Por: José Darío Castrillón Orozco

Se acepta la sentencia “el que la hace la paga”, hasta el gobierno corrupto de Iván Duque la usa como lema, pero cuando se trata de que el Sindicato Antioqueño, ahora Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, pague por su responsabilidad en el descalabro de Hidroituango, ahí el dicho no vale. Bajo un régimen que tiene por bandera magnificar las ganancias privadas, que busca convencernos de que aumentar la riqueza de Luis Carlos Sarmiento es la reactivación económica de Colombia, donde socializar pérdidas es el reverso de la “libertad de empresa”, el fallo de la Contraloría General de la Nación sobre el caso Hidroituango ha suscitado lamentaciones.

Los politicastros antioqueños ahora señalados como responsables fiscalmente, se declaran perseguidos políticos, y recurren a todo tipo de teatralizaciones, pasando por alto el hecho de haber sido financiados por ese grupo empresarial, de haber favorecido a ese conglomerado en la contratación pública y, peor, haberle entregando el manejo de la segunda empresa pública más grande del país, Empresas Públicas de Medellín. Los que se autoproclaman “muy responsables” cuando deben responder no responden.

Alcaldes y gobernadores de pacotilla, que durante sus administraciones no sólo no resolvieron los problemas de la ciudad y de la región, sino que los empeoraron: Que sumaron pobreza a la pobreza, violencia a la violencia, a más de deteriorar la precaria institucionalidad en sus pactos con criminales, e hicieron detrimento del patrimonio público, ahora pretenden que los condecoren por los favores prestados a sus patrocinadores. Por haber sido obedientes al GEA se precian de mantener la continuidad del gobierno corporativo, que es un encubrimiento reiterado y mutuo, donde un funcionario posibilita que el conglomerado tutor parasite el erario, mientras oculta los robos de su antecesor para que su sucesor también le tape los suyos.

Cuando la ciudadanía se cansó y eligió a un alcalde que no estaba en la nómina de los cacaos paisas, todos los personajes, 26 entre naturales y jurídicos, que abarca exalcaldes, exgobernadores, exgerentes de EPM, y otros calanchines, mencionados en el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Nación, denunciaron la ruptura de la armonía con el empresariado. Entonces, algún manejo de prensa, debidamente remunerado, presenta el devenir de reclamaciones en torno a la obra de generación de energía como una pelotera entre un alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que no comprende a los ricos, y a estos como pobres viejecitos que reclaman, invocando gobierno corporativo, el manejo de las empresas del municipio, a las cuales, como a EPM, le hacen competencia, pero también las coadministran, y de ellas reciben billonarios contratos.

Presentado así el litigio, la llegada de un pobretón a dañar la armonía entre depredadores del erario y ciudadanía despojada, resulta incomprensible. Pero, fruto de esa relación armónica en el proyecto de Hidroituango hay una plata perdida, no por una “contingencia ambiental” como esa prensa aprendió a decir, sino de manejos corruptos. Esa plata suma cerca de diez billones.

Lo que está en juego es quién paga esos platos rotos. Para los 26 del fallo, con sus defensores en las castas políticas paisas y sus periodistas, se debe preservar la armonía empresa-estado-academia (privada), y no cobrar esos dineros a los empresarios, ni a sus políticos de planta. Esos 26 del fallo ahora reforzados por el partido Centro Democrático, y por el mismo Álvaro Uribe que, tras fracasar con sus abogansters, con los congresistas sacados de las lindes del código penal Paola Holguín y Juan Espinal, así como con otros vuelteros en tumbar al alcalde, ha salido a enfrentar directamente a Daniel Quintero y a agenciar los intereses del GEA, financiadores del uribismo, junto con el Ñeñe Hernández.

La arremetida del uribato en pleno se reduce a evitar que los contratistas de las obras de la hidroeléctrica paguen los sobrecostos y las irregularidades que han ocasionado, alrededor del 140% del costo de la obra. Invocan para ello la armonía antes citada, la confianza inversionista, y la estabilidad jurídica, hasta nombran la estabilidad de EPM. Lo que no dicen es quién debe pagar ese detrimento patrimonial.

La propuesta del expresidente Uribe, tan defensor de la tradición, esconde la fórmula tradicional: ¡Que paguen los ciudadanos!

La alharaca por la confianza inversionista se reduce a que los colombianos sean solidarios y aporten en sus facturas de servicios públicos el pago de los sobrecostos en Hidroituango. Se trata de pagar un poco más del doble de lo que hoy pagan de servicios, para tan bella causa.

Esta iniciativa del partido de Uribe no es novedosa. En 2019 hicieron una reforma tributaria para que toda la nación pague en las facturas de servicios el costo de la defraudación en Electricaribe. Curiosamente el exsenador advierte el riesgo de que EPM termine como Electricaribe, cuando fue la corrupción de sus socios comerciales y políticos la que quebró esa empresa.

También piden arrebatar EPM a la alcaldía de Medellín, mediante la intervención del gobierno, de ellos, por la Superintendencia de Servicios Públicos, como lo hicieron recientemente en el departamento del Magdalena, acaso para ensayar la reacción ciudadana de llegar a intervenir, expropiar, a EPM. Todo para evitar que los contratistas paguen, y hacer que pague la ciudadanía.

Las pasadas administraciones de EPM han venido realizando maniobras en las que sistemáticamente se pierde un billón tras otro de pesos, dócilmente alcaldes y gerentes han trasladado esas pérdidas a los usuarios de los servicios públicos: Extienden la pobreza al socializar las pérdidas de la corrupción.

Pero, otra vez el uribismo se frustra en Medellín: Consecuencia de la demanda del alcalde Quintero por el detrimento patrimonial causado en la obra, y del fallo de la Contraloría contra los 26, por 4, 3 billones de pesos, se logró un acuerdo de pago donde la aseguradora Mapfre pagará el 90% de ese monto, 3,9 billones de pesos, la aseguradora SURA otros 400.000 millones, mientras los restantes nominados en el fallo, Sergio Fajardo, Alonso Salazar, y las empresas del GEA, deben pagar 800.000 millones de pesos a EPM.

Por primera vez Empresas Públicas de Medellín recupera dineros perdidos, y por primera vez los colombianos no pagaremos la corrupción en nuestra factura de servicios, al menos de cerca del 50% del detrimento de la megaobra. Queda pendiente la recuperación de otros 5,5 billones de pesos, por los cuales hay instaurada otra demanda contra los contratistas del GEA y sus socios.

Al calor de la campaña presidencial, los partidos que pregonan el no pago de responsabilidades de los privados, por confianza inversionista, deberían exponer en cuanto deben incrementarse mensualmente las facturas de cada familia, para que sus financiadores se beneficien.

Dada la rapidez con que la Corte Suprema le abrió una investigación al senador Armando Benedetti por sugerir al Mintic la cesión del contrato con la defraudadora Centros Poblados, debería hacer lo propio con los congresistas que agencian los intereses del GEA, sus financiadores, cuando implica detrimento del patrimonio público. De paso sería saludable conocer la verdad de los latrocinios cometidos en EPM, y en otras empresas de servicios, y quién ha pagado los platos rotos, aunque sea para cultura general.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/los-platos-rotos-en-hidroituango/