El escrito de formulación de acusación que presentó la fiscalía general de la Nación contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio ante la Corte Suprema de Justicia, no es un refrito, sino el paso anterior a la audiencia de juzgamiento de la imputada en debate oral y público. Para realizar el escrito de formulación de acusación, la Fiscalía realizó previamente la investigación correspondiente, con todas las pruebas documentales y testimoniales y que sustentan la acusación.

A la fecha, lo que había sucedido era la denuncia realizada por un anónimo, la apertura de investigación, y la imputación de cargos.  La presentación del escrito de formulación de acusación había sido aplazada en dos oportunidades, pero ahora se hizo formalmente, dentro de un proceso que tiene ya casi cinco años, pero que sigue su curso.

La acusación formal que hizo la Fiscalía es básicamente por dos cargos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y las pruebas que recaudó, la exgobernadora Hurtado y su equipo asesor perfilaron las condiciones de la licitación en dirección a uno de los oferentes, y pidió una coima del 15% del total de los contratos, cinco en total, con lo que se tuvieron que aumentar los costos de estos.

Se trataba de cinco contratos dirigidos a la construcción de jardines infantiles, reparación de vías terciarias y adecuación de acueductos municipales, entre otros, que fueron otorgados todos a la firma INALCON, del ingeniero José Carlos Vergara Mendoza, con representación legal de Sandra Jannette Forero Simijaca, y que tuvieron un valor superior a los $20.000 millones de pesos.

La presunta apropiación de la Coima no solo fue para la exgobernadora Hurtado, en cuantía de $3.100 millones de pesos, sino también para el propio contratista, a quien le correspondieron, presuntamente, cerca de $2.500 millones de pesos. “En el expediente hay evidencia testimonial y documental sobre las actuaciones de algunos funcionarios de la Gobernación del Quindío, que habrían concertado con el contratista los pliegos de condiciones y, supuestamente, ajustaron los requisitos de experiencia y capacidad para que las obras fueran entregadas a Vergara Mendoza”, según la investigación.

También se evidenció en la investigación que la firma elegida para camuflar las coimas no tenía la experiencia ni la idoneidad para ejecutar las obra, “(…) por lo que los contratos fueron cedidos y se permitió la subcontratación, figuras que estaban prohibidas en las cláusulas legales”, según ha dicho la Fiscalía.

Dentro de la investigación fueron implicados también los funcionarios de la gobernación Jhon Edward Parra Peña, exdirector de análisis financiero y administrativo; y Jhon Faber Quintero Olaya, exsecretario de representación judicial y defensa, que en el momento del inicio del proceso fueron capturados para responder por los mismos delitos, pero dejados en libertad por el juez, que no validó los argumentos de fiscal. Quintero Olaya ha dicho que su inclusión en el proceso se debe a un concepto jurídico que ofreció sobre la cesión de la posición contractual, el cual fue consultado con varios juristas de la región. Indicó que nunca participó en la decisión de la licitación, ni en la interventoría ni en los pagos del contrato. Quintero y Parra siguen vinculados al proceso en la Fiscalía, donde el mismo está en la etapa de juicio.

Las otras dos personas vinculadas son el contratista José Carlos Vergara Mendoza y la representante legal de la empresa INALCON Sandra Jannette Forero Simijaca, cuyos procesos también están en la etapa de juicio en la Fiscalía. El caso de la señora exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio está en la Corte Suprema de Justicia, y sigue ahora la audiencia de juicio oral, por ser, legal y constitucionalmente una persona aforada, tras su posición de exgobernadora.