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Colombia  |  24 octubre de 2021  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Proyecto de Ley indignante: una provocación al país

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Por Carlos Julio Díaz Lotero

Director General de la Escuela Nacional Sindical (E)

Como una provocación al país –parecida al nombramiento por parte del presidente Iván Duque del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como nuevo codirector del Banco de la República– podría interpretarse el proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria, que crea una remuneración extra salarial adicional para los congresistas de la Nación.

Se trata del Proyecto de Ley 004 de 2021[i]: “Por medio del cual se modifica la Ley 4 de 1992 en favor de la descentralización y se crea el sistema de compensación variable en el Estado”. Tiene la autoría del senador Andrés García Zuccardi.

Según este proyecto, la ley “tiene por objeto reformar la remuneración salarial de los empleados públicos, incluyendo los miembros del Congreso Nacional, y crear el Sistema de Compensación Variable y por Resultados en el Estado. Está fundamentado en las sinergias de factores como desempeño individual, desempeño institucional y encuestas de percepción ciudadana sobre las entidades”. (negrillas del autor).

La iniciativa legislativa tiene el gancho de cubrir a todos los empleados públicos del territorio nacional, pero precisa: “… Incluyendo a los miembros del Congreso Nacional”, para que no queden dudas sobre el campo de aplicación de la posible nueva norma salarial.

Dice el proyecto, además, que se creará una comisión de expertos salariales para que haga la propuesta de implementación del Sistema de Compensación Variable Salarial, “con el fin de lograr resultados óptimos de gestión a través de sus servidores públicos, los cuales podrán ser recompensados con una remuneración extra salarial adicional a la establecida en la ley“. (negrillas del autor).

Lo curioso del proyecto es que, en su parte motiva, pretende asumir la vocería del movimiento sindical del sector público del país, un sector que desde hace años ha venido exigiendo al gobierno y al Congreso remover las trabas legales existentes a la plena aplicación del convenio 151 de OIT, lo mismo que el principio constitucional de progresividad y no regresividad en materia social y laboral.

Al respecto, señala lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que la ley 4ª de 1992 rige en todo el territorio nacional, igualmente en todos los entes territoriales del país y los mismos niveles de la escala y mismos cargos que alcanzan el tope salarial, afectándolos en el no aumento de su salario, contrariando a la Constitución de 1991 y los convenios internacionales ratificados por Colombia, ya que atenta contra el espíritu del principio de progresividad y no regresividad. En consecuencia, solicitamos al Honorable Congreso de la República de Colombia: eliminar el parágrafo único del Articulo 12 de la ley 4 de 1992”.

Un problema adicional que tiene este vergonzoso proyecto de ley, es que crea una odiosa discriminación, ya que establece una transición con dos regímenes: uno el que determine la ley, que es obligatorio para los nuevos funcionarios públicos que inicien su vinculación a la planta de personal a partir del 1° de enero de 2023; y el otro régimen es voluntario, para quienes se encuentren vinculados antes de su entrada en vigencia.

Pero hay algo aún más bochornoso: la indolencia del Congreso frente al debilitamiento de las finanzas públicas, demostrada en las reformas tributarias que ellos promovieron y aprobaron, y contada en las innumerables gabelas y beneficios tributarios para favorecer a las grandes empresas y sectores más pudientes de la sociedad. Después, el menor recaudo tributario lo compensan con programas de austeridad, los cuales recaen sobre los funcionarios públicos, a quienes les limitan sus derechos mediante fusiones de las entidades, los recortes de personal y la precarización laboral que representa una nómina paralela de más de un millón de contratistas, muchos de ellos en actividades labores misionales[ii].

Además, no tenemos un Congreso caracterizado precisamente por su alta eficiencia. Los altos emolumentos que pretenden no los justifica la baja calidad legislativa que emana de esta Corporación. El sueldo actual de cada congresista es de $ 34′417.000, sin el incremento de este año, que con seguridad se hará antes que termine el 2021. Esto, mientras el 64% de los trabajadores del país gana un salario mínimo, o menos. Casi la mitad gana menos de un salario mínimo legal mensual.

El incremento salarial de 5,12% del año pasado para los congresistas, resultado de la conquista de los sindicatos de empleados del sector público en el Acuerdo Marco del año 2019, significó $1.670.000 mensuales, casi el doble del salario mínimo del año 2020 ($877.803).

No deja de ser jocoso, por lo contradictorio que resulta, que aparte del desempeño individual e institucional, se añada, como factor justificativo de la bonificación salarial, la encuesta de percepción ciudadana sobre las entidades, cuando la última encuesta Invamer muestra que la gente percibe que el Congreso no sabe qué pasa en el país, no se ha dado cuenta del gran inconformismo de la ciudadanía con su gestión, de la imagen desfavorable tan alta que tiene, ni de la poca pertinencia de su labor con las necesidades y problemas de la sociedad colombiana.

Todo parece indicar que no hay ambiente político para el trámite legislativo de este proyecto, y más cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública ha sugerido no continuarlo, por tener vicios de constitucionalidad. No obstante, no deja de preocupar que existan congresistas que, en medio de la catástrofe social en la que nos encontramos, solo se preocupen por satisfacer sus apetitos personales. Mientras la pandemia del Covid-19 sigue fuera de control, el desempleo y la precariedad laboral se mantienen en niveles superiores a los de la pre-pandemia, el hambre es una nueva pandemia que ha emergido en el país y en el mundo, la pobreza y la desigualdad están por encima de los promedios de países de la región, y la violencia y la inseguridad tienen arrinconada a la sociedad.

Finalmente, hacemos un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que cualquier reforma de la ley 4 de 1992, relacionada con la garantía plena de las negociaciones salariales y prestacionales en el Estado, se haga en concertación con las centrales sindicales y las federaciones de sindicatos de la Administración Pública. Esto, porque es una petición que emana del sindicalismo estatal, y porque así lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución Política.

___________

[i]https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-07/P.L.004-2021C%20%28SALARIOS%20EMPLEADOS%20PUBLICOS%29.pdf

[ii] En reiteradas sentencias de la Altas Cortes han conminado al Gobierno a reparar esta ilegalidad laboral, vinculando de manera directa al personal que desarrolla actividades misionales con vocación de permanencia.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/proyecto-de-ley-indignante-una-provocacion-al-pais/

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