Por Maureén Maya S

El presidente Iván Duque propone, una vez más, una reforma tributaria que perjudica a los más pobres, en tanto otorga beneficios a los más ricos. La iniciativa ha generado reacciones adversas, incluso entre los miembros de su mismo partido.

Mientras el expresidente Álvaro Uribe Vélez la apoya, como lo confirmó el pasado 14 de febrero, al asegurar que era necesaria para “superar la pobreza extrema y mejorar la distribución del ingreso”, el representante Gabriel Santos expresó su desacuerdo con una reforma que, “en medio de la peor crisis económica en la historia del país, se ha manejado con las patas como se ha hecho hasta ahora por parte del Ministerio de Hacienda” y Gabriel Vallejo, también representante del Centro Democrático, aseguró que “La única reforma tributaria que acompañaré será la que consista en reducir impuestos, eliminar exenciones y regímenes especiales que no contribuyan a la generación significativa de mano de obra formal. No acompañaré una reforma que afecte a la clase media colombiana”[1]. Otros sectores también rechazan la propuesta. El presidente del partido Conservador, Omar Yepes Alzate considera que una fuente para recolectar más recursos sería “reducir la evasión y combatir el contrabando”. El parlamentario liberal Luis Fernando Velasco, dijo: “Perdón, pero esta expresión es válida: ‘Qué barbaros’, en medio de una crisis económica, con datos que nos hablan de crisis de demanda y el equipo de gobierno propone IVA a la canasta familiar para contraer más la economía y para fustigar el conflicto social”. La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, sostuvo en Twitter: “La #ReformaTributaria causaría un mayor empobrecimiento de la clase media y baja. Desde el Congreso anuncio mi voto NEGATIVO al #IVA en la canasta familiar. Una reforma que busca más ingresos vía disminuir la justicia tributaria entre los actores es inaceptable. El Gobierno quiere un IVA uniformemente más alto disminuyendo los beneficios tributarios a la canasta familiar. Yo insisto, el ministro se está equivocando”. Los gremios también objetan la propuesta. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, afirmó que el salario mínimo para 2021 no da para una reforma tributaria en la que los alimentos costarán más. “Con un gran esfuerzo el salario mínimo subió un 3.5%; no vería viable que por cuenta de una reforma tributaria el costo de la alimentación y la nutrición de las familias colombianas aumente un 19%”. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), afirmó que el consumo se disminuirá y que, de pasar el proyecto, se vendría un tiempo de incertidumbre”[2].

Aumentar el IVA o aplicarlo a productos básicos de la canasta familiar en un contexto de pandemia (que ha significado aumento del desempleo, baja en los ingresos, largos periodos de confinamiento, parálisis productiva y cierre de cientos de miles de micro y pequeñas empresas, entre otras medidas) es atentar contra la base popular que más sufre la precarización laboral y la ausencia de un Estado de bienestar social. Se estima que el 35% del país -o más- está pasando graves dificultades (ello si se considera el desgaste laboral progresivo y el anuncio de la Cepal advirtiendo sobre una tasa de pobreza del 32,5% para Colombia el año pasado), varios millones de hogares se vieron obligados a reducir sus comidas diarias, una importante franja de la población no recibe ingreso mensual fijo (se dedica al llamado rebusque y a la informalidad) y otro tanto vive en situación de pobreza multidimensional. “Si hablamos de trabajo informal, Colombia se sitúa a la cabeza mundial. Tiene un 61,3%, la tasa de empleo informal más alta del mundo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Si a esta cifra le sumamos un 60% de población que vive en situación de pobreza multidimensional, la situación se complica. Además, el confinamiento no ha hecho más que poner al descubierto las brechas sociales que existen en el país. Un mes después de que empezara la cuarentena, muchas casas ya muestran pañuelos rojos en sus ventanas para señalar que allí no tienen nada que comer”[3]. Un investigador de Fedesarrollo, estimó que, durante el 2020, 5,6 millones de personas entraron en pobreza y que esta llegó al 38% de la población, totalizando 19 millones de personas en esta condición[4].

