Carlos Medina Gallego

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

En el proceso de solución política al conflicto armado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), se fueron generando distintas disidencias orientadas, no siempre, por una discusión política sobre los alcances del proceso, sus incertidumbres y logros, sino, en la mayoría de los casos, por un apego de comandantes a las dinámicas y privilegios de la guerra y a la poderosa economía de guerra construida alrededor de un portafolio de criminalidad, en la que sin la menor duda, los recursos más importantes provienen de actividades ilegales y del narcotráfico que sirven al sostenimiento de los grupos armados ilegales y, principalmente, hacia la construcción de procesos de acumulación criminal en complejas relaciones de privatización individual creciente y de inserción en las economías tradicionales.

El narcotráfico y el fin de la guerra “política”.

La economía del narcotráfico, que ha atravesado todas las actividades de la vida económica de la nación, permeando la institucionalidad política, comprometiendo el poder judicial y capturando los imaginarios empresariales y populares, se ha convertido en un campo de disputa en el que se genera un modelo de capitalismo criminal y de narco- democracia que funciona sin ningún tipo de pudor frente a la comunidad internacional.

En ese contexto de economías ilegales unidas al crimen transnacional desarrollándose a través de los circuitos de las economías convencionales y las rutas de los tratados del libre comercio, produciendo inmensas sumas de dinero que se multiplican en las dinámicas de la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, el negocio se hace más rentable y la guerra más intensa en materia de intereses económicos. El narcotráfico se fue convirtiendo, desde la década de los noventa del siglo pasado, en el fenómeno más eficaz, para desideologizar y despolitizar los proyectos “revolucionarios” de la lucha armada. Pronto las estructuras guerrilleras fueron adquiriendo nuevas dinámicas según su capacidad económica y, sus comandantes, se fueron convirtiendo en empresarios de la guerra con procesos de acumulación personal e importantes inversiones en las economías tradicionales. Las poblaciones vieron surgir y aparecer todo tipo de organización criminal en una disputa no solo por la cadena productiva del narcotráfico (los cultivos, laboratorios, las rutas…), sino, por todos los recursos posibles de rentar en los territorios (oro, combustibles, contrabando, tráfico de personas, seguridad, contratos…) y, desde luego, territorios y poblaciones.

Ese proceso generó una dinámica de descomposición y degradación creciente de los mandos medios y, no pocas veces de los responsables militares y políticos de las organizaciones insurgentes, que transaron guerras contra todo el que amenazara sus economías y establecieron acuerdos y alianzas con grupos criminales para garantizar el funcionamiento de estas, el control territorial y el sometimiento de la población.

Las viejas rencillas entre comandantes se reactivaron cargadas de odios criminales, de retaliaciones y empoderamientos enfermizos que aniquilo todo tipo de lealtades, solidaridades de cuerpo y unidad de propósito que hicieron posible, en décadas anteriores, el crecimiento de las organizaciones armadas y el desarrollo de sus estrategias de guerra revolucionaria. La traición, la perfidia, la desconfianza, la infiltración y el mercado de la muerte se tomó el espacio de la guerra política, generando un proceso de descomposición absoluta en el que funciona esencialmente la lógica criminal de la delincuencia. Por esa vía fueron abriendo la fosa en la que han ido enterrando los fundamentos políticos de los proyectos armados, que solo algunas estructuras armadas sostienen con precariedad en lógicas de resistencia ya sin el norte estratégico claro de la toma del poder y la transformación de la sociedad.

Las disidencias y sus rutas de degradación

Es importarte precisar en este artículo que al interior del proceso de paz y posterior a la firma del acuerdo en la etapa de implementación se dieron distintos fenómenos de desagregación, escisión y resurgimiento de grupos armados todos teniendo como base la antiguas FARC, pero, que por su naturaleza deben ser denominado de distinta forma ya que no todos irrumpen de la misma manera y con los mismos propósitos.

