De acuerdo a la normatividad existente, las deudas contraídas en la región por atención en salud a la población migrante son responsabilidad de la Nación, y por su parte la deuda por atención a la población pobre no asegurada le corresponde al ente territorial, así lo explicó la secretaria departamental de Salud Yenny Alexandra Trujillo Alzate.

Auditorías

De la misma manera, la funcionaria indicó que la responsabilidad de las auditorías para determinar los costos por dicha atención está en cabeza de la Secretaría Departamental de Salud, desde donde, con el hospital San Juan de Dios, han realizado un trabajo de orientación y organización para que dichas auditorías cumplan con la normatividad del caso. En consecuencia, desde el ente departamental se han realizado diversas jornadas de auditaje y consolidación de cuentas sobre atención a población migrante, y lo que se adeuda en este momento al hospital San Juan de Dios ronda la cifra de los $6.331 millones aproximadamente; dicha labor, de igual forma, permite reconocer que la deuda que tiene la Gobernación del Quindío con el hospital San Juan de Dios por atención a población pobre no asegurada asciende aproximadamente a los $1.912 millones.

Giros

Recordó la Secretaría Departamental de Salud que el año anterior se logró gracias a gestiones ante el Gobierno Nacional que desde el Ministerio de Salud se girarán aproximadamente $2.000 millones de pesos al hospital San Juan de Dios por atención a Población Migrante. De igual manera, el departamento, con recursos propios, durante 2021 giró en el mes de noviembre $1.264 millones para atender la deuda por prestación de salud a la población pobre no asegurada. Fue concisa la jefe de la cartera de salud en señalar que el departamento, a medida que va auditando la responsabilidad que tiene por esta población, va definiendo el pago de acuerdo a los recursos con que vaya contando; e igualmente, en la medida en que se realiza el auditaje de atención a población migrante se trasladan los resultados al Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social para solicitar dicha cancelación.