Ahora, en medio de esta dolorosa y dantesca realidad de pobreza y desesperanza, Duque afirma que la reforma es necesaria para subsanar las finanzas del Estado, que también se han visto golpeadas por esta coyuntura mundial, pero aun así no le tembló el pulso para aumentar el salario a congresistas en 5.12% con la firma el pasado 24 de diciembre de un decreto que fija un pago mensual de $34,4 millones (casi USD$10.000, siendo uno de los salarios más elevados del continente) o del mundo. En Estados Unidos, el salario de los senadores NO ha aumentado en 11 años, en Suecia, con deducción de gastos, llega a los USD$4.300 por mes, casi 15 millones de pesos, y en Argentina estaría cercano a los USD$4.000, según algunas fuentes digitales.

Duque, que parece desconocer las palabras ahorro o austeridad o sólo le gusta aplicarlas a los sectores más vulnerables, también ha destinado durante esta pandemia millones de dólares para apoyar empresarios cercanos a su campaña, incluso ofreció un millonario préstamo a la aerolínea extranjera Avianca, donde su hermana ostenta un alto cargo, modernizó su flotilla automotriz por casi 10 mil millones de pesos (con 23 camionetas blindadas para Presidencia, pese a que había prometido reducir los esquemas de seguridad “por ser uno de los rubros en donde más se gasta dinero”), destinó 812 millones de pesos (unos 200.000 dólares) para comprar tres camionetas para la comandancia del Ejército, y al mismo tiempo, como lo denunció el senador Wilson Arias, “la Rama Judicial destinó más de 13.000 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares) a la adquisición de 51 vehículos blindados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia[5].

Y como si ello fuera poco, dispuso de más de 9 mil millones de pesos para la compra de armas y municiones para el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- (por sí el pueblito se rebota) incluyendo lanzador calibre 12 con carga de munición de fogueo, como la que un policía utilizó para asesinar al estudiante de 18 años, Dylan Cruz en la protesta del 23 de noviembre de 2019 en Bogotá[6] y negoció cinco tanquetas con la firma 7M Group S.A por un valor de 7.900 millones de pesos. Además, firmó un millonario y controvertido contrato con la firma Du Brand S.A.S. (financiadora del NO en el plebiscito) por 3.350 millones de pesos para actividades de espionaje y perfilamientos de personas activas en redes sociales, señalar a los opositores a su régimen y aumentar su popularidad en estas plataformas (aunque el encargado de comunicaciones de la Casa de Nariño, explicó que se trataba de un sistema para apoyar la estrategia de comunicaciones del mandatario, y no para limpiar su imagen ante el país. Asimismo, añadió que los recursos salieron del llamado “Fondo Paz”). De manera casi simultánea, la contraloría inició una investigación (que seguramente no conducirá a nada) sobre la ‘Línea de Crédito Colombia Agro Produce’, que estaba destinada a los micro, pequeños y medianos productores del agro que sufrieron pérdidas durante la cuarentena del primer semestre del 2020, pero cuyos recursos, superiores a los 226 mil millones de pesos en créditos, fueron desviados para beneficiar a los grandes productores. Y a este escenario de pérdida, inconsciencia y arbitraria distribución de fondos, se suma la cantidad de recursos que desaparecen por cuenta de la corrupción. Según fuentes oficiales, en corrupción se pierden 50 billones de pesos al año, unos 18.400 millones de dólares; y la corrupción campea en todos los estamentos y frentes donde se manejan recursos importantes. De hecho, ya se denunció frente a la compra (a través de contratos confidenciales) y distribución de las vacunas contra el Covid-19, que aún no llegan a la población, un dudoso manejo. La Fundación Pares señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “es un antro de corrupción”. “Mientras en Colombia superamos más de 50.000 muertos a raíz del Covid-19, la UNGRD se convierte en la auténtica caja negra del manejo de los recursos de la pandemia”, escribió Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares[7].

El economista y filosofo Libardo Sarmiento Anzola sostiene que el 90% de los recursos inyectados por el gobierno en el marco de la atención de la emergencia fluyen a través del sector bancario para mantener la liquidez financiera y apoyar la rentabilidad bancaria.

“De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante mayo de 2020, los 25 bancos comerciales que operan en el país reportaron utilidades por $3,4 billones; las ganancias de los 15 bancos nacionales fueron de $2,57 billones y los 10 bancos extranjeros tuvieron rendimientos positivos por $750.386 millones; con esta tendencia, los bancos colombianos continúan teniendo mayor participación en las utilidades acumuladas del sector y, en mayo de 2020, ganaron 3,4 veces más que las compañías internacionales. Los bancos de Colombia que mayores ganancias obtuvieron son: Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Davivienda, BBVA Colombia y Banco de Occidente.