Antes de la firma del acuerdo se habían estructurado en el país distintas disidencias, que operaban bajo las ordenes de antiguos comandantes de guerrilla, muchos de ellos con precaria formación política, que no veían en el proceso de paz unas garantías para su seguridad y desarrollo y que se sentían cómodos y seguros en el ejercicio del oficio de la guerra, que les daba ante las comunidades un reconocimiento y autoridad construido alrededor de la intimidación, el miedo y el uso criminal de las armas. Esas disidencias no llegaron a la firma del acuerdo, entre ellas, las más conocidas son las de Iván Mordisco y Gentil Duarte, que, si bien estuvo en La Habana, a su regreso, tomo distancia de la organización y se separó de forma explícita de las conversaciones que condujeron al acuerdo de paz, controlando un territorio histórico de las FARC, los departamentos del sureste del país –Vaupés, Guaviare y Meta–, y una poderosa economía de guerra soportada sobre la industria del narcotráfico.

Pero también se formaron grupos que se fueron escindiendo de las FARC en tiempos de preacuerdo y mutado en grupo criminal al abandonar el discurso insurgente y dedicarse de manera exclusiva al negocio del narcotráfico sus relaciones con otros grupos y, pronto muchos de esos grupos escindidos, vieron sucumbir en la acción institucional y criminal a sus responsables y mandos, siendo el caso más sonado el del líder del Frente Oliver Sinisterra, Wálter Arizala conocido como Guacho que murió en un operativo de la Fuerza Pública. Se le atribuía el asesinato de tres comunicadores del diario ‘El Comercio’ de Ecuador. En el 2018 también fue abatido David otro de los escindidos de la extinta guerrilla de las Farc, perteneciente a la columna Daniel Aldana quien disputaba el control de las rutas del narcotráfico en el sur del país con alias Guacho.

En general comienzan a surgir grupos de disidencias y de escindidos en todo el territorio nacional donde habían hecho presencia las FARC en disputas territoriales, de recursos y poblaciones siendo particularmente significativa su presencia en el sur Occidente del país, Antioquia, Choco, la región del Catatumbo, Arauca y los departamentos de la Orinoquia y la amazonia colombiana, todas articuladas con las economías del narcotráfico, las prácticas de extorsión, la minería ilegal y otros delitos rentables.

La región del Catatumbo y la frontera con Venezuela se han convertido en un escenario de guerra en el que operan y se confunden casi todas las organizaciones armadas ilegales existentes en el país. Hasta el acuerdo de paz de 2016, las principales unidades de las FARC que tenían presencia activa en el Catatumbo eran el Frente 33, la compañía Catatumbo y las “columnas móviles” “Resistencia Bari” y “Arturo Ruiz”. Desde el 2018 integrante del Frente 33 de las FARC, forman escisión sin mucha fuerza y una gran precariedad en la conducción que disputan el antiguo territorio de las FARC a organizaciones como el ELN, Los Pelusos (EPL) y los distintos grupos narco paramilitares y delincuenciales que operan en la región.

La zona del Catatumbo y en general toda la frontera con Venezuela se ha convertido en un complejo teatro de operaciones militares en la que todos los actores desarrollan entre ellos una guerra que no establece ningún criterio distinto que el control monopólico de las actividades ilegales en el territorio y la frontera, con precarios discursos políticos y obligadas solidaridades y subordinaciones poblacionales. En Arauca el Frente 10, se mueve entre ser una escisión y un grupo resurgente que busca recuperar sus antiguos territorios en disputas con organizaciones criminales y con el ELN y se mueven a través de la frontera en actividades que comprometen el narcotráfico y microtráfico, el secuestro y la extorsión; sus mandos construyen la autoridad sobre el ejercicio de la fuerza y discurso político raquítico con el que buscan mantener un matiz de organización política, pero en la práctica para ellos la guerra es una forma de vida que les garantiza recursos y franquicias.

El “fin” de la Segunda Marquetalia.

La categoría de “grupo resurgente”, se acomoda de manera más clara a la organización denominada Segunda Marquetalia. Los resurgentes retoman las armas ya no para tomar el poder sino en rebeldía frente al incumplimiento del acuerdo.

