Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia. Ciudad sobre la Costa Pacífica cuenta con 450 mil habitantes y vive por estos días una situación de zozobra y terror. En lo que va corrido del año 2021 han sido asesinadas 22 personas, 11 personas han sido declaradas como desaparecidas, 156 familias han sido desplazadas lo que ha afectado de manera directa a 253 personas. En estos días del año se han registrado 38 enfrentamientos armados entre dos o más grupos irregulares armados. En estos enfrentamientos se han utilizado armas de largo alcance como fúsiles AK-47 y armas de fuego cortas. La población vive en permanente zozobra.

La situación se salió de madre a raíz de la división del grupo armado La Local que dio lugar a la creación de dos estructuras que se mantienen enfrentadas, los espartanos y los shotas, como se hacen llamar. Pero también participan de una o de otra manera de esta confrontación los restantes grupos armados irregulares que operan en el Puerto. Según Instituto para el desarrollo y la paz, INDEPAZ, hay seis estructuras armadas que se mantienen activas en la ciudad. Operan allí el Clan del Golfo, el Frente 30 de las Disidencias de las FARC, la banda La Local, La Empresa y un frente del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las que no solo controlan las rutas de salida de la cocaína sino el contrabando que se realiza desde el Puerto, pero también las actividades económicas de la población como el pequeño comercio que es extorsionado y que tiene que pagar impuestos a las bandas criminales. Como lo señaló el alcalde de la ciudad, Víctor Vidal, en el Puerto hay por lo menos 400 armados que poseen armas de combate como los fusiles AK-47, lanza granadas y un sinnúmero de armas cortas.

La ciudad poblada principalmente por afrodescendientes sufre la discriminación racial de una élite que se pretende blanca y que hace oídos sordos desde el gobierno central a las peticiones de los bonaerenses que han protagonizado movilizaciones, paros cívicos, huelgas, etc. En 2017 realizaron un paro cívico durante 21 días lo que llevó al gobierno nacional, a adquirir una serie de compromisos de inversión social que han sido incumplidos en su inmensa mayoría. La situación social es dramática. A finales de 2019 la pobreza cubría al 80% de la población y la tasa de desempleo cubría al 20.3% de la Población Económicamente Activa, PEA.

Todo ello se tradujo en crisis política. Las elites económicas y políticas tradicionales perdieron el control clientelista que practicaron desde siempre. En las elecciones locales del año 2019 perdieron y la ciudadanía cansada del modelo clientelista y corrupto, eligió a uno de los voceros del Movimiento Cívico y dirigente del Paro Cívico del año 2017, Víctor Vidal, que por supuesto en la realidad política de Colombia no cuenta con el respaldo de la secta uribista que nos gobierna. La desidia y la falta de atención a los problemas de violencia es la respuesta de la élite uribista que solo ahora intenta hacer presencia para enfrentar una situación de verdadera crisis humanitaria con problemas estructurales de pobreza, racismo, exclusión social que se traduce en la presencia de grupos armados irregulares que actúan en la más completa impunidad. Como lo dice certeramente el acalde Vidal, la única opción para los jóvenes, es ingresar a las bandas criminales que les ofrecen empleo e ingresos cuando no es que reclutan a sus integrantes de manera violenta.

Ante el desmadre el entrante ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo presencia para presidir un consejo de seguridad en la ciudad, pero las medidas propuestas y adoptadas son más de lo mismo. Aumento del pie de fuerza con 150 nuevos agentes de Policía, dos destacamentos militares nuevos llegarán a la ciudad, se ofrece recompensas para las capturas de los principales lideres de las bandas criminales, y promesas. Nada nuevo. El resultado será el mismo bajaran los índices de criminalidad durante algunos meses para luego volver a la misma situación.

Entre tanto este miércoles 10 de febrero más de 80 mil bonaerenses realizaron a lo largo de 24 kilómetros una cadena humana exigiendo soluciones al gobierno nacional, reclamaron inversión social, condiciones de seguridad, protección a los líderes y lideresas sociales y paz. Presencia no solo militar y policial sino presencia e inversión social por parte del gobierno nacional que como hemos dicho no ha cumplido con los compromisos firmados para el levantamiento del paro en el año 2017.

La situación que se presenta en Buenaventura se registra en todo el litoral pacífico colombiano que comprende territorios sobre la costa del mar pacífico de cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La situación, es particularmente dramática en Chocó, Buenaventura en el Valle del Cauca, en la costa del Cauca y en Tumaco que pertenece al departamento de Nariño.

Pero no es una situación que sea particular a esta macro región del país que mantiene una aguda problemática de tierras, de cultivos de coca, minería ilegal y presencia de proyectos extractivos de minería legal. Esta situación es también similar, aunque con particularidades en regiones como el bajo cauca antioqueño, la región del Catatumbo en la frontera con Venezuela, una región entre los departamentos del Meta y el Caquetá, en la región de Arauca también en la frontera con Venezuela y en la parte norte del departamento de Córdoba. En estas regiones el Estado ha perdido el control del territorio. Bandas armadas ilegales en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas también ligadas a estas economías ilegales tienen el control de la población, de las economías legales e ilegales y es allí en donde se registran la mayor parte de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de activistas de los partidos de la oposición.

Pocas esperanzas tenemos de que la situación sea revertida no solo en Buenaventura sino en estas otras regiones del país. Se requeriría poner en marcha medidas que este gobierno no comparte como son una depuración de las fuerzas armadas y de policía para que actúen en el territorio para proteger no a las economías criminales sino a los pobladores. Unos manuales de desempeño que pongan en el centro la protección de los líderes y defensores de los derechos humanos, a los reclamantes de tierras despojadas y a las comunidades indígenas y afros. En reciente informe de Human Rights Watch, se señala que el 52% de los asesinatos de los líderes sociales durante el presente gobierno se han cometido en los 172 municipios en los que tenían dominio militar las FARC y que son objeto de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que están retrasados y desfinanciados y en que se vive una disputa de actores armados irregulares por el control de estos territorios.

La situación se ha visto agravada por la división en el seno de las fuerzas armadas entre los sectores guerreristas afectos al uribismo que han sido llevados a la dirección de estos organismos en contra de los sectores afectos al proceso de Paz y a las reformas económicas y sociales desprendidas de dicho acuerdo. Es obvio que esto viene afectando la acción unificada de las fuerzas armadas en el país y particularmente en estos territorios. Las cúpulas policiales y de las Fuerzas Armadas nombradas por este gobierno siguen siendo sacudidas por hechos de corrupción y prácticas ilegales como las interceptaciones ilegales a periodistas, líderes sociales y miembros de la oposición. El uribismo convive con todas esas prácticas. Lejos de actuar el uribismo cohonesta estas conductas.

Todo ello se verá agravado en la coyuntura de la campaña electoral que amenaza con ser una de las más violentas de los últimos años. Las más recientes encuestas hunden al gobierno que solo tiene una aprobación del 27% de los consultados y una desaprobación del 73% (Última encuesta de Pulso País). En ella Uribe se hunde mientras que el único político que mejora su imagen es Gustavo Petro líder de la oposición.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/colombia-gobierno-fallido-y-violencia-sin-control/