Además, mediante la reforma tributaria o “Ley de financiamiento” tramitada por Duque al inicio de su gobierno y en medio de las protestas por la desigualdad, ya le habían “regalado” a los grandes empresarios la suma de $9 billones mediante exenciones o reducciones tributarias[8]”.

El profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Orlando Villabona Robayo, advirtió en septiembre de 2020, que aplicar el IVA a la canasta familiar aumentaría la inequidad.

“Entre 1970 y 2020 el recaudo de los impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha tenido un notorio aumento a través del impuesto al valor agregado (IVA), que pasó de 9,4 a 41,9 % en dicho periodo. Una situación sumamente inequitativa y regresiva si se tiene en cuenta que este impuesto no tiene en cuenta la capacidad contributiva de las personas, y que afecta a quienes tienen ingresos medios y bajos.

Pensar en gravar toda la canasta familiar con el IVA para aumentar el recaudo es la idea menos equitativa y más regresiva en materia impositiva. […] el mismo impuesto de renta, que en esencia debería ser progresivo, en Colombia es regresivo, es decir que recauda un menor porcentaje de los ingresos de las personas que ganan más, mientras representa una mayor carga para los individuos de bajo estatus socioeconómico.

Según cifras del Banco Mundial, con el 19 % Colombia tiene la tercera tasa general más alta del IVA en Latinoamérica, por debajo de Uruguay (22 %) y Argentina (21 %), y también está por debajo de países nórdicos como Holanda y Bélgica, e igual que en Alemania. Sin embargo, en el caso de los países europeos, estos tienen un ingreso per cápita promedio de 57.186 dólares, un 273 % más alto que Colombia, que además tiene un coeficiente de Gini en ingresos un 73 % superior que el promedio de estos países, por lo tanto, un IVA alto afecta a la mayoría de la población.

Con la Ley de Crecimiento, en 2019 se incluyó una devolución del IVA a las personas de ingresos bajos; sin embargo, en razón a la deficiencia en la información de las bases de datos del Sisbén y de programas como Familias en Acción, no se puede garantizar que estos recursos se distribuyan adecuadamente; esto implica que personas de bajos ingresos que no compraron bienes y servicios con IVA reciben un pequeño monto de dinero por estas devoluciones, pero también personas de bajos ingresos que realizaron compras pagando el IVA, recibirán un menor valor de reintegro del impuesto pagado cuando hicieron sus compras, o podrían no recibir nada. ‘El monto determinado para esta devolución es vergonzoso y despreciable: se asigna un valor cercano a los 35.000 pesos colombianos (unos 10 dólares) mensuales por hogar, el cual quizás genera un trámite más costoso de lo que en realidad se recibe, y no implica ningún poder de compra’”[9]. Además, cerca de seis millones de colombianos no aplican para la devolución del IVA, pero sí se verían afectados por el alza en el rubro, aseguró Jorge Bedoya.

Ahora, pese a la precaria realidad que padecen las mayorías nacionales y a las advertencias hechas por diferentes sectores y economistas, el presidente Duque ya tiene listo el borrador del texto de la nueva reforma tributaria, cuyos apartes se han ido filtrando a la prensa. “Según conoció El Tiempo, el Ministerio de Hacienda ya tiene el borrador y el jefe de Estado ya lo habría recibido para su posterior estudio, y uno de los cambios que traería consigo el proyecto, en caso de ser aprobado, es que más productos de la canasta familiar sean gravados con el Impuesto de Valor Agregado (IVA)…”[10].

¿En serio el presidente piensa que aplicando IVA del 19% a alimentos como el arroz, los huevos, los lácteos, las carnes, la panela, la papa, la yuca y las frutas, entre 83 productos, obtendrá los $20 billones (hace dos años hablaba de 14 billones) de un supuesto hueco fiscal, negado tanto por el anterior mandatario como por el auditor general de la Nación, Carlos Rodríguez, quien aseguró en 2018 que en las cuentas bancarias del Estado había por lo menos $20 billones destinados a inversión sin ser ejecutados?[11] ¿Acaso cree que profundizando la brecha social y hundiendo a la clase media en la pobreza, y a los pobres en la indigencia, en medio de una pandemia que ha significado la muerte de más de 58 mil ciudadanos, sacará a flote la mal llevada economía nacional? No solo es ingenuidad, es perversidad.