Las incertidumbres de la implementación de acuerdo de paz en materia de seguridad física, jurídica, económica y política, a partir del 2018, con la llegada del gobierno de Iván Duque Márquez y, el desarrollo de una política de confrontación al acuerdo que se expresó en la actitud asumida por el nuevo gobierno frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Compromiso de no Repetición y en particular contra la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, a la sombra del discurso de paz con legalidad, fue generando unas condiciones de inseguridad e incertidumbre en un sector de la guerrilla de las FARC, que fue creciendo con el proceso de entrampamiento jurídico levantado contra Jesús Santrich, quien, durante todo el proceso de conversaciones, se había mostrado exceptivo en la voluntad del gobierno para cumplir el acuerdo, convirtiéndose en un firmante crítico e incómodo.

A esto se suma, el afloramiento de las contradicciones políticas y de las tensiones entre distintos sectores y matices políticos en el proceso de la construcción del nuevo partido político que no fueron manejadas de manera correcta y unitaria, sino soportada sobre legados autoritarios poco democráticos, fenómeno que se va sumando al proceso de ruptura con el acuerdo de paz y que da origen en agosto del 2019 al grupo resurgente de la Segunda Marquetalia, que irrumpe en los imaginarios colombianos con una declaración política, en que se critica el proceso de implementación, se anuncia el retorno a un modelo de guerra que ubica como blanco esencial a las oligarquías y se plantea la lucha por una paz verdadera.

En materia de organización política y militar la resurgencia de la nueva Marquetalia mostraban un componente relativamente importante y sólido: Iván Márquez y Santrich a la cabeza como soporte político de la nueva organización y, Romaña (Henry Castellanos), el Paisa (Hernán Darío Velásquez), Zarco Aldinever (José Aldinever Sierra Sabogal) y, Jhon 40 (Géner García Molina), al frente de las actividades militares con acumulados importantes en el desarrollo de la guerra y la lucha armada.

Nada fácil resulto desde el comienzo para la resurgencia de la Segunda Marquetalia el retorno a la “guerra”: su localización en un escenario colmado de actores armados y disputas territoriales, viejas enemistades y desconocimiento de tradiciones de mandos en nuevos contextos de autoridad, agudos conflictos en la dinámicas de control de la nueva economía de guerra, inestables y frágiles acuerdos y alianzas con organizaciones similares, inciertas relaciones con el proceso bolivariano y la sistemática persecución institucional puesta en marcha en una meticulosa y compleja estrategia de inteligencia transnacional que contiene procesos de infiltración y articulación de los organismos de inteligencia en territorios transfronterizos y ejecuciones extrajudiciales con inculpaciones de terceros por implicaciones diplomáticas que pueden derivarse del reconocimiento de autorías, entre otros aspectos que tienen que ver con el día a día de la confrontación en una guerra degradada.

El asesinato de Jesús Santrich, en suelo venezolano cerca de la frontera con Colombia, es un duro golpe para el grupo resurgente de la segunda Marquetalia, por la importancia política que tenía este dirigente para la organización. Pese a la versión que se puso a circular de que Santrich habría muerto durante una discusión con bandas de narcotraficantes, la versión oficial de esa resurgencia de las FARC es que un comando del ejército colombiano habría asesinado a su comandante, violando la soberanía territorial de Venezuela. A la muerte de Santrich se suman pocas semanas después las muertes de ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, los dos más importantes comandantes militares de la organización, asesinados en condiciones similares, a quienes también se les atribuye haber muerto en conflictos con otras disidencias, escisiones y grupos armados en disputas por los recursos del narcotráfico, donde no se descarta la posibilidad de operaciones encubiertas de los organismos de seguridad del Estado Colombiano.

La situación en que queda la resurgencia de la segunda Marquetalia es crítica, los niveles de incertidumbre e inseguridad son mayores en unas condiciones tan adversas como las existentes actualmente en la frontera colombo-venezolana, la perdida de tres de sus más importantes comandantes, la dejan prácticamente desarticulada o en un proceso de reagrupamiento y redefinición táctica en un escenario de infiltración, delación y traición inducida que la puede seguir destruyendo. No son muchos los caminos que puede seguir este grupo resurgente más allá de los de esperar una nueva dinámica institucional con una oferta de incorporación al ordenamiento político de la nación y a la construcción de una autentica y verdadera paz, son democracia y justicia social.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/las-disidencias-y-el-fin-de-las-guerras-politicas/