Republica. Este es, quizá, el peldaño más difícil de escalar, debido a que los grandes usurpadores del campo desplegarán toda su capacidad para que no sea aprobado. Sin embargo, estoy seguro que la presión ciudadana y la conciencia de muchos de los legisladores serán superiores a los centenarios intereses egoístas de algunos sectores. Estos tendrán que ceder varios de sus privilegios, ante la insistencia e insubordinación democrática de quienes creemos en el campo como fuente de riqueza colectiva y convivencia social. Posteriormente, la Corte Constitucional deberá revisar su constitucionalidad, y finalmente se convocaría al pueblo para que se manifieste.

Se requerirá el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y estos deberán exceder la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral, el cual es de 38,2 millones. La cuarta parte correspondería a, más o menos, 9.5 millones de votantes. El camino es difícil y muestra que en nuestra realidad política no existe una verdadera democracia participativa, pero el motivo vale la pena y trabajando juntos podemos lograrlo. Es, nada más ni nada menos, que la reivindicación de un sector social poco reconocido y, sobre todo, de nuestro bienestar alimentario.

En buena hora la Dirección Nacional de la Alianza Verde decidió, por unanimidad, apoyar el referendo campesino. Las puertas están abiertas, para que otras expresiones políticas, sociales y académicas entren a coadyuvar este proyecto, que, obviamente, no pertenece a nadie en específico; sino que, insistimos, debe ser un propósito general que nos ayude a construir Nación.

TOMADO DE REVISTA SUR: https://www.sur.org.co/el-referendo-campesino/