Hace una semana, el analista Ariel Ávila compartió en una entrevista de Caracol radio su opinión sobre esta posible reforma tributaria, indicando que, en el actual contexto, sería un grave error. Y dio tres razones fundamentales: “1. La teoría de Iván Duque y el ministro Carrasquilla es errada, esa ecuación es falsa. Creer que, si se les quita impuestos a los ricos y se les dan gabelas, eso va a causar un efecto “rebose”, como el vaso de agua que se llena y luego se riega, y ese efecto rebose significa más empleo o más distribución de la riqueza; eso es falso. En el primer año del gobierno Duque, en 2019, se aprobó la ley de financiamiento con esa teoría, y el desempleo siguió creciendo. 2. Castigar con IVA la canasta familiar es contraer el consumo. Un grave golpe a los pobres. Cuando se castiga la canasta familiar, en un contexto como el que tenemos, dónde hay familias que están comiendo dos veces al día y vamos a aplicarle IVA del 19% a las carnes, a las toallas higiénicas, eso va a significar que esas familias coman una vez y media por día, porque esta medida castiga duramente ese consumo, y lo tercero, la ecuación tiene que ser sencilla, el que más tiene, más paga y el que menos tiene, menos paga. Muy mal una reforma tributaria de ese tipo en una situación de crisis económica”[12].

La plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (DHESCA) junto con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Asociación Medio Ambiente y Desarrollo (ENDA), lanzaron la campaña de Change.org: “¡Digamos NO al IVA para la canasta familiar! ¡Pandemia + IVA = Hambre masiva!”, para recoger firmas a través de internet. “Las investigaciones de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia han demostrado científicamente que los ricos y los super ricos de Colombia, que a todas luces son los que más beneficio han obtenido del modelo de desarrollo vigente, son los que menos impuestos pagan. A su vez, un conjunto de intelectuales ha demandado el estatuto tributario de Colombia porque NO responde a los mandatos constitucionales de progresividad equidad y transparencia. Además, la OCDE ha reclamado un modelo tributario que cobre más a los que más tienen. De hecho, Colombia es el único país de la OCDE que tiene mayores niveles de desigualdad social después de impuestos.

Insistir en el incremento del IVA solo va a profundizar la inequidad crónica que caracteriza a la sociedad colombiana, con impactos más graves para los sectores históricamente discriminados y para los emprendimientos productivos pequeños y medianos”[13].

En definitiva, Duque insiste en avanzar por la senda equivocada; y contrariando el interés y seguridad de las mayorías y las advertencias de voces autorizadas, se resiste a escuchar el clamor de un pueblo que a duras penas logra sobrevivir, cargando bultos de dolor, rabia y resignación. Empobreció a los pobres, enriqueció a los ricos, aumentó en mucho el endeudamiento del país en el primer año de pandemia, incentivó la corrupción administrativa, manejó el erario como caja chica y al país como hacienda de siervos y gamonales al servicio de sus aliados, y no mejoró en lo absoluto las condiciones ni la calidad de vida de los nacionales, ni siquiera robusteció la industria ni fortaleció la producción nacional ni la inversión social de modo significativo. Ahora, de lograr sacar adelante esta iniciativa, la situación de millones de colombianos sería insostenible. La realidad es más dramática que su ejemplificación facilista de mezclar jugo de naranja en un vaso con agua, para hablar sobre las casi inexistentes industrias creativas. Duque nos llevó en términos de estabilidad y crecimiento al pasado y desdibujó el boceto que apenas sobrevivía en texto de un real Estado social de derecho. Y no fue a causa de la pandemia; antes de que esta apareciera, ya las cifras económicas caían en picada, como el valor del peso; y la crisis social tanto como las expresiones de malestar colectivo y de rechazo a su política y agenda de gobierno, iban en aumento. Que la pandemia lo complicó, por supuesto, pero de esta crisis el gobierno se aprovechó para imponer un modelo autoritario, en el que se expresan de manera preocupante unas serias contradicciones entre el manejo del poder, principios democráticos fundamentales y la defensa de la paz y los derechos humanos, tanto a partir del reconocimiento a la igualdad, el derecho a un mínimo vital para poder sobrevivir, el acceso a una justicia eficaz que garantice que las graves violaciones, en especial las cometidas por el Estado, no queden en la impunidad, como la separación de las tres ramas del poder público y la independencia y autonomía en las cabezas de los organismos de control y vigilancia.

