El Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, se refirió al difícil momento que vive el país y la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 que sigue cobrando vidas humanas e impactando significativamente tanto el sistema sanitario como la economía.

Indican los rectores de la universidad públicas que a esta situación, se suma la amplia movilización social que ha puesto de presente grandes inconformidades, especialmente de los jóvenes que reclaman educación, empleo, cultura y oportunidades para un futuro incierto.

Indican que en medio de las protestas ha emergido la polarización y la violencia como la vieja estrategia que fractura el tejido social y lacera el camino de la paz para lograr la anhelada reconciliación nacional.
 

En este contexto, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) hacen un llamado fraterno a todos los sectores sociales y al gobierno nacional para reafirmar y fortalecer los diversos escenarios de diálogo que han emergido en medio de la protesta social, de tal manera que las voces y propuestas de los manifestantes y jóvenes tengan respuestas concretas a través de políticas de Estado claras y efectivas.

Indican que una de las demandas centrales de los jóvenes que se han movilizado pacíficamente hace alusión al fortalecimiento de la educación como el camino más expedito para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es por eso que el SUE ha trabajado arduamente para garantizar la educación superior pública de calidad como derecho fundamental de todos los colombianos y en este sentido hace un llamado de atención con relación a varios puntos importantes.

Los rectores de la universidades públicas en Colombia, solicitan desde Armenia, al Congreso de la República considerar los argumentos esbozados en el concepto elaborado por el SUE en octubre del 2020, en el cual expusieron ampliamente las razones que justifican la impertinencia del proyecto de ley número 195 de 2019 Senado:

“Por medio del cual institutos y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos de maestría y doctorado y se dictan otras disposiciones” y dicen que de aprobarse este proyecto se desconocerían los esfuerzos que las universidades realizan para conservar la acreditación y reacreditación de sus programas, además otorgarían un tratamiento diferencial que sitúa a las universidades en una posición de desventaja que no retribuye los esfuerzos académicos, administrativos y financieros que les demanda la acreditación de los programas de pregrado y especialmente de posgrado.

Piden la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de Educación Superior, de manera urgente y prioritaria, de tal manera que se garantice la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, para que las transferencias de la nación correspondan a los costos de operación de las instituciones y se reconozcan los impactos derivados del Decreto 1279 del 2002.
 

El SUE radicará un proyecto de ley en esta dirección buscando un amplio consenso entre diferentes actores, el MEN y teniendo en cuenta los aportes de las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas - ITTU.

Agregan que es indispensable revisar el modelo de medición de grupos, investigadores y clasificación de revistas Publindex, de tal forma que se priorice la promoción y el fortalecimiento de la investigación en el país para sostener los buenos resultados en los indicadores de calidad que las universidades han logrado en los procesos de acreditación con arduos esfuerzos, en medio de grandes dificultades financieras.

Dicen que se requiere la revisión de la nueva normatividad del sistema de aseguramiento de calidad, particularmente lo consignado en la Resolución 21795 de noviembre de 2020, por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad del programa para la obtención y renovación de los registros calificados, ya que abarca cambios estructurales y profundos que pueden desconocer la pluralidad de concepciones curriculares construidas en el país en el marco de la autonomía universitaria. La disposición transitoria contemplada en la norma es confusa y en la práctica implica la implementación inmediata de los resultados de aprendizaje generando una preocupante devolución de registros calificados que pueden poner en peligro la oferta académica que las universidades ofrecen en la actualidad.
 

Indican que el SUE solicitará la ampliación de plazo para las pruebas Saber Pro, dadas las distintas dificultades que se han presentado derivadas de la pandemia. Insisten en la construcción de políticas de Estado que fortalezcan la educación superior pública y la calidad académica en virtud de mejorar los procesos formativos que adelantan las universidades en materia de docencia, investigación y proyección social.