En una columna titulada “Primeros en corrupción, últimos en vacunas”, la periodista María Jimena Duzán lo enunció de forma dramáticamente clara: “Nos gobierna por decreto desde hace un año, restringiendo la democracia y abusando de los estados de emergencia que le confiere la constitución. Tuvo tiempo también para repartir mermelada en grandes cantidades, para convertir el Congreso en una opereta virtual que acabó con el control político. Pudo elegir a su Fiscal, a su Procuradora, a su Defensor del Pueblo y a su Registrador. Tuvo tiempo para todo eso, pero a la hora de utilizar su poder para agilizar la consecución de la vacuna y salvar vidas se acordó de la constitución y de su apego por la ley”[14].

No diremos antes de la pandemia, sino antes de Duque, la evolución hacía un Estado Social y Democrático de Derecho parecía posible, pese a todo, y dicha evolución estaba orientada hacia la conservación del orden social, el bienestar y el progreso, en términos económicos, éticos y sociales, y también hacia la formulación de unos “estándares mínimos de derechos fundamentales”, que fueran reconocidos como política del Estado.

La unión del principio de Estado Bienestar con el de Estado Constitucional Democrático, da vida al Estado Social y Democrático de Derecho, bajo el cual se garantizan unos mínimos vitales de seguridad y dignidad para toda la población, más aquellos derechos consagrados por la doctrina como de “segunda y tercera generación de derechos humanos, que se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios […] que, en todo caso, deben ser entendidos como derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política”, como escribió el abogado constitucionalista y administrativista, Víctor Julián Ramírez Betancur[15]. Por ahora, al menos bajo este gobierno, el Estado social de derecho seguirá siendo la promesa del primer renglón del primer artículo, bajo el título I de Principios Fundamentales de la carta política del país. Y nuestro mayor desafío es y seguirá siendo, desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, llevar a la realidad ese propósito, profundizar la democracia y lograr que tenga incidencia y peso en la vida diaria de las personas y las comunidades. Oponerse a una política que genera miseria y dolor es un deber ético que no podemos eludir.

// Para apoyar la Campaña “Digamos NO al IVA para la canasta familiar. ¡Pandemia + IVA = Hambre masiva!”. “Si el huevo tiene IVA #ElIvaTieneHuevo” firma la petición en: https://www.change.org/p/senadogovco-digamos-no-al-iva-para-la-canasta-familiar-en-plena-pandemia-pandemiaconivaeshambremasiva-camaracolombia-ivanduque-minhacienda

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[1] Infobae; “La profunda molestia de un congresista del uribismo con el Gobierno por manejar la reforma tributaria “con las patas”. Bogotá, 13 de febrero de 2021.

Consultado en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/13/la-profunda-molestia-de-un-congresista-del-uribismo-con-el-gobierno-por-manejar-la-reforma-tributaria-con-las-patas/

[2] Infobae; La reforma tributaria que nadie quiere: miembros de la coalición de Gobierno, gremios y oposición rechazan la propuesta de Duque”. Bogotá, 11 de febrero de 2020.

Consultado en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/11/la-reforma-tributaria-que-nadie-quiere-miembros-de-la-coalicion-de-gobierno-gremios-y-oposicion-rechazan-la-propuesta-de-duque/

[3] Frente a la cifra de población que vive en situación de pobreza extrema, el DANE, en sus datos sobre pobreza monetaria y pobreza extrema en Colombia, registrados en el 2018, indicaba que el 27% de la población era pobre. La cifra que aporta el artículo “Trabajo informal en Colombia: elegir entre hambre o coronavirus”, publicado apenas un mes después de iniciada la pandemia y el primer confinamiento, por la organización “Ayuda en Acción”, no revela fuente de la cifra; pero en el actual contexto no podría estar muy lejos de la realidad.

[4] Revista Dinero; “Pobreza en Colombia aumentará al 38% de la población en 2020”. Bogotá, 31 de julio de 2020.

[5] EFE; “Críticas en Colombia por gasto millonario en autos oficiales pese a la pandemia”. 29 de abril de 2020. Consultado en: https://www.efe.com/efe/america/politica/criticas-en-colombia-por-gasto-millonario-autos-oficiales-pese-a-la-pandemia/20000035-4234468

[6] En Chile se pidió también que se tipo de armamento fuera suspendido, luego de conocerse un informe de ‘Human Rights Watch’ y llevar a cabo un debate sobre normativa internacional en relación con el uso de munición antidisturbios, la cual prohíbe enfáticamente disparar a la muchedumbre.

[7] Pares; “Dineros para el covid: La UNGRD es un antro de corrupción”. Por Sergio Saavedra. Bogotá, 26 de enero de 2021. Consultado en: https://pares.com.co/2021/01/26/escandalo-con-recursos-covid-la-ungrd-es-un-antro-de-corrupcion/

[8] Sarmiento, Anzola Libardo; “Limosnas para los pobres, millones para banqueros y grandes empresarios. Las medidas económicas y sociales de Duque para sortear el impacto de la pandemia”. Periferia. Bogotá, 3 de agosto de 2020.

Consultado en: https://www.periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/2492-pandemia-duque-donde-quedo-la-plata-para-atender-el-coronavirus

[9] Jairo Orlando Villabona Robayo; “IVA a la canasta familiar, mayor inequidad”. UN Periódico Digital. Bogotá, 2 de septiembre de 2020. Consultado en: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/iva-a-la-canasta-familiar-mayor-inequidad/?fbclid=IwAR2af2ANNi7EDHiy0TbbcWzMxD0d3cIkGFQ1G_49bZVg2jE4MTsZTm-ON34

[10] Infobae; “Uribistas no le jalarían a la nueva reforma tributaria que le pondría IVA a la canasta familiar”. 10 de febrero de 2021.

Consultado en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/10/uribistas-no-le-jalarian-a-la-nueva-reforma-tributaria-que-le-pondria-iva-a-la-canasta-familiar/

[11] Portal Las 2 orillas; “Cuál hueco fiscal si hay $ 20 billones en caja, dice el auditor de la Nación”. Bogotá, 26 de noviembre de 2018. “Durante una rendición de cuentas en la universidad Uniciencia, el auditor general de la Nación Carlos Rodríguez, quien llegó al cargo en septiembre de 2017 después de ser elegido por el Consejo de Estado, aseguró que en las cuentas bancarias del Estado hay por lo menos $ 20 billones destinados a inversión que no han sido ejecutados y no entiende por qué el presidente Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla no han querido usar esa plata para tapar el hueco fiscal que calcularon en $ 14 billones. Por el contrario, están moviendo una reforma tributaria enfocada en buscar dineros para ajustar el presupuesto nacional. La reforma, o ley de financiamiento, todavía no ha pasado ni siquiera a primer debate y al gobierno se le acaba el tiempo para sacar adelante un proyecto que generó un rechazo casi unánime al pretender gravar la canasta familiar con IVA”. Consultado en: https://www.las2orillas.co/cual-hueco-fiscal-si-hay-20-billones-en-caja-dice-el-auditor-de-la-nacion/

[12] Arial Ávila; https://twitter.com/ArielAnaliza/status/1359863567495880707

[13] Campaña “No al Iva a la Canasta Familiar”. Consultado en: https://www.change.org/p/senadogovco-digamos-no-al-iva-para-la-canasta-familiar-en-plena-pandemia-pandemiaconivaeshambremasiva-camaracolombia-ivanduque-minhacienda/psf/promote_or_share

[14] Duzán, María Jimena; “Primero en corrupción, últimos en vacunas”. Bogotá, 28 de enero de 2021. Consultado en: https://mariajimenaduzan.com/primeros-en-corrupcion-ultimos-en-vacunas/

[15] Ramírez Betancur, Víctor Julián; “Estado Social y Democrático de Derecho: Una realidad política, jurídica, económica y sociológica para la garantía y protección los derechos fundamentales”. Universidad del Rosario. Revista Nova et Vetera. Colombia, 9 de febrero de 2019. Volumen 5. Nº 45. ISSN: 2422-2216

TOMADO DE REVISTA SUR.

https://www.sur.org.co/un-gobierno-derrochon-quiere-poner-iva-a-la-canasta-